Interior mantiene como alto cargo a un exalcalde procesado por estafa

Cuando el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, llevó al Consejo de Ministros del 11 de octubre de 2012, el nombramiento del exalcalde y jefe local del PP en La Línea de la Concepción (Cádiz), Alejandro Sánchez García, como director del gabinete del secretario de Estado de Seguridad, ya se sabía que estaba imputado por corrupción y que su gestión como alcalde había sido un desastre. Ahora que la fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz ha solicitado cuatro años de prisión contra él por estafa mediante la modalidad de "doble venta", el ministro Fernández Díaz tendrá que contestar al portavoz socialista de Interior en el Congreso, Antonio Trevín, por qué nombró a esa persona y no a otra y por qué la mantiene en el cargo pese a haber sido procesada.

Sánchez García estaba considerado como "un joven valor" del PP andaluz, aunque los vecinos de La Línea de la Concepción no le consideraban tal, sino un desastre porque su gestión como alcalde fue nociva para la localidad. Con él de regidor, el Ayuntamiento dejó de pagar la nómina medio año a los trabajadores. No es que los vecinos le hubieran elegido, es que su antecesor del PP, Juan Carlos Juárez, fue condenado a seis meses de inhabilitación y tuvo que dejar el cargo. La principal propuesta de Sánchez García, ascendido a alcalde en 2009, consistió en implantar un peaje en la avenida que conduce a Gibraltar. Le llamó "tasa de congestión". La protesta de la ya sableada población evitó que colocara su invento, añadiendo más atasco de coches, polución y congestión.

Antes de que los electores le enviaran a con su partido a la oposición y eligieran a la socialista Gemma Araujo como alcaldesa, tuvo tiempo de incumplir el compromiso con un empresario que había aportado 300.000 euros por el derecho de alquiler de un recinto para congresos que luego el Ayuntamiento no le concedió. En compensación, el alcalde y presidente de la empresa municipal de la vivienda, Eumusvil, pactó con el empresario la entrega en propiedad de un local comercial y dos plazas de garaje. Una vez finalizadas las obras, el alcalde quiso modificar el acuerdo, pero el empresario se negó y el regidor firmó el contrato de adjudicación.

Paralelalemente, a través de Eumusvil mantuvo una negociación con otro empresario interesado en el local y, a través del subordinado y también procesado Juan Carlos Montero firmó el contrato de compraventa ya en 2011 y escrituró el mismo local a nombre de este segundo empresario. Tras la denuncia del damnificado, Sánchez García dijo al juez que desconocía este extremo, aunque los testimonios en contra de su afirmación indican que era plenamente consciente de la "doble venta", una operación por la que la Audiencia de Cádiz, que ha desestimado sus recursos, le sentará en el banquillo como coautor de un delito de estafa, con una petición de cuatro años de prisión por parte de la Fiscalía.

Si el Ejecutivo tiene buenas fuentes de información, máxime si se trata del ministro del Interior, hay que suponer que en la elección de Fernández Díaz pesó más la razón de partido que la oscura trayectoria del designado. Otras fuentes atribuyen sin embargo el nombramiento del exalcalde linense como jefe de gabinete del secretario de Estado de Interior y número dos del Ministerio, Francisco Martínez Vázquez, a los conocimientos inmobiliarios que había adquirido.

En este sentido, el socialista Trevín pide respuestas por escrito a si el mencionado cargo de confianza "sigue ejerciendo funciones en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado (GIESE), es decir, en la gestión de los inmuebles del Ministerio del Interior". También pregunta "¿por qué razones el Secretario de Estado de Seguridad no ha cesado todavía a ese jefe de gabinete?" y, en el marco de la transparencia y la lucha contra la corrupción, inquiere si es explicable el mantenimiento en la cúpula de Interior de un procesado a punto de ser juzgado por estafa en el ejercicio de su cargo público.