La 'ley de la patada en la boca' eleva el clamor contra el bienio antisocial del PP

Los movimientos sociales, las centrales sindicales, casi toda la oposición parlamentaria, dos asociaciones de jueces y fiscales, tres organizaciones de periodistas y el sindicato mayoritario de la policía consideran “un despropósito” los planteamientos del nuevo proyecto de ley orgánica de Seguridad Ciudadana con el que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha decidido sustituir la ley Corcuera de 1992. El anteproyecto fue conocido la víspera del segundo aniversario del triunfo electoral del PP por mayoría absoluta y se ajusta el inveterado principio de que “si no nos quieren, que nos teman”. Para infundir miedo a los manifestantes contempla multas gubernativas de 30.000 hasta 600.000 euros contra los escraches, las manifestaciones no comunicadas y contra otras “infracciones muy graves”, como la “filmación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial correspondiente”.

El anteproyecto recoge las apreciaciones de varios dirigentes y parlamentarios del PP que, como su secretaria general, María Dolores de Cospedal, calificaron de “actos filoterroristas” las protestas de los desahuciados por los bancos al quedar en paro y no poder pagar las hipotecas. También recoge la filosofía del exalcalde de Madrid y actual titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y de su correligionaria y adversaria interna Esperanza Aguirre, contra la “ocupación de los espacios públicos” que, como los miles de jóvenes indignados del movimiento 15M resistieron durante dos meses y medio en la Puerta del Sol. Aunque las convocatorias sean pacíficas y tengan por objeto la reivindicación de derechos básicos como el empleo o la vivienda, los gritos ante el domicilio de un político se consideran coacciones similares a las que durante años soportaron los cargos públicos de partidos no nacionalistas en el País Vasco durante “la socialización del dolor” por parte de la banda terrorista ETA.

Contra la PAH y el 15M

El anuncio de mano dura, con multas gubernativas desorbitadas, incendió las redes sociales y convirtió la etiqueta en Twitter #LeyAnti15M en una manifestación de indignación de miles de ciudadanos. Algunos colectivos llamaron a manifestarse el jueves con antorchas ante el Congreso de los Diputados, precisamente el lugar que, junto con las Cámaras Autonómicas, está expresamente vedado en el anteproyecto como lugar de protesta. La dirigente de la Plataforma Antidesahucios (PAH), Ada Colau, que anunció en julio pasado el cese de los escraches ante los domicilios de políticos, convocó una jornada de desobediencia, “comenzando por un escrache virtual” al ministro del Interior. “El día en que el Consejo de Ministros apruebe la ley anti 15-M queda convocada jornada de Desobediencia General: no tenemos miedo, Fuera La Mafia”, escribió en Twitter. En otro mensaje dijo que esa ley “es una muestra más de cómo el PP, en lugar de escuchar las demandas ciudadanas, prefiere asfixiar la democracia con represión”.

El anteproyecto, que podría ser aprobado el próximo viernes por el Consejo de Ministros, contempla sanciones de 1.000 a 30.000 euros por “infracciones graves” como “alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación” y “amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a la policía en manifestaciones u otro tipo de protestas”. Y aprovecha ese apartado para añadir una amplia gama de situaciones que van desde un botellón que moleste a unos vecinos al hecho de “ofrecer y aceptar los servicios de prostitución” en lugares públicos por los que puedan pasar menores de edad y en los arcenes de las carreteras que puedan generar inseguridad vial. Con ello, no sólo serán sancionados quienes compren sexo en la calle sino quienes lo ofrezcan en persona. No así, quienes lo hagan en anuncios de pago en los periódicos de información general, cuya compra y lectura no está prohibida a los menores.

Rechazo parlamentario y policial

Si el 15M y otros movimientos sociales interpretaron el producto prelegislativo como “una salida autoritaria” de un partido como el PP que tiene “un problema con la democracia y los derechos humanos y lo está acreditando con su legislación”, IU y el PSOE rechazaron de plano el texto. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, anunció también su rechazo aunque prefirió esperar al texto definitivo. La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, dijo que estamos ante una “ley de represión ciudadana”, y la portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, advirtió: “Con nosotros que no cuenten”, y manifestó la oposición a la pretensión del Gobierno de “castigar, reprimir y restringir los derechos de los ciudadanos por vía gubernativa”, en conductas que no están en el Código Penal ni los jueces consideran delictivas. “Eso es propio de regímenes no democráticos”, recordó. Si en Twitter, la norma ya había sido bautizada como “ley anti 15M”, el portavoz adjunto de Izquierda Plural, Joan Coscubiela, le añadió otro apellido al recordar que si la ley Corcuera fue llamada “de la patada en la puerta” ésta es “la ley de la patada en la boca”.

Frente a la defensa de los policías, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el CNP y especialmente en las Unidades de Intervención (los antidisturbios), hizo saber que se trata de un mal pretexto, pues, según su portavoz, José María Benito, ya cuentan con la cobertura del Código Penal para sancionar las agresiones y amenazas a los agentes y con la ley reguladora del derecho de reunión y manifestación. Incluso el Código Penal contempla penas de prisión para algunas conductas ahora incluidas en la nueva norma. Tras recordar que las manifestaciones no autorizadas ya están castigadas y también se sanciona a los encapuchados y a los que llevan objetos contundentes, añadió que “bajo la apariencia de proteger a los policías, de lo que se trata es de proteger a la casta política y evitar los escraches”.

El detonante: escrache a Santamaría

Desde La Moncloa y el Grupo Popular se realizaron grandes esfuerzos en demostrar que la nueva ley “tiene mucho que ver” con la tramitación en paralelo del nuevo Código Penal. Y es que, según recalcó el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, “pretende compensar la desaparición de penas de cárcel para determinadas conductas”. No concretó qué conductas han dejado de ser punibles. Pero, en todo caso, la codificación de los cincuenta artículos del anteproyecto sancionador administrativo se ha realizado medio año después de que se concluyera el borrador del nuevo Código Penal.

En concreto, y según fuentes gubernamentales, la elaboración del nuevo texto de Seguridad Ciudadana comenzó después de que en julio pasado el titular del juzgado número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, archivara la denuncia presentada por Ivan Rosa Vallejo, esposo de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por el escrache que promovió la PAH a las 18:20 de 5 de abril pasado en las cercanías de su domicilio, en la colonia del Parque de la Fuente del Berro, en Madrid. En la protesta participaron 27 personas, entre ellas el otrora político conservador Jorge Verstrynge. El juez entendió que “no se produjo ningún delito ni acto violento”. El humor de la vicepresidenta --que cuando se produjo el escrache estaba  en casa con su marido y su madre, quien daba la merienda a su nieto de 18 meses--, estalló como un globo de helio ante el veredicto, y el cambio de timbre que el helio genera en la voz humana fue suficiente para que el ministro del Interior, Fernández Díaz, entendiera la necesidad de ponerse manos a la obra.

Jueces contra la “ley de excepción”

El resultado fue también criticado por dos asociaciones de jueces. El portavoz de la Francisco de Vitoria, precisamente Sexmero, calificó de “desproporcionadas” algunas multas y opinó que “parece una ley de excepción, que no va en consonancia con la democracia y recuerda la ley de vagos y maleantes del franquismo”. Su colega Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia coincidió en la apreciación sobre las “multas desorbitadas” y estimó que el objetivo del Gobierno parece ser el de “desalentar a los ciudadanos a ejercer derechos fundamentales”. Coincidió con Sexmero en que cuando la administración se convierte en “juez y parte” y además las tasas judiciales obstaculizan la apelación a la justicia, estamos en una situación “muy cercana” a la indefensión. Bosch se mostró convencido de que el Gobierno promueve la nueva ley porque “ha visto frustradas sus aspiraciones” de que los tribunales castiguen los escraches y las manifestaciones pacíficas junto a edificios públicos. La portavoz de la Asociación Independiente de Fiscales, Lucía Girón, recordó que “las medidas para garantizar la seguridad no pueden cercenar la libertad de expresión y de manifestación”.