Parar el referéndum o incendiar la calle

A unos días del 1 de octubre -otra jornada clave, otra jornada histórica, otro día del fin del mundo que, como todos, pasará-, el Gobierno de Puigdemont mantiene el pulso y sostiene que la madre de todos los referéndums que hará libre al pueblo y a la tierra finalmente se celebrará. Pero lo cierto es que, en estos días de ruido y furia en la calle, programados casi siempre desde algunos despachos de Barcelona y otros de Madrid, dos actuaciones judiciales han desbaratado la posibilidad de que el domingo se celebre la consulta, al menos como se había previsto.

La primera la ha llevado a cabo el Tribunal Constitucional, demonizado por los nacionalistas desde que en 2010 anulara 14 artículos de los más de 200 del Estatut y sometiera a interpretación otros 27. Sin elevar el tono, ha obligado al Gobierno catalán a disolver la Sindicatura Electoral para evitar que sus miembros tengan que afrontar las multas de entre 6.000 y 12.000 euros que les impuso por cada día en el que mantengan su desobediencia. Amenazado el bolsillo del eslabón más débil del procés, los miembros de la Junta Electoral que debían regular todo el proceso electoral, el Ejecutivo de Puigdemont anunció el viernes la disolución de la Sindicatura y la dimisión de sus asustados representantes.

La decisión puede salvar a los síndicos de la multa pero hiere de muerte los planes del 1 de octubre porque, según la propia Ley del Referéndum, aprobada de urgencia y sin debate en el Parlamento de Cataluña, es la Sindicatura el órgano que daba legitimidad a las votaciones y la que, según la Ley de Transitoriedad Jurídica, iba a proclamar los resultados a partir de los cuales se iba a realizar una hipotética declaración de independencia. Puigdemont ha anunciado que su función será asumida por observadores internacionales, lo que confirma su irrefrenable huida hacia delante. Quien se saltó la Constitución, el Estatut y los informes del Consell de Garanties Estatutarias para convocar el referéndum también puede saltarse las leyes que su propia mayoría parlamentaria aprobó por la puerta de atrás para celebrar lo que quede de la consulta y declarar la independencia.

El otro golpe judicial que desbarata el referéndum lo han asestado el juez de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, y la Guardia Civil, al desmantelar el sistema informático con el que se iba a hacer el recuento y localizar en una nave industrial de un pueblo de Barcelona los diez millones de papeletas que iban a ser utilizadas en la consulta. Se puede debatir si las 14 detenciones estaban o no justificadas, pero es indiscutible que el juez dejó en libertad a los seis altos cargos de la Generalitat que habían pasado la noche en el cuartelillo nada más tomarles declaración, y que únicamente les imputó por desobediencia, prevaricación y malversación, sin ceder a las presiones externas que sufrió para que también les atribuyera el delito de sedición.

Fracasada esta vía para tipificar como sedición los acontecimientos que están ocurriendo en los últimos días en Cataluña, la Fiscalía presentó el viernes una denuncia en la Audiencia Nacional por los incidentes que se produjeron durante los registros, entendidos por la acusación pública como el “alzamiento público y tumultuario para impedir por la fuerza, o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes”, tal y como exige el tipo penal.

Más allá del encaje de los hechos en ese delito, el Ministerio Público ha tenido que echar mano de una pirueta jurídica de las que hacen afición para justificar la competencia de la Audiencia Nacional sobre los actos de sedición, enmarcados en el Código Penal en los delitos de orden público, que son competencia de los juzgados ordinarios. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), a la Audiencia Nacional le corresponde investigar y juzgar los delitos contra la forma de Gobierno. Pero esa figura ya no existe y al tribunal especial sólo le competen los delitos contra la Constitución, entre los que se encuentra la rebelión, que exige de episodios con violencia. Para abrir causa en la Audiencia Nacional, el fiscal tira del Código Penal de 1973 y señala que el delito de sedición estaba enmarcado entonces en los delitos contra la forma de Gobierno. Y añade, permitiéndose la licencia, que la sedición no deja de ser “una rebelión en pequeño, según frase decimonónica". Para colmo, la decisión de admitir a trámite o no la denuncia será de Ismael Moreno, el magistrado que en febrero de 2016 envió durante cinco días a la cárcel a los titiriteros del carnaval de Madrid por representar una obra en la que una marioneta llevaba un cartel con la peligrosa leyenda “Gora Alka ETA”.

La decisión de la Fiscalía, ordenada directamente por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, como las anteriores referidas a la cuestión catalana, se suma a otras tres que también han sido criticadas por su falta de proporcionalidad. Sin esperar a que se pronunciara el Constitucional, presentó dos querellas contra los miembros del Gobierno catalán y de la Mesa del Parlament y, en lugar de judicializar el asunto, llamó a declarar, bajo amenaza de detención, a los alcaldes que apoyan el referéndum, en lo que se ha convertido más en un baño de masas propagandístico de los que se presentan como perseguidos por el Estado español que en una diligencia útil para la investigación.

Es la diferencia, visible estos días, entre quienes han parado de forma efectiva el referéndum y quienes, por convicción o por torpeza, están contribuyendo a incendiar la calle.