El ministro Soria echa una espesa cortina de humo sobre la nuclear de Garoña

El ministro José Manuel Soria ha echado una espesa cortina de humo sobre la central nuclear de Garoña, confiando y deseando que pueda volver a ser operativa. Aunque no reconozca que esa es su íntima esperanza, en la que le acompaña el lobby nuclear español, que en realidad es eléctrico: Endesa e Iberdrola participan al 50% en Nuclenor, empresa propietaria de Garoña, y entre ambas eléctricas poseen el resto de las centrales nucleares españolas con diversas proporciones accionariales y participación minoritaria de alguna otra energética como Gas Natural.

Así se deduce de la razón aducida en su comparecencia parlamentaria del jueves por la mañana: la central cierra a principios de julio por razones económicas, no de seguridad. Palabras que ocultan la realidad de la situación en la más vieja generadora de electricidad de combustible nuclear que hay en España y que viene siendo denunciada desde hace años, incluso antes del accidente en Fukushima.

Le ha venido bien a Soria que su comparencia en el Congreso haya coincidido con el nuevo dictamen de los expertos del FMI sobre el mercado de trabajo español con el que se pretende dar un nuevo “hachazo” a las condiciones laborales en España ya más que suficientemente deterioradas gracias a la política de tijeretazos decretada por el Gobierno de Mariano Rajoy desde que asumió el poder.

Pero a esa pantalla mediática puntual, volviendo al tema, el ministro de Industria añadió el miércoles su propia maniobra de distracción para, en definitiva, conseguir que la central nuclear más vieja y peligrosa de las que en España son siga en situación de espera, a ver si de aquí a un año se puede solucionar su vuelta a la actividad.

La poca credibilidad de lo dicho por el ministro de Industria quedó de manifiesto muy pocas horas después de su actuación parlamentaria gracias a las dudas expresadas por el nada sospechoso Gobierno vasco pidiéndole que aclarara de una vez si el cierre es definitivo o no, y verbalizando su temor de que no lo sea.

Así que, aunque organizaciones ecologistas como Equo y Ecologistas en Acción expresaran inmediatamente su felicidad por el cierre de Garoña, hay que fijarse en que, como ambas señalaron en sus respectivas comunicaciones, el final de la central se debe a que la propietaria Nuclenor no puede asumir los costes de las reparaciones absolutamente necesarias en las instalaciones.

Lo que hizo Soria, en realidad, al referirse a los motivos económicos como causantes del cierre es ocultar que Santa María de Garoña, en el valle de Tobalina (Burgos) es, quizá, la central más insegura de las que están actualmente funcionando en todo el mundo. Y que lo es desde hace al menos diez años. Y que fue absolutamente irresponsable la decisión de dejar en suspenso temporalmente la orden de cierre que decretó en julio de 2009 el gobierno de Zapatero para ser ejecutada el año pasado.

Por una vez, hay que alegrarse de un incumplimiento de promesas electorales, porque la prolongación de la operatividad de la central figuró en el programa con el que el Partido Popular de Rajoy ganó en noviembre de 2011. Desde entonces, el ministro Soria y Nuclenor se embarcaron en toda una serie de triquiñuelas tendentes a “salvar” Garoña, que culminaron en el esperpento administrativo del pasado mes de mayo.

Ahora, el ministro echa un último capotazo a Endesa e Iberdrola con esa cortina de humo de las razones económicas. Porque lo que está detrás de ese “extraño y opaco proceso”, en definición de Ecologistas en Acción, que ha desembocado en el pretendido cierre es la intención inconfesable de prolongar la vida útil de los otros siete reactores que están funcionando en España en otros cinco emplazamientos. El límite de 40 años empieza a cumplir para esas otras instalaciones a partir de 2021. Tiempo hay para, en consonancia con los objetivos energéticos de la UE, ir sustituyendo la producción eléctrica de las nucleares españolas por las renovables. Pero, a tenor del esperpento de Garoña, no parece ser esa la intención del lobby nuclear español.