El laberinto judicial del 1-O

“Nuestra llamada al diálogo político sigue siendo válida, es más, se ha convertido en una necesidad inexcusable y urgente. El diálogo político en democracia no puede ni debe ser una realidad episódica y coyuntural, a la que se recurra cuando las circunstancias la imponen, pues atañe a la esencia misma del sistema, su práctica debe ser permanente y a todos los niveles". Estas dos frases, pronunciadas el 15 de marzo pasado en el marco de la escalada de tensión entre el Gobierno central y el de Cataluña a cuenta del referéndum independentista del próximo 1 de octubre, no son de un político nacionalista buscando una salida ni de un representante de la izquierda que ahora se llama equidistante sino que pertenece a un jurista conservador de altísimo rango y una de las principales autoridades del Estado. Fue el entonces presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, antiguo militante del PP, el que dejó, en el día de su despedida, un discurso pesimista en el que se vislumbraba la desastrosa confrontación institucional que ha estallado unos meses después.

El callejón sin salida en el que se ha convertido la cuestión catalana dibuja un horizonte en el que jueces y fiscales tendrán que investigar, condenar y finalmente inhabilitar de sus cargos, cuando no meter en la cárcel, a más de un millar de personas, o dicho de otra manera más aterradora, a la práctica totalidad de la clase política independentista, empeñada en su suicidio colectivo al colar por el trámite parlamentario de urgencia un referéndum unilateral y hacer caso omiso de la ley, la Constitución y hasta sus propias normas estatutarias.

La estrategia del Gobierno de dejar en manos de los jueces la solución del problema vuelve a situar al Tribunal Constitucional como el principal ariete del Estado contra Cataluña, en la tónica habitual de los últimos cuatro años. A pesar del malestar de un amplio sector del Pleno, al que dio voz Pérez de los Cobos en su último discurso, los 12 magistrados han mantenido la unanimidad en todas sus resoluciones y, a la velocidad de la luz, han suspendido cautelarmente la Ley del Referéndum, el decreto de convocatoria para el 1 de octubre, la constitución de la Sindicatura Electoral que dirigiría todo el proceso y la Ley de Transitoriedad Jurídica que permanecería vigente hasta la aprobación de la constitución de la futura república catalana.

El segundo frente de la batalla que el Estado libra contra el independentismo catalán se juega en el terreno de la Fiscalía, que sin esperar a una posible deducción de testimonio por parte del Constitucional ha presentado ya cuatro querellas contra los principales actores del soberanismo. A todos los miembros del Gobierno catalán, con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras a la cabeza, y a los representantes de la Mesa del Parlament que permitieron la tramitación de las leyes de desconexión, con Carme Forcadell al frente, les atribuye dos delitos (prevaricación y desobediencia) que les obligarían, en caso de condena, a dejar el cargo; y un tercero (malversación de fondos públicos) que en el peor de los casos les podría llevar a la cárcel durante los próximos ocho años. A los miembros de la Sindicatura Electoral se les imputa la usurpación de funciones en lugar de la prevaricación al no ser funcionarios.

En su punto de mira la Fiscalía también ha situado la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, presidenta de la Asociación de Municipios por la Independecia, y al regidor de Premià de Mar, Miquel Buch, líder de la Asociación Catalana de Municipios. Sus querellas se fundamentan en que, desobedeciendo al TC, enviaron a sus compañeros alcaldes carteles que promovían la participación y el voto del Sí en el referéndum, así como un modelo de decreto con el que manifestar la disposición de sus municipios a colaborar con la consulta. A todos esos alcaldes, más de 700, la Fiscalía les va a interrogar a partir de esta semana con la condición de investigados, ejerciendo de forma controvertida las facultades que la ley le otorga para llevar a cabo diligencias antes de decidir si pone un asunto en manos de un juez. De la rapidez con la que ha actuado el fiscal general del Estado en este capítulo da idea el hecho de que dos días después de pedir a los fiscales de Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida que interrogaran a los alcaldes independentistas, instando incluso a los Mossos d’Esquadra a detenerlos si no se presentaban voluntariamente, José Manuel Maza tuvo que reenviar la instrucción a las Fiscalías del Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tras darse cuenta que al menos cinco regidores tienen la condición de aforados. La Fiscalía también investiga el acto de arranque de campaña que Junts Pel Sí y la CUP celebraron en la antigua plaza de toros de Tarragona, aunque perfectamente podría haber pedido a un juez su prohibición para evitar el delito de desobediencia que achaca a sus organizadores.

La admisión a trámite, también en tiempo récord, de las querellas presentadas contra Puigdemont y Forcadell ha abierto un tercer frente de batalla judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La instructora de la investigación contra el president, Mercedes Armas, rechazó imponer una fianza a los querellados pero, en cumplimiento de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, envió a agentes de paisano de la Guardia Civil a varios medios de comunicación catalanes para que retiraran los anuncios del referéndum.

El cuarto terreno en el que se juega el partido judicial del 1-O es el de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que el viernes rechazó suspender cautelarmente, como le pedía la Generalitat, la orden de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno central por la que exige al Govern que detalle semanalmente todas sus partidas de gasto para evitar que se destinen a la consulta.

El quinto actor judicial del tablero es el primero que llegó. En febrero, cuando la Fiscalía incoaba diligencias por las declaraciones del ex juez y ex senador de ERC Santi Vidal sobre la existencia de partidas ocultas para llevar a cabo la consulta, crear un CNI propio y hacerse con los datos fiscales de los catalanes, el juez de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez, admitió a trámite por sorpresa una denuncia del abogado Miguel Durán. En el marco de ese cajón de sastre de causa, el magistrado ha enviado a la Guardia Civil al Teatro Nacional de Cataluña en el que se presentó la Ley  del Referéndum y ha ordenado el cierre de la web oficial de la consulta y el registro de imprentas, y hasta de un semanario, en busca de las papeletas delictivas.

A la fiesta se han autoinvitado otros dos jueces outsiders de lo Contencioso que anularon la cesión de locales municipales de Vitoria y Madrid en los que se iban a celebrar, respectivamente, un acto de la portavoz de la CUP, Anna Gabriel, y un debate sobre el derecho a decidir. El juez de Madrid, José Yusti Bastarreche --que firmó un manifiesto de la plataforma Libres e Iguales, liderada por la exdiputada popular Cayetana Álvarez de Toledo--, no sólo no perdonará jamás a Manuela Carmena la cesión de una sala del Matadero para hablar del referéndum catalán, sino que en otros escritos llega a lamentar que la “tropa” que gobierna en el Ayuntamiento de la capital no tenga “al menos un aspecto presentable”.

La Audiencia Nacional, por su parte, únicamente cuenta con unas diligencias abiertas en la Fiscalía en las que se investiga a las empresas que podrían estar trabajando para la Generalitat en la creación de estructuras de Estado, aunque su entrada en juego podría producirse si los acontecimientos acabaran tipificándose como delitos de sedición, lo que, según el Código Penal requiere de un “alzamiento público y tumultuario”. Es el tribunal que, de momento, permanece dormido y al margen del conflicto catalán. De momento.