Barcelona y Madrid o la socialdemocracia y el 20% más rico contra las políticas universales

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Jordi Arcarons, Daniel Raventós y Lluís Torrens

“Entonces, me hice socialdemócrata y ahora soy rico sin contradicciones”. Así acababa Javier Cansado, un lúcido cómico de larga trayectoria, una entrevista-sketch en donde se le preguntaba cómo superar el dilema entre ser de izquierdas y ganar dinero.

La resistencia de las clases medias acomodadas progresistas

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Viene esto a cuento a propósito de la oleada de intelectuales sedicentemente de izquierdas que se revuelven contra la propuesta de la Renta Básica (RB) porque implica pagar más impuestos. Por poner un ejemplito quizás de los más transparentes, Borja Barragué, ahora asesor del ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en su libro entusiásticamente apologético de la socialdemocracia cuenta que el secretario general de Podemos Pablo Iglesias se asustó de tener que defender un tipo único del 49% sobre el IRPF tal como, junto con Antoni Domènech, defendíamos para financiar una RB que acababa con la pobreza en el reino de España y en donde el 80% de la población salía ganando a costa del 20% con mayor renta. 

Este pimpante apologeta de la socialdemocracia, refiriéndose a los ricos que perderían, lamenta que “Solemos evocar imágenes de un tipo con barriga, tirantes y bombín que sostiene un puro habano con los dedos, no la de alguien que viste una gorra corporativa y gana 20.000 euros…”. ¡Ya está! Emoción mediante, esta defensa del soltero que perdía también fue la misma argumentación que Rafael Domènech del servicio de estudios del BBVA nos reprochaba con errores de bulto. BBVA y socialdemócrata coincidían, lo cual economiza dispersión de argumentos. El reproche era debido a que en la simulación más simple de la RB que hacemos un soltero que gana 20.000 euros netos resulta perdedor con respecto a la situación actual. Con datos más actuales, del 2016 por ejemplo, ya no es verdad, pero es que ¡claro! siempre los socialdemócratas y los contrarios a la RB del BBVA escogen el mismo caso, el del soltero que gana relativamente poco, para cargar contra esta propuesta. De hecho, sigue siendo cierto que un soltero en el reino de España paga menos que en Europa, con el IRPF actual.

Fuente: OCDE http://www.oecd.org/els/soc/tax-benefit-web-calculator/

Más aún, un soltero cobrando el sueldo medio en el reino de España en 2016 (26.449 euros anuales brutos según la OCDE), tenía una carga fiscal de más de 7,6 puntos inferior al promedio simple de la carga de los sueldos medios equivalentes en los países de la UE. Esto equivale a 2.018 euros anuales de carga fiscal inferior. Por el contrario, el coste adicional de implementar la RB para el soltero sería de 1.051 euros anuales.

No insistimos porque las combinaciones de modelos de RB en importe y sistemas de financiación son múltiples, y porque es obvio que para una familia con hijos los cálculos son mucho más favorables con la RB y porque ya hemos explicado diversas veces, como aquí, que no sería muy costoso garantizar que todos los individuos con ingresos por debajo del percentil 80 salieran ganadores con la RB. Sinceramente, creemos que no es honesto seguir confundiendo al personal diciendo que el coste de la RB es un 25% del PIB (cuando es en cualquier caso el coste bruto, no el neto) o que los solteros con gorra salen perdedores, sin ponerlo en el contexto

Nosotros creemos que el problema es precisamente este 20% más rico en donde una parte importante son intelectuales y profesionales liberales, miembros, para utilizar el veterano y a veces demasiado denostado lenguaje de los viejos revolucionarios, de la aristocracia obrera (incluidos líderes sindicales), funcionarios de medio y alto rango, muchos autoconsiderados de izquierdas, y unos cuantos de ellos con fuerte presencia en los medios de opinión, incluso en los de derechas. Ellos hacen sus cálculos particulares y se ven situados en el lado del 20% que deberían pagar...  Es este 20% (no el 1% famoso de megarricos)  el que realmente bloquea el avance político de la RB entre los partidos de izquierdas, y especialmente en Podemos. Que los resultados electorales de esta formación vayan de mal en peor se deben a motivos que van más allá de la RB. Of course.

Las políticas del 20% son un lastre para el municipalismo de izquierdas

Guillermo Zapata ha realizado una excelente disección autocrítica de lo que ha ocurrido en Madrid, en donde en los barrios de izquierdas Más Madrid no ha incrementado votos pese a que supuestamente las políticas de Carmena habían dirigido sus esfuerzos allí. Lo mismo ha ocurrido en otras ciudades "sin miedo" y en particular en Barcelona, donde significativamente el PSC-PSOE se ha impuesto en los 13 de los 16 barrios del Plan de Barrios, un ambicioso proyecto del gobierno de Colau de invertir hasta 150 millones de euros para reducir las desigualdades en estos barrios frente al resto de la ciudad (su renta media oscila entre el 35 y el 60% de la media de la ciudad).

Y aun más duro ha sido observar que de estos 13 barrios, 10 han sido los barrios del Eje Besós, parte norte de la ciudad, en donde se aplicaron medidas adicionales, entre ellas el plan piloto de soporte municipal de inclusión B-Mincome, se multiplicaron las ayudas a familias con niños, además de ser donde mayor incidencia tuvieron los esfuerzos por evitar desahucios, cortes de luz, y tantos otros dispositivos de protección ante la emergencia social que allí sucedía.

En estos diez barrios Barcelona en Comú había ganado las elecciones en 2015 y ahora las ha perdido frente al PSC-PSOE, transfiriéndose más de 5.000 votos, los que le han faltado a Colau para encabezar la lista más votada frente al “peligroso independentista” de 76 años Ernest Maragall, ex-socialista. 

Dice Guillermo Zapata que las inversiones no lo son todo, que fallaron elementos más intangibles como construir una relación de confianza entre representados y representantes o que se evidenciaron ciertas contradicciones y ésta puede ser parte de la explicación.

En Barcelona se añade adicionalmente el carácter casi plebiscitario que tienen todas las elecciones que se realizan desde el 2012 y la represión judicial y política especialmente a partir del 1 de octubre de 2017, la cuestión nacional que se entrelaza con la diferenciación izquierda-derecha. Y Barcelona en Comú así como Catalunya en Comú tendrán que esmerarse mucho si quieren recuperar algo el prestigio perdido debido a su tremenda ambigüedad en la defensa de la autodeterminación de Cataluña. O, dicho de otro modo, deberán entender que las reivindicaciones sociales no solamente no se contraponen a las nacionales sino que van de la mano. Para una formación de izquierdas, ça va de soi.

ERC tiene el problema contrario: está siendo muy curioso ver como la candidatura ganadora de las elecciones municipales en Barcelona ha replicado sistemáticamente las propuestas programáticas de Barcelona en Comú a la vez que proclamaban que su gran objetivo era conquistar la ciudad para la causa independentista1. Y para culminar sus vaivenes hemos escuchado hace pocos días al vicepresidente económico de la Generalitat, de ERC, cómo se ofrecía para volver al redil de la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica a cambio de librarse del corsé del control de las finanzas autonómicas. Cual consejero delegado de una empresa en concurso de acreedores suplica que cese la administración concursal impuesta por el juzgado.

A nuestro entender, sin embargo, la explicación oculta (como vemos en Madrid) del fracaso relativo de la izquierda a la izquierda del PSOE puede deberse a la incapacidad (por limitaciones externas o autoimpuestas) de ir más allá en políticas clave de izquierdas sin arredrarse al mensaje del 20%, allí donde convergen los socialdemócratas sin complejos y el establishment neoliberal —este nunca tiene complejos—. Digámoslo claro: el 20%, no solamente el 1%, está marcando mucho el paso de la izquierda.

La capacidad local se maniató mientras los otros niveles administrativos convertían a Barcelona en la trinchera del sistema de bienestar que ellos renunciaron defender

Veamos un somero ejemplo: incluso el minoritario gobierno de Colau tuvo que renunciar a medidas fiscales como una subida del IBI (es la primera vez en democracia que se hace una revisión catastral en Barcelona y no sube la recaudación). Otro: el mismo gobierno renunció a legislar un peaje urbano, cada vez más necesario para reducir la invasión diaria de vehículos a motor que tantos problemas de salud causa. Un tercero: mostró la incapacidad de presentar una dura batalla contra los límites presupuestarios y de endeudamiento impuestos por Montoro y mantenidos por Montero, como sí hizo Sanchez-Mato en Madrid hasta su cese.

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Fuente: elaboración propia. En el eje horizontal el % de habitantes de cada sección censal nacidos en el reino de España (excepto CCAA con el catalán o valenciano como lengua oficial y Euskadi).

Así, los municipios del Reino han sido el sistema de ajuste de gasto de los desvíos sistemáticos presupuestarios de las cuentas del Estado, ante la falta de voluntad política de avanzar en la convergencia fiscal con Europa y a que el Estado recaudara lo que debe. ¡Qué lejos de la neutralidad republicana está este Estado! Lo hemos escrito en más de una ocasión: un Estado republicano debe intervenir activamente para que la neutralidad sea un hecho y no una superficial consigna de “equidistancia entre los distintos proyectos de buena vida”. Cuando hay tantas diferencias económicas y de poder, la equidistancia es simplemente toma de partido de lo más artero. Puede replicarse con razón que no tenemos un Estado republicano, federal de verdad (es decir, entre naciones iguales), sino uno de monárquico heredero del franquismo en donde la autonomía financiera de los niveles administrativos por debajo del central solo existe en el papel. ¡Ahí está!

La falta de capacidad económica suficiente del ayuntamiento de Barcelona para afrontar la emergencia social y de vivienda, ante la evidente dejación de funciones del resto de administraciones en sus competencias clave2, son un claro ejemplo de cómo políticas que deberían ser universales, son reconvertidas en selectivas —condicionadas, limitadas presupuestariamente en coberturas parciales o gestionadas por colas o por sorteos en el mejor de los casos— y acaban siendo un boomerang contra quienes bienintencionadamente intentan llegar al máximo de beneficiarios con recursos mínimos. Quizás deberían sacar alguna conclusión.


El caso más emblemático han sido las ayudas monetarias a las situaciones de pobreza. Ha sido un elemento continuo durante los cuatro años de gobierno municipal en Barcelona escuchar que las ayudas no llegaban a quienes las necesitaban de verdad y que los que las recibían no las merecían. Es un caso de manual de la lucha de los penúltimos contra los últimos por los recursos —lucha intraclase que la derecha racista espolea— y consecuencia directa de las políticas de rentas condicionadas no universales —las que defiende la socialdemocracia y Podemos, así como la gran mayoría del sindicalismo sin querer, o no poder, darse cuenta del fracaso evidente de este tipo de prestaciones—.

El boomerang de las ayudas condicionadas

Añadamos que aproximadamente un 40% de los perceptores de este tipo de ayudas son inmigrantes extranjeros, que ni siquiera votan, y ya tenemos una de las explicaciones de la no correlación entre barrios más beneficiados por las políticas sociales y voto en Barcelona. Añadamos la casi total ausencia de la Generalitat catalana debido al fracaso de su Renta Garantizada de Ciudadanía a la que tan entusiásticamente se adhirió Catalunya en Comú —solo 2.800 familias la reciben en Barcelona, frente 50.000 que la deberían recibir3— y sus casi nulas políticas de vivienda —tampoco el Estado ha colaborado lo más mínimo—, que ha hecho que en el imaginario colectivo se responsabilizara casi exclusivamente a Colau y su gobierno de la emergencia habitacional (incluyendo la avalancha de nuevos sinhogar que llegan a la ciudad con billetes de tren o autobús pagados desde otros municipios o la nefasta gestión de los immigrantes sin papeles o refugiados que realiza el Estado), cuando no es en quien recae la mayor competencia. La hipocresía de los demás partidos con responsabilidades de poder en vivienda llegó aquí a su nivel máximo al acusar a la alcaldesa de su fracaso en contener los precios y en construir los miles de viviendas prometidas… cuando ellos no han hecho nada.4

Resumiendo, el mensaje que caló de Colau fue que solucionaría todos los problemas sociales de la ciudad, pero contó con un programa que se quedó corto, una muy escasa colaboración de las otras administraciones y una mínima capacidad presupuestaria de incrementar el gasto. Y aunque el esfuerzo en gasto social y en vivienda fue más que considerable, tuvo que racionar los esfuerzos, concentrar una parte importante de los mismos en colectivos muy vulnerables y olvidarse de los otros —además de seguir con las clásicas políticas de inversiones en ladrillo, vistosas para los vecinos, pero de dudoso efecto transformador social—.

Y aquí entra en juego la animadversión manifiesta de las clases altas e incluso de los pimpantes socialdemócratas sin contradicciones hacia las políticas de Colau, Enfrentada en diversos frentes a algunos de los tótems de la burguesía barcelonesa: reducción del peso de la banca tradicional; fallido intento, por el momento, de remunicipalizar el suministro de agua; enfrentamiento con el oligopolio energético; todos ellos stakeholders financiadores de los medios de comunicación que sistemáticamente han estado en contra de la gestión municipal.

Es muy informativo ver que de las 1.068 secciones censales en que se divide Barcelona, en las elecciones municipales pasadas Barcelona en Comú obtuvo menos del 10% de los votos en 60 de ellas (en donde obtuvo menos fue en las que ganó la candidatura Valls-Ciudadanos), mientras que el PSC-PSOE obtuvo al menos el 10% de los votos en todas las secciones censales de la ciudad (ERC solo obtuvo menos del 10% en 13 secciones censales). O sea, Barcelona en Comú se ha encontrado con la pinza entre sus propias políticas no universales, la incapacidad de imponer su relato social frente al más identitario del PSC-PSOE y la profunda animadversión que tiene entre el establishment5.

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Fuente: elaboración propia con datos de la AEAT y del ayuntamiento

Es muy difícil que las autodenominadas ciudades sin miedo, encabezadas por Madrid y, sobre todo, Barcelona vayan a encontrarse con unas condiciones tan adversas para realizar sus políticas como las que han sufrido, pero somos de la opinión que siempre se puede aprender y no solo lamentarse. Pero la primera condición para ello es estar en disposición de hacerlo, admitir los errores propios y tratar de influir en corregir los errores propios y ajenos.

De la misma manera que Barcelona ha conseguido algunos éxitos gramscianos al introducir en el pensamiento colectivo general ideas antes rompedoras o incluso consideradas antisistema como la imposibilidad de seguir hacer creciendo el monocultivo turístico, el derecho a la vivienda y a la ciudad por encima del libre mercado o la importancia de reducir la contaminación, es necesario que en políticas sociales y fiscales den también otro salto adelante hacia una verdadera universalidad. O la alternativa que supone el tren de la automatización, la globalización, la desigualdad y la exclusión, acompañado de las políticas sociales de los ricos sin contradicciones, nos arrollará.

Notas:

1 Curiosamente, el voto más identitario en la izquierda ha sido el que ha ido al PSC-PSOE. Esta gráfica recoge el porcentaje de voto por secciones censales según el porcentaje de habitantes nacidos en el reino de España fuera de los países catalanes y de Euskadi. El voto de Barcelona en Comú y ERC muestra reparto similar, disperso, mientras que el del PSC-PSOE tiene una gran correlación identitaria con el origen.

 

2 Solo como ejemplo diremos que en Bilbao, el gasto autonómico en políticas de rentas contra la exclusión social fue el año 2017 de 286 euros por habitante y en Barcelona de 11 euros (26 veces menos). El gasto financiado por el ayuntamiento de Bilbao en estas políticas fue de 4 euros por habitante y el de Barcelona 74 euros por habitante (19 veces más), para intentar compensar aunque fuera parcialmente la desaparición de la Generalitat de sus funciones.

 

3  Y eso que los dirigentes de la Consejería competente siguen presentando como un éxito su despliegue al sumar los antiguos perceptores de prestaciones complementarias a las pensiones estatales al número de perceptores de la RGC (la ley de la RGC los incorpora como un capítulo de la misma) como si antes de la ley no las estuvieran ya recibiendo. La realidad es que a día de hoy, en Cataluña hay menos perceptores de la RGC que de la antigua Renta Mínima de Inserción en 2017.

 

4 En ambos casos ha habido no obstante victorias parciales: por un lado los precios de alquiler ya llevan un año y medio estabilizados, y por otro están en marcha las promociones de construcción de miles de viviendas que incrementarán en más de un 50% el parque (insuficiente) de vivienda de alquiler social, y que se estrenarán los próximos años. Además cualquier nueva promoción privada deberá ceder un 30% de la misma a vivienda social y se ha declarado la ciudad entera como zona de tanteo y retracto para cualquier edificio de viviendas o solar destinado a ellas que se venda, en favor de la administración o de entidades gestoras de vivienda social o de emergencia habitacional.

 

5 Y sin despreciar el efecto arrastre del triunfo del PSOE en las pasadas elecciones generales y las políticas sociales que éste pactó con Podemos en la corta legislatura pasada. Avances sociales interesantes (como el importante incremento del salario mínimo) aunque muy lejos de lo necesario que los primeros han conseguido monopolizar para apuntarse la medalla del logro.

Autores:

Jordi Arcarons

es catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro de la Red Renta Básica. Su último libro es, en colaboración con Daniel Raventós y Lluís Torrens, "Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa" (Serbal, 2017).

Daniel Raventós

es editor de Sin Permiso, presidente de la Red Renta Básica y profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro del comité científico de ATTAC. Sus últimos libros son, en colaboración con Jordi Arcarons y Lluís Torrens, "Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa" (Serbal, 2017) y, en colaboración con Julie Wark, "Against Charity" (Counterpunch, 2018) traducido al castellano (Icaria) y catalán (Arcadia).

Lluís Torrens

es economista. Director de servicios de planificación e innovación en el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona y profesor asociado de la Escuela Superior de Comercio Internacional-Universitat Pompeu Fabra. Es miembro de la Red Renta Básica y de la Asociación REVO prosperidad sostenible. Su último libro es, en colaboración con Jordi Arcarons y Daniel Raventós, "Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa" (Serbal, 2017).

www.sinpermiso.info, 2-6-2019

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