La Audiencia Nacional confirma que Bankia es un problema de Estado

La resolución adoptada el pasado viernes por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el ‘caso Bankia’ tiene dos lecturas. Casi todos los medios han destacado la rebaja de un 96% de la fianza civil de 800 millones de euros impuesta a la entidad, que pasa a ser de 34, lo que no deja de tener su importancia. Pero lo relevante es que el tribunal ha respaldado las tesis del instructor Fernando Andreu y reconoce que hay indicios suficientes para investigar si la salida a Bolsa de la entidad fue una estafa porque se ocultó a las accionistas la situación de quiebra técnica en la que se encontraba el grupo financiero.

Tras la fijación de una nueva fianza nada ha cambiado. La veracidad del folleto de salida a bolsa de Bankia “está cuestionada con sólidos y fundados indicios”, concluyó el juez Andreu el pasado 13 de febrero. Ahora, la Sala de lo Penal ha rechazado los recursos con los que Bankia, su sociedad matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y cuatro exdirectivos –con Rodrigo Rato a la cabeza- pretendían que el tribunal pusiese fin a esa vía de investigación.

No ha sido así. La salida a Bolsa de Bankia sigue en el punto de mira de los tribunales y abre al banco un incierto horizonte. Eso es un problema grave para el BFA, propietario del 62% de las acciones de la entidad; es por ende un problema grave para el dueño del 100% del BFA, que no es otro que el Fondo de Restructuración y Ordenación Bancaria (FROB); por lo tanto, es un problema para el Estado. En el Banco de España hay quien no duda en afirmar que, en realidad, es un grave problema de Estado.

Habrá que leer con detenimiento las distintas resoluciones dictadas por la Sección Tercera de lo Penal de la audiencia, pero algunos extremos ya han trascendido: el respaldo a las tesis del instructor Andreu es unánime por parte de los cinco magistrados que, presididos por Alfonso Guevara, se han repartido los ocho recursos presentados contra la fianza civil.

La sala tuvo que resolver un problema jurídico que no es baladí. El magistrado Andreu todavía no ha tipificado los hechos que investiga. El término estafa es utilizado por la prensa porque es el que mejor describe esa falta de veracidad en la información pública facilitada por Bankia sobre su situación financiera denunciada por los peritos del Banco de España Víctor Sánchez Nogueras y Antonio González Ruiz, pero el instructor se abstiene de etiquetar como delito ese comportamiento.

El objetivo de la imposición de una fianza civil es asegurar la compensación del perjudicado por un delito y evitar que la larga duración de los procesos se vuelva en su contra (periculum in mora). El instructor Andreu buscó una cifra en parte aleatoria (600 millones de euros, la tercera parte de lo invertido en títulos de Bankia por los accionistas minoritarios) convencido de que, si la salida a Bolsa envolvió comportamientos delictivos, todos ellos deberán ser resarcidos.

Demasiado riesgo

En este punto, los cinco magistrados de la sala coinciden en que es una decisión precipitada más propia de la apertura del juicio oral que de esta fase inicial. Falta mucho hasta determinar cuántos accionistas y en qué cuantía pueden considerarse estafados, si es que la investigación penal concluye que hubo delito, así que el tribunal ha optadoº por circunscribir la fianza al posible daño causado a los 1.380 que se han personado como acusadores: 34.064.578 euros. Son cifras provisionales porque, desde el pasado 13 de febrero, el número de denunciantes ha crecido por cientos.

La situación no ha cambiado para Bankia, a excepción de que en los próximos días recuperará casi 766 millones de euros que había depositado para hacer frente a la fianza y enviar así un mensaje de confianza a los mercados. Pero el banco ya provisiona 312 millones de euros para hacer frente a las reclamaciones por la salida a Bolsa, que se suman a los 246 con los que va compensando a los perjudicados por la emisión de acciones preferentes, concepto para el que el BFA (es decir, el FROB) tiene preparados otros 1.600 millones. Demasiada provisión para un banco que no gana el dinero suficiente.

Según el subgobernador del Banco de España y presidente del FROB, Fernando Restoy, 2.424 pequeños accionistas han presentado demandas civiles al considerarse perjudicados por la salida a bolsa. Además, hay al menos otras 4.312 reclamaciones extrajudiciales. Quedan por tanto unos 340.000 pequeños accionistas expectantes ante lo que pueda suceder. Si Bankia se ve obligada a afrontar indemnizaciones que superen las cantidades ya provisionadas, es posible que se viese obligada a acudir a una incierta ampliación de capital, lo que va a mantener el precio de la acción a la baja y al banco con el agua al cuello.

De fracaso en fracaso

La salida a Bolsa de Bankia el 20 de julio de 2011 fue un fracaso porque apenas dejó en las arcas de la entidad 3.092 millones de euros, 1.800 procedentes de la inversión de 350.000 pequeños accionistas. Además, para asegurar la venta Rato redujo el precio de la acción a 3,75 euros, un descuento de un 74 por ciento sobre su valor contable que también llevó a la quiebra a BFA.

Un magro resultado que, para colmo, desde el pasado 13 de febrero está en el aire porque el juez Andreu dio por bueno los informes de los peritos: para llegar al parqué, el banco infló sus recursos propios en 544 millones de euros y ocultó pérdidas por valor de otros 2.083. Una situación de quiebra técnica que el aumento de capital social aportado por los nuevos accionistas apenas compensó, y que volverá a reproducirse si ese dinero tuviera que devolverse.

Desde la intervención del Banco de Valencia, que quedó bajo control del Fondo de Garantía de Depósitos, el recorrido bursátil de Bankia ha sido un descalabro. La acción cerró el ejercicio 2011 con una caída de un 81,6 por ciento, una pérdida de valor de 5.125 millones de euros. Hoy, quienes acudieron a la oferta de acciones de Bankia han perdido el 99 por ciento de su inversión.

Este historial y el riesgo judicial lastra el precio de la acción, que este viernes cotizó a 1,29 euros. La incertidumbre que provoca la investigación penal en marcha impide que el valor de los títulos aumente, algo imprescindible para mejorar la situación financiera del banco y privatizarlo para recuperar los 22.400 millones de euros de su rescate.

La reducción de la cuantía de la fianza civil no ha cambiado nada. El juez Andreu maneja una delicada instrucción que, si estalla, afectará de lleno a las arcas del Estado. De hecho, en sus recursos tanto la Fiscalía Anticorrupción como el FROB denunciaron que la fianza podría provocar un desplome del valor de la acción que perjudicaría a los inversores, y el mayoritario es BFA (es decir, el FROB, por lo tanto el Estado). Pero así se las gasta la Justicia: el recurso fiscal no ha sido atendido en este punto, mientras que el del Fondo quedó desestimado “por falta de legitimación”.