Manifiestos académicos contra referéndums

Hace un par de semanas circuló un tuit despectivo escrito por un conocido profesor de Derecho. Valoraba unas declaraciones que La Vanguardia difundía del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. En ellas, Gerardo Pisarello abogaba por votar el 1-O “un sí crítico” contra el “autoritarismo del PP”. El docente madrileño le ponía como ejemplo de que se puede ejercer de “profesor de Derecho Constitucional sin ser constitucionalista”.

En la presente controversia, el concepto de “constitucionalismo” está siendo el escenario de una disputa significativa. Ocurre un poco como sucede con el término “democracia”: algunos la enuncian para designar un sistema político donde, curiosamente, no cabe la expresión popular directa en asuntos decisivos, solo la acción de los representantes.

Con el término “constitucionalismo” en su acepción más moderna, la postfascista, pasa algo parecido. Concebido como una arquitectura institucional puesta al servicio de los derechos, de todos ellos, incluidos los políticos, sociales, económicos y culturales, parece volver a declinarse con perfiles decimonónicos, como sinónimo del ‘orden público’. En la batalla por dotarlo de significado político actual y funcional, el frente mediático mayoritario parece empeñado en asimilarlo a tales contenidos. Al menos eso se diría que pretenden al identificar, con trazo grueso, la oposición al secesionismo con un presunto “bloque constitucionalista”, mientras excluyen de plano del marco constitucional a quienes proponen una salida dialogada mediante una consulta pactada.

A todo ello quizá hayan contribuido los propios especialistas en la materia, que han logrado una casi inédita unanimidad al suscribir un manifiesto donde pedían al Govern catalán que cumpliese la Constitución. Nada hay que reprochar a las consideraciones técnico-jurídicas que encabezan ese llamamiento. Además, la salida en bloque a la palestra pública del constitucionalismo universitario español es de celebrar. El esprit de fronde no se prodiga en medios académicos, más proclives a la inercia y la sumisión, con lo que es digno de encomio que se animen a manifestarse. Pero el gesto, extemporáneo, merece comentario.

Hay juristas de notable peso intelectual que llevan casi una década advirtiendo del proceso de “de-constitucionalización” que están experimentando los Estados europeos. La supuesta impronta normativa de las constituciones democráticas ha sido seriamente conculcada por los desafueros de una política autoritaria y economicista. La agresión a los derechos sociales y laborales primero, y a las libertades políticas después, llevan años haciendo ilusoria la imperatividad constitucional. Algunos, pocos, juristas españoles de cierta relevancia pública llevan tiempo diciendo que la Constitución del 78, por las diferentes embestidas recibidas, se halla en un peligroso estado de suspensión.

Sin embargo, hasta donde alcanzo a conocer, ningún pronunciamiento público de carácter colectivo tan nutrido se dio en el gremio de constitucionalistas durante este proceso de desmontaje. No lo hubo ante la bochornosa reforma del art. 135, como nos recuerda Rafael Escudero. Tampoco frente a las restricciones legales de derechos sociales como la sanidad o al abuso estructural de la legislación por decreto. Ni siquiera frente a la justamente llamada Ley Mordaza o a la todavía más inquietante Ley de Seguridad Nacional. Es más, numerosos autores y magistrados se dedicaron más bien a blanquear de aspecto constitucional lo que manifiestamente conculcaba el núcleo del constitucionalismo democrático. Entendieron que todo entraba dentro del ámbito de la discrecionalidad del Gobierno, sin atender al daño infligido en el edificio constitucional.

Tampoco sorprende que la respuesta colectiva se haya dado justo ahora. Como ocurre con todos los conceptos políticos, el de constitucionalismo también es polisémico e integra simultáneamente una variedad de acepciones. Cuál de sus flancos resulte predominante depende de variables históricas, sociopolíticas y culturales. Si los resortes han saltado cuando ha entrado en profunda crisis “la integridad territorial de la nación”, mientras el silencio, la indiferencia o la legitimación fue la respuesta mayoritaria cuando se mermaban derechos o se adulteraba el parlamentarismo, algún motivo habrá.

Cabría sospechar que algunos tienden a identificar el centro de gravedad del régimen constitucional español con la unidad estatal y nacional, mientras otros lo sitúan de modo preferente en el capítulo de los derechos y libertades. Esto explicaría, además, que estos últimos no se sientan especialmente concernidos por la “amenaza secesionista”. Preocupados ante todo porque se pueda consultar a la ciudadanía de una “nacionalidad”, y entendiendo que una hipotética independencia catalana alumbraría otro Estado constitucional, no ven en el secesionismo la agresión a los derechos que sí perciben en la reacción autoritaria del Gobierno.

Sin embargo, no se trata ahora de censurar un silencio pasado. Importa más calibrar si las advertencias sobre el vaciado constitucional se han cumplido. Porque es posible que se haya venido a reclamar el cumplimiento de la Constitución en el momento en que, irreversiblemente desmejorada, ha perdido buena parte de su anterior vigencia cultural.

Que dato tan fundamental haya podido pasar desapercibido, tiene su explicación. Formado en un periodo de estabilidad, el constitucionalismo actual ha tendido a identificar la Constitución con la suma de sus preceptos y su desarrollo jurisprudencial. Ha sido propenso a tratarla en términos epistemológicos como una ley. Y ha olvidado lo que los juristas de entreguerras, cuando nació el sistema constitucional moderno, tenían siempre presente: las delicadas condiciones culturales y éticas que son indispensables para la vigencia del propio constitucionalismo. Descuidando su conocimiento, quizá hayan negligido también su cultivo y protección.

Es evidente que los independentistas incumplen la Constitución vigente. De hecho, su aspiración es remplazarla por otra por medios revolucionarios. Lo dudoso y aún por demostrar es que esa pretensión se oponga sin más a los valores del constitucionalismo. Sí lo hace, en cambio, aquella otra que preconiza “la humillación de los secesionistas” como “un momento de pedagogía”, como el escarmiento público necesario para salvaguardar “las instituciones democráticas y la unidad de la nación española”.