Democracia y elecciones en Bolivia, ¡ya!

Con las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 6 de septiembre, la presidenta 'interina' de Bolivia, Jeanine Áñez, ha vuelto a aplazar por tercera vez la fecha de las mismas para el 18 de octubre, alegando esta vez la gravedad de la crisis sanitaria en Bolivia por el coronavirus.

La realidad es que la derecha boliviana, después de haber dado un golpe, no quiere convocar unas elecciones ahora para que las gane el MAS, y durante todo el mes de julio todas las encuestas daban ganador al izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales y Luis Arce, actual candidato presidencial. Con las elecciones convocadas para el 6 de septiembre, Áñez amenazó públicamente con inhabilitar al MAS impidiendo que se pudiera presentar a las elecciones, pero alguien debió aconsejarle que esa decisión traería consigo graves consecuencias políticas, entre otras convulsión y conflictividad social. Además, tendría una lectura muy fea de la comunidad internacional proscribir dos meses antes al primer partido en las encuestas (con un resultado mínimo similar al de octubre de 2019), y un escándalo enorme eliminar a la izquierda del proceso electoral.

Para entender que una huelga general sea hoy masiva en Bolivia y que tenga un objetivo exclusivamente político, cual es forzar al gobierno a mantener la fecha de las elecciones en el 6 de septiembre, hay que entender el hartazgo del pueblo boliviano con un ejecutivo de facto al que no ha votado nadie y con una presidenta que fue investida con la banda presidencial por un militar con un parlamento casi vacío y tras un golpe de estado del ejército contra Evo Morales en el momento en que el expresidente obtenía una victoria electoral clara, de diez puntos, en octubre de 2019.

La señora Áñez dijo entonces al mundo que no era una golpista, que no gobernaría ilegítimamente porque solo era una presidenta interina y que como tal cumpliría el mandato constitucional de convocar elecciones en tres meses, su única misión. Pero no lo hizo, no las convocó en febrero y desde entonces las ha convocado y desconvocado dos veces más sin comprender que el pueblo lo considera una tomadura de pelo. Desde entonces, gobierna Bolivia ilegal e ilegítimamente, saltándose la constitución y tomando decisiones de gestión todos los días. Y lo ha hecho con corrupción, con desprecio al indígena, con censura y violencia estatal, y reprimiendo al pueblo violando sus derechos humanos tal y como acaba de hacer público un detallado informe de la universidad norteamericana de Harvard, que dice incluso que se sirvió de grupos paramilitares.

En lo social y económico, su gobierno se ha dedicado estos siete meses a privatizar servicios, suprimir derechos y políticas públicas y controlar los recursos naturales. Su gestión de la pandemia ha sido un absoluto desastre. Está gobernando finalmente, al servicio de la oligarquía boliviana y de los intereses de Estados Unidos, cuya embajada se volvió a instalar en La Paz y ha tomado el mando en el país.

Ahora, el tercer aplazamiento electoral a conveniencia ha provocado una indignación popular tal que se ha convertido en una huelga general, que ya dura una semana, y con movilizaciones populares masivas contra el gobierno, cuya desafortunada respuesta ha sido la militarización total del país, sin lograr acabar, pese a ello, con las movilizaciones, que han ido en aumento. La gente quiere elecciones y democracia, y no está dispuesta a renunciar a ello.

En mitad de la huelga general el gobierno usurpador de Áñez y de su hombre fuerte, el ministro del Interior y gran empresario Arturo Murillo, se muestra desorientado, no saben que hacer. Si no reprimen muy duramente, el movimiento triunfará y puede caer hasta el gobierno. Históricamente, el pueblo boliviano no ha retrocedido en este tipo de luchas de pulso al poder, aun con represión. Por otro lado, si reprimen y hay más violencia estatal, a ojos del mundo quedarán sus crímenes y su actitud dictatorial. Si convocan elecciones el 6 de septiembre, el MAS las ganará. Si mantienen la fecha del 18 de octubre, seguirá la convulsión social. Si proscriben o inhabilitan al MAS, el mundo dirá que serán elecciones fraudulentas donde tras eliminar a la izquierda, solo competirán entre sí los líderes de los partidos de las derechas, por cierto siempre ambiciosos y divididos: Camacho, Quiroga, Áñez, Carlos Mesa....

Durante el gobierno de Áñez, el pueblo boliviano ha recordado más que nunca los logros de los 14 años de gobierno democrático y popular de Evo Morales: se acabó con el analfabetismo, se nacionalizaron los hidrocarburos al servicio del interés general, se crearon escuelas, universidades, hospitales, viviendas, se redujo enormemente la pobreza y la desigualdad. No quieren volver a los años oscuros de golpes militares, pobreza y dictadura.

En medio de su propio desconcierto, el temerario gobierno boliviano continua actuando contra sus opositores bajo la doctrina de la guerra jurídica, la lawfare, acusando sin pruebas a Evo Morales y a Luis Arce de 'terrorismo y genocidio' al sostener que desde su exilio en Argentina son responsables de las movilizaciones y bloqueos. El objetivo es claro: que Evo no pueda volver para hacer campaña e inhabilitar a Luis Arce como el candidato ganador que ya es. Sin izquierda en las papeletas, señora Áñez, entérese, las elecciones serán fraudulentas. Y son imprescindibles esas elecciones cuanto antes, pero transparentes y con garantías, para recuperar la democracia. Pero no habrá garantías sin una presencia importante de observadores internacionales.

Quien tiene que convocar elecciones pero al tiempo encarcela e inhabilita a sus oponentes políticos, les obliga a exiliarse y reprime al pueblo sin miramientos con ejército, policía y grupos paramilitares muy demócrata no es y perfectamente puede orquestar unas elecciones fraudulentas, solo con el visto bueno del corrupto secretario general de la OEA, Luis Almagro. La ONU, la UE, el Grupo de Puebla, la comunidad internacional deben organizar misiones de observación electoral, son imprescindibles para recuperar la democracia en Bolivia.