La factura del PP

Ha comenzado el primero de los juicios a la trama Gürtel, con una veintena de altos cargos y colaboradores de primera línea del PP sentados en el banquillo. La crème. Sin ir más lejos, los últimos tres tesoreros de la organización política fundada en 1989 por Manuel Fraga están implicados en esta red de corrupción, concesiones, recalificaciones y contratos públicos fraudulentos, que afecta a los cimientos del partido de Mariano Rajoy: su financiación. Su sede, por poner un ejemplo, podría haber sido reformada con dinero negro.

Rajoy ha insistido en que se trata de una trama no del PP, sino contra el PP. Pero su palabra no vale nada: hablamos del hombre que dio ánimos a su tesorero favorito, Bárcenas, cuando ya sabía que tenía 40 millones de euros escondidos en Suiza. Pero no importa, nada parece importar en el partido de la gaviota. El presidente en funciones, atrincherado en Moncloa cuando la pomada está en la Audiencia Nacional, ve muy clara la situación: la corrupción no pasa factura al PP.

La factura. Los populares consideran que ya han saldado la cuenta a nivel electoral, que es el nivel que importa en Génova. Es decir, que los votantes no les castigarán más en unas terceras elecciones. ¿El marrón judicial? Se lo comerán otros, la chusma, a la que se compensará de alguna manera para que tengan la boca cerrada. Todo está en orden, ¿capisci?

Demasiado fácil. Si el Tribunal determina que el PP se benefició de parte del dinero sucio para financiar sus actividades, la democracia será una farsa. Un partido, el ganador, el de los recortes y la austeridad, no habrá competido en igualdad de condiciones. Lo habrá hecho dopado. No se trata por tanto de un problema de trapicheo de influencias, de regalos de lujo, de relojes, caviar y bodas pornográficas. Se trata de la esencia de la democracia: el Estado debe garantizar que todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones compiten en igualdad de condiciones.

Si no ha sido así, si el ganador hizo trampas, tendrá que pagar esa factura.