Un 50% de los sanitarios del Gómez Ulla son temporales y muchos encadenan contratos desde hace años

  • De los 1.500 trabajadores estatutarios, unos 700 son eventuales. Casi la totalidad de ellos llevan más de 10 años concatenando contratos de unos pocos meses de duración
  • "La inmensa mayoría" de estos contratos están “en fraude de ley”, indican desde CCOO Madrid, que da de plazo hasta finales de este año antes de tomar medidas

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La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia del personal sanitario, en primera línea de actuación contra la covid-19, pero sus condiciones no siempre son las deseables. En el Gómez Ulla, un hospital militar público que depende del Ministerio de Defensa, la temporalidad de los sanitarios ha aumentado de manera continua en la última década y actualmente supera el 50%, según calculan desde CCOO Madrid. Muchos llevan años concatenando contratos que solo duran unos pocos meses.

De los 1.500 trabajadores estatutarios o que pertenecen al Servicio de Salud, del Gómez Ulla, unos 700 son estatuarios eventuales, es decir, personal que ha sido nombrado para el desarrollo de programas coyunturales o de urgencia. Son trabajadores de todas las categorías que “van renovando sus contratos cada tres meses o seis meses, en el mejor de los casos anualmente. Muchos de ellos llevan más de 10 años trabajando en el hospital con contratos que se renuevan cada poco”, denuncia a cuartopoder Mariano Martín-Maestro, secretario de Acción Sindical de CCOO Sanidad Madrid.

Aunque a los trabajadores se les reconocen los trienios, la situación de inestabilidad a la que se les somete con contratos temporales tan cortos les impide diseñar un proyecto de vida. Marta (nombre ficticio para proteger su identidad), lleva cinco años trabajando como celadora en el Gómez Ulla y acumula más de 15 contratos de entre tres y seis meses como máximo en este hospital. “Tengo compañeras a quienes no han renovado el contrato tras cogerse una baja y otras que posponen quedarse embarazadas por si no las llaman después”, explica. “Mi pareja ha tenido que pedir él solo la hipoteca. Con mis condiciones, tampoco podría alquilar un piso”, señala.

A Marta el contrato de tres meses se le acaba a finales de junio. Los aplausos a los sanitarios que todos los días resuenan a las 20.00 en los balcones le parecen “un gesto” que “se agradece”, pero echa de menos un apoyo generalizado a las reivindicaciones del personal. “Llegará la hora de votar y seguiremos votando a los mismos que han realizado los recortes en la sanidad pública”, lamenta.

El aumento de la temporalidad en el Gómez Ulla ha sido constante en la última década. En 2010 había 902 trabajadores estatutarios fijos y 29 eventuales, ocho años después nos encontramos con 766 trabajadores estatutarios fijos y 596 eventuales, según los últimos datos disponibles que fueron ofrecidos por el Gobierno en 2018 en una respuesta parlamentaria.

"La inmensa mayoría" de los 700 contratos eventuales del hospital están “en fraude de ley” ya que se renuevan "de tres meses en tres meses” y llegan incluso a acumular “tres o cuatro trienios”, señala el delegado sindical de CCOO y celador del Gómez Ulla, Alejandro de Marcos.

El vínculo que mantienen estos profesionales con el centro demostraría, por tanto, que no son personal eventual, sino que son necesarios para el correcto funcionamiento del hospital durante todo el año. El sindicato pide la estabilización de todos los puestos, también de aquellos contratos eventuales nuevos que han llegado con la crisis de la covid-19, pero su reclamación se centra especialmente en el personal que lleva años en el hospital con contratos temporales.

Una batalla sindical de largo recorrido

En 2018 el entonces ministro Cristóbal Montoro se comprometió con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF a reducir la temporalidad de la administración pública a un 8%. Pese al acuerdo, la temporalidad de los trabajadores en este sector está disparada y se encontraba un 27,8% en el último trimestre de 2019, según los datos de la EPA.

En el caso del Gómez Ulla, que depende del Ministerio de Sanidad, pero también a la Comunidad de Madrid al formar parte del Servicio de Salud, CCOO lleva ya tres años pidiendo una estabilización de la plantilla. Ante el silencio de la dirección del hospital y la ausencia de soluciones por parte de Defensa, la Federación de Sanidad de CCOO Madrid presentó a finales de año un requerimiento al Ministerio de Política Territorial y Función Pública por considerar que había “abuso y fraude” en la contratación del hospital.

“Si antes de que llegue el último trimestre del año no se toman medidas, valoraremos tomar nuevas medidas legales contra el hospital y el Ministerio de Defensa, que es quien está por encima”, indica Martín-Maestro. “Estos trabajadores son ajenos a los derechos laborales”, añade De Marcos. En plena crisis por la covid-19 muchos de estos trabajadores tienen junio como horizonte en el contrato. Una campaña en redes bajo el lema #quedejunionopase busca aprovechar la sensibilidad latente en la opinión pública hacia el personal sanitario para acabar por fin con la precariedad en el Gómez Ulla.

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