Rosell se plantea pedir al Supremo la nulidad de su causa

Íñigo Corral *

El futuro político de Victoria Rosell sigue dependiendo del Tribunal Supremo. La máxima de su partido de que si eres investigada (la figura que sustituye a imputada) y continuar en política resulta incompatible, sigue vigente.  De momento el Alto Tribunal ya ha acelerado los trámites porque esta misma mañana ha remitido la causa al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que será el órgano encargado de seguir, al menos de momento, con la investigación ya que la ex diputada mantiene su aforamiento en calidad de juez. Se da por hecho que Rosell volverá a ser cabeza de lista de Podemos por Las Palmas de Gran Canaria y que será elegida diputada, ello implicará que recupere su aforamiento de forma inmediata en poco más de un mes por lo que la causa ya no podrá salir del Tribunal Supremo.

Ahora las piezas del tablero se han movido y todas a favor de Rosell. El juez que le sustituyó hasta el pasado 4 de mayo en su Juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Salvador Alba, ha cometido un error de novato que no sólo puede dañar su carrera dentro de la judicatura sino también exonerar de forma definitiva a la exdiputada de Podemos de la demanda que le interpuso el exministro José Manuel Soria. La sanción más dura que le podría caer a Alba sería la de expulsarle definitivamente de la carrera judicial u otras de rango menor que van desde una suspensión temporal pasando por un traslado forzoso o un sanción económica.  Y es que contra Alba ha salido a la luz una prueba que pone negro sobre blanco su animadversión hacia la exdiputada de Podemos. “Es una hija de puta y una cabrona”, afirmaba al empresario Miguel Ángel Ramírez, que se encargó de grabar el encuentro celebrado en su despacho de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas el pasado 16 de marzo, es decir, una semana antes de que le tomara declaración.

Por orden cronológico, el primer frente abierto por Alba está en el CGPJ, a raíz de una denuncia presentada el pasado 25 de abril por Rosell acusándole de haber cometido tres infracciones: exceso o abuso de poder, abandono del servicio y revelaciones indebidas con “una finalidad espuria y no ajustada a derecho”. Lo que ha hecho el promotor de la acción disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces, Antonio Fonseca-Herrero, es incorporar las grabaciones en las que el investigado acuerda el contenido de una declaración judicial que se produjo días después. Con posterioridad, el instructor deberá determinar si del contenido de esa conversación se desprende la comisión por parte de Alba de alguna de las infracciones disciplinarias previstas en los artículos 417 a 418 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, “pudiendo deducir testimonio si los hechos tuvieran relevancia penal”.

A Fonseca-Herrera los asuntos de Rosell no le son nada ajenos. Hace poco más de un mes archivó una denuncia de la Fiscalía contra la juez por los retrasos en la tramitación de la causa que siguió contra Ramírez antes de su paso a la política. Poco después, el Tribunal Supremo entendió que sí podía haber delito en su actuación y admitió a trámite la querella de Soria contra Rosell. Y aquí los actores intercambiaron sus roles. Mientras que la Fiscalía, de repente, ya no veía delito, el magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, optó por seguir adelante con la investigación gracias a la documentación que le había remitido el juez Alba sobre la actuación instructora de Rosell.

A la vista de los nuevos acontecimientos, Rosell, en declaraciones a cuartopoder.es,  se ha mostrado confiada en que a raíz de las nuevas circunstancias que rodean al caso, el Tribunal Supremo proceda a archivar las actuaciones o a decretar la nulidad de las mismas. La juez, cuyo reingreso en la carrera judicial ha sido aprobado esta misma semana por el CGPJ, admite que no tiene las grabaciones, pero que una vez leídas las transcripciones en algunos medios de comunicación está estudiando la posibilidad de que si el Alto Tribunal no hace nada al respecto, ella misma se dirigirá al instructor para solicitar la nulidad de las actuaciones. Rosell entiende que si para admitir a trámite la querella contra ella resultó fundamental el escrito que a petición de Marchena remitió Alba al Supremo, “ahora debería de influir el contenido de las grabaciones para decretar el archivo”. Pero lo que más preocupa a la exparlamentaria es que la cosa se demore porque “la semana que viene hay que hacer públicas las listas” y lo que ella quiere es que se haya resuelto el tema judicial para que no se convierta en un tema de la contienda electoral”.

Con la transcripción de estas grabaciones ya se podría emprender un nuevo pleito en el que esta vez Rosell llevarían la parte acusadora y Alba encarnaría la figura del querellado. La exdiputada puede emprender acciones judiciales por un presunto delito de injurias contra la persona que supuestamente ha podido dañar su honor (en este caso, Alba). Para este tipo de delitos no hace falta que actúe el fiscal y el órgano competente sería el Tribunal Superior de Justicia de Canarias puesto que Alba, en su condición de juez, está aforado, y el asunto tendría que ser resuelto por compañeros a los que ambos conocen desde hace años.

Hay quien va más lejos y ve en la actuación de Alba la comisión de los delitos de prevaricación, por emitir un informe sobre una declaración previamente manipulada, y de coacción, si llega a demostrase que orientó su testimonio a cambio de favores. Rosell, en este punto, también se muestra cauta antes de emprender una batalla y prefiere ver cómo se desarrollan los acontecimientos sin ocultar en que confía “en que alguna autoridad judicial”, ya sea el Tribunal Superior de Justicia de Canarias o la propia Fiscalía, actúen penalmente de oficio contra Alba.

Jueces para la Democracia, la asociación de la que Rosell ha sido portavoz adjunta, afirma en un comunicado que “los hechos denunciados han provocado una notable inquietud en nuestra judicatura y, además, han generado una comprensible conmoción ciudadana sobre el funcionamiento de la Justicia en nuestro país”. En este sentido, reclaman que se activen los mecanismos del Estado de Derecho para que estos hechos sean aclarados “a la mayor brevedad posible” al mismo tiempo que recuerdan que la función judicial debe ejercerse con plena independencia e imparcialidad. “Nuestra confianza en que los órganos competentes investigarán con rigor los hechos denunciados, que revisten una enorme gravedad. Nuestro Estado Constitucional se pone a prueba cuando se pueden haber atacado sus principios esenciales, pero siempre dispone de instrumentos para que estos se mantengan”, añade el comunicado.

(*) Íñigo Corral es periodista.