La Europa fortaleza: un año de gestión de la crisis de los refugiados

Más de un millón de personas demandaron asilo por primera vez en Europa en 2015. La llegada de migrantes en busca de refugio procedentes de países azotados por la guerra y el terrorismo se ha convertido en una constante en los últimos meses. La respuesta, tanto de la Unión Europea como de los Estados miembros, ante este fenómeno ha sido aumentar los controles, cerrar las fronteras, negociar con los países de origen y tránsito para frenar el flujo migratorio y aumentar la ayuda humanitaria a terceros países. Cuando se cumple un año de la presentación de la Agenda sobre Migración de la UE, y ante la celebración del Día del Refugiado, cuartopoder.es analiza la situación de los demandantes de asilo en Europa.

La crisis de los refugiados, en datos

Según cifras de Eurostat, 1.255.640 personas demandaron asilo en Europa por primera vez en 2015. Los principales países de origen fueron Siria (29%), Afganistán (14%) e Irak (10%). Los de destino, Alemania (35%), Hungría (14%) y Suecia (12%). Más de 229.000 personas obtuvieron el estatus de refugiados, 56.000 la protección subsidiaria y 22.000 obtuvieron permiso para permanecer por razones humanitarias en Europa. Sin embargo, a finales de 2015, 922.800 solicitudes de asilo siguen sin respuesta.

Las demandas se han duplicado en el primer cuatrimestre de 2016 con respecto al año anterior, alcanzando las 287.100 peticiones de asilo. Se mantienen los países de origen pero no los de destino: aunque Alemania sigue a la cabeza, lo hace con un porcentaje mucho mayor al resto, 61%. Italia con un 8% de las solicitudes y Francia con un 6% son los siguientes Estados que más solicitudes han recibido.

La mayoría de los demandantes de asilo alcanzaron Europa por mar. Según ACNUR, el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, 1.015.078 personas llegaron al continente europeo por esta vía en 2015. En 2016, ya son 211.563 personas. Entre los meses de enero y marzo se dispararon las llegadas sobrepasando las cifras del año anterior. El acuerdo entre la Unión Europea y Turquía que frenó el flujo migratorio a través del Egeo cambió esta tendencia. La peligrosidad de la ruta, las precarias condiciones de los barcos y la escasa o nula protección de los migrantes tiene una consecuencia dramática: entre enero de 2015 y mayo de 2016, al menos 6.639 personas han desaparecido o muerto en su camino cruzando el mar, camino de Europa.

En cuanto al sistema de realojamiento, cuyo objetivo era aliviar la presión migratoria en Grecia e Italia reubicando a los demandantes de asilo en el resto de Estados miembros, solo 2.406 personas han sido reubicadas, de las 160.000 acordadas. La Comisión ha insistido en numerosas ocasiones en la necesidad de compromiso de los miembros de la UE para hacer funcionar plenamente la política de asilo europea.

Más fronteras, menos salidas

En 2016 la Unión Europea decidió externalizar la crisis migratoria. Cerró progresivamente las fronteras internas poniendo así fin a la ruta de los Balcanes que durante meses fue escenario del exilio de miles de personas que atravesaban Europa a pie, apilados en trenes como animales o, en el mejor de los casos, en autobuses. El bloqueo de las fronteras dejó varadas a miles de personas en distintos puntos de Europa.

Antes del éxodo, la frontera entre Grecia y Macedonia se desdibujaba entre inmensos campos de hierba; era una línea imaginaria, un horizonte supuesto. Un lugar casi desierto, con un tímido tráfico ferroviario. Antes del éxodo. Ahora, sobre esa línea se levanta una enorme valla coronada con alambre de espino y concertina y controles policiales y ejército. Idomeni es el enésimo símbolo de la fortaleza en la que se ha convertido Europa para hacer frente al mayor movimiento de personas huyendo de la persecución y los conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial. A pesar de su desmantelamiento hace sólo unas semanas, en Grecia, entre las islas y la península, hay 73.940 demandantes de asilo bloqueados en campos saturados cuyas terribles condiciones de salubridad e higiene, además de las carencias de libertad y seguridad, han sido denunciadas por numerosas ONG e incluso por la propia ONU.

En Serbia, el segundo país con más demandantes de asilo atrapados por el cierre de fronteras, esperan 1.800 personas que tratan de cruzar a Hungría. ACNUR ha denunciado la situación en la zona de tránsito, donde las denuncias por abusos, violencia y devoluciones en caliente por parte de la policía húngara han crecido en los últimos meses. Varios centenares de personas aguardan además en Macedonia, Croacia o Eslovenia.

‘La Jungla’ de Calais, la gran olvidada de Europa, ha visto su situación enormemente agravada tras los intentos de desalojo de la policía francesa. A pesar de la reducción del campo en dos ocasiones, la población del mismo se ha vuelto a incrementar en los últimos meses. Sin embargo, los enormes controles policiales en los alrededores no hacen sino condenar a los residentes de ‘la Jungla’ a ese limbo entre el sueño inglés y el asilo en Francia.

El acuerdo UE-Turquía, el último golpe al derecho al asilo

El 18 de marzo de 2016, en una cumbre celebrada en Bruselas entre los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea y Turquía, se firmó una declaración para la gestión del flujo migratorio entre ambos actores. El trato implica que Europa expulsará a todos los migrantes y demandantes de asilo que alcancen Europa de manera irregular. Los primeros, definitivamente. Los segundos podrán presentar su solicitud desde Turquía. Por cada demandante de asilo que Erdoğan acoja, la UE se compromete a admitir a otro que haya solicitado el estatus desde Turquía. A cambio recibirá progresivamente 6.000 millones de euros en ayuda humanitaria, el compromiso de avanzar en el proceso de adhesión y la liberalización de visados. La UE justificaba el acuerdo argumentando que “tenemos que romper la relación entre subir a un barco y la residencia en Europa” y pretendía así frenar a las redes de traficantes, obligando a los refugiados a optar por una vía legal.

La Comisión celebra el acuerdo que, efectivamente, ha frenado las llegadas marítimas a Grecia. Sin embargo, el flujo procedente de Libia en el Mediterráneo central ha aumentado, una vía mucho más larga y, por tanto, más peligrosa que en las últimas semanas se ha cobrado la vida de varios centenares de personas. El acuerdo, además de la consideración de Turquía como país seguro para acoger a refugiados, ha sido puesto en tela de juicio por numerosas organizaciones internacionales. Entre ellas, el Human Rights Watch (Observatorio de Derechos Humanos) que presentó un informe en el que denunciaba ataques y hasta asesinatos de demandantes de asilo por parte de las fuerzas de seguridad turcas.

Desde que comenzara la aplicación del acuerdo el 20 de marzo, 462 personas han sido devueltas desde Grecia a Turquía y 570 refugiados sirios han sido reubicados desde Turquía a Europa, según las cifras de la Comisión.

Ayuda humanitaria a cambio de control migratorio

La Unión Europea es el mayor donante de fondos destinados a la mejora de las condiciones de los refugiados. Más de un billón de euros, el 73% del presupuesto de ayuda humanitaria de 2015, ha sido destinado a proyectos de ayuda a los refugiados y las personas desplazadas internamente. Este dinero se destina principalmente a campos situados en terceros países que acogen refugiados: sirios en Jordania, Turquía, Líbano e Irak, afganos en Irán o Pakistán, o somalíes en Kenia y Yemen, entre otros.

Sin embargo y aunque la contribución de la UE es innegable, algunas ONG consideran que se trata de una "instrumentalización" de la ayuda humanitaria cuyo único objetivo es frenar los flujos migratorios hacia Europa. Precisamente por esto, Médicos Sin Fronteras, una de las organizaciones más activas en esta crisis, ha anunciado esta misma semana su renuncia a los fondos europeos a modo de protesta contra la política migratoria de la UE y sus Estados miembros.

La Comisión Europea ha presentado esta semana un nuevo marco de asociación con terceros países en materia de migración. Para la UE, la dimensión exterior de la política migratoria se enfoca en "cooperar con terceros países para abordar las causas, reducir los flujos migratorios irregulares hacia Europa y devolver a quienes no tengan derecho a protección internacional". Con este objetivo, la Comisión propone una serie de "incentivos negativos y positivos" a países de origen y tránsito que dependerán de la colaboración de estos con la Unión en la gestión de la inmigración irregular. Esto, en términos prácticos, supone condicionar los acuerdos de comercio, inversión y hasta la ayuda al desarrollo al control migratorio. Algunos de los países que se incluyen en este marco de acción son, de hecho, origen de demandantes de asilo en Europa, como es el caso de Nigeria o Mali, ambas azotadas por el terrorismo yihadista.

La Unión Europea, cuya única misión en el Mediterráneo, aunque lleve a cabo operaciones de rescate obligada por la ley del mar, es de control fronterizo, dice que esta medida, así como el acuerdo con Turquía, es un modo de salvar vidas.

También Jordania y Líbano, países que han acogido a la mayoría de los refugiados que huyen del conflicto sirio, entran en este nuevo marco de acción. El objetivo en este caso es mejorar las condiciones tanto de los refugiados en el territorio como de los ciudadanos que sufren las consecuencias de un crecimiento exponencial de la población. En este caso, la UE se justifica en que así se permite a los refugiados permanecer "lo más cerca posible de sus hogares". Aunque lo cierto es que la mayoría de ellos huyen, precisamente, porque ya no tienen un lugar al que volver.

Este nuevo marco de negociación incluye por primera vez la creación por parte de la Unión Europea de centros que gestionen las llegadas legales a Europa, bien para pedir protección internacional, bien en busca de trabajo o formación.

España concedió el 31% de las demandas de asilo

España fue uno de los países que experimentó un mayor aumento de las demandas de asilo en 2015, más del doble que en el año anterior. Según el informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR),14.881 peticiones de asilo fueron presentadas en el Estado español, de las cuales sólo el 31% se resolvió positivamente, lejos de la media europea. La CEAR critica además la continua práctica de las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla y las dificultades de acceso al procedimiento de asilo en los Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

También ha sido tímida la participación de España en el proceso de realojamiento de demandantes de asilo de la Unión Europea. El Gobierno sólo ha gestionado la acogida de 124 de las más de 15.000 personas a las que se comprometió, aunque el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado la llegada de 418 personas más en los próximos días.

La integración: un reto presente y futuro

Tras el proceso de demanda de asilo, que varía en cada Estado pero cuya resolución puede tardar, en el mejor de los casos, varios meses, aún queda tramitar la reunificación familiar, buscar trabajo, retomar los estudios, encontrar un hogar, aprender el idioma, la cultura... El proceso de integración en la sociedad de estas personas será largo y aunque depende de los organismos nacionales, la Comisión trabaja en programas que promuevan las buenas prácticas en los Estados miembros y en proyectos con fondos europeos para ayudar en el proceso.

Para las más de un millón de personas que desde hace meses reconstruyen su vida en Europa aún queda un largo camino. Mientras, decenas de miles esperan una salida en Grecia, una oportunidad en Líbano, en Libia, en Jordania, en Egipto o en Turquía.

(*) Beatriz Ríos es periodista.