Fraude fiscal, Defensa, Policía o negocios con la Administración quedan fuera del Portal de la Transparencia

Si un ciudadano español quiere saber si un terrateniente andaluz se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy, que no lo busque en el llamado Portal de la Transparencia que a las doce del mediodía de este miércoles, 10 de diciembre, ha activado La Moncloa, porque no lo encontrará. Si otro desea saber cuánto gasta el rey Felipe VI en viajes y a cargo de qué ministerios se imputan, que tampoco lo busque en el portal, aunque puede solicitarlo siempre y cuando fundamente correctamente para qué lo quiere saber. Si siente curiosidad por saber a qué empresa y por cuánto se compró el mobiliario del despacho del ministro de Industria, que tampoco lo busque en el portal. No lo encontrará. Y si como elector desea saber cuantos 'monagos' disfrutan viajes de placer con cargo al erario público, que tampoco lo busque en ese lugar.

Hallará, eso sí, los datos presupuestarios de los sueldos de los ministros y altos cargos de la Administración General del Estado (AGE). También de los altos magistrados y funcionarios, de la cúpula de las Fuerzas Armadas y de los miembros del Consejo de Estado, pues ya son públicos y están consignados anualmente en el Presupuesto del Estado. Pero si desea saber cuál es el patrimonio de los gobernantes y altos cargos, tampoco lo encontrará, aunque la ley les obliga a declararlo. De hecho, el incumplimiento de esa obligación fue denunciado por el PSOE poco después de la apertura del portal institucional. Concretamente, la portavoz parlamentaria adjunta, Isabel Rodríguez,  denunció la falta de declaración de bienes y patrimonio de 247 altos cargos obligados por ley. A diferencia de los miembros del anterior ejecutivo del PSOE, los del PP no se han retratado públicamente.

El espectómetro web de la transparencia que ahora se pone en marcha es una de las medidas largamente anunciada por el Ejecutivo del PP para combatir la corrupción y reforzar la probidad en la Administración Pública. Se deriva de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que promovió la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría después de un año de consultas y fue aprobada el 9 de diciembre de 2013 con los votos del PP, el PSOE y los nacionalistas de derechas. Y trata de dar cumplimiento a la previsión del artículo 105.b de la Constitución de 1978, según el cual, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública.

A partir de ahí, las autoridades del octavo país más opaco del mundo desarrollado, según la ONG Transparencia Internacional, han tenido buen cuidado en preservar todos los datos personales, económicos, fiscales, policiales, militares y eclesiásticos así como las relaciones exteriores, de defensa, industriales y comerciales, amparados por el derecho superior de confidencialidad y secreto y por las tres clasificaciones de materia reservada que pueden decidir y de hecho deciden desde los directores generales a los ministros de los distintos departamentos de la AGE.

Aunque en un alarde de proyección pública, cuyo coste se desconoce –si bien oscila entre los 300.000 euros y los 1.700.000, según los distintos responsables de La Moncloa--, el Portal de la Transparencia contendrá medio millón de datos de gran interés: desde sueldos brutos a contratos, subvenciones y sentencias judiciales, el derecho de acceso queda restringido a todas las materias que total o parcialmente determine el llamado Consejo de la Transparencia. Los ciudadanos tienen derecho a pedir información y los responsables del mencionado Consejo a avalar la negativa a suministrarla.

La primera previsión de la ley de Transparencia, la de la independencia de la presidencia del Consejo, ya ha sido vulnerada al designar desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de modo unilateral y sin consulta a la hasta ahora directora general de modernización de la Administración, Esther Arizmendi. El mencionado Consejo se completará con la incorporación de un diputado, un senador y los representantes del Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, la Agencia Española de Protección de Datos, la Secretaría General de Administraciones Públicas y la Autoridad Fiscal Independiente.

La Moncloa ha optado por la técnica del maremoto, una infotáctica que según el teórico Alwin Tofler, consiste en suministrar mucha información de golpe, con más de 500.000 datos administrativos y judiciales. Sin embargo el derecho de acceso a la información sigue restringido para todas las materias clasificadas como “secreto de Estado” aunque sean de hace 80 años. Los archivos militares y diplomáticos, por ejemplo, siguen vedados.

La lista de exclusiones es tan amplia que veta el conocimiento de las materias relacionadas con la seguridad nacional, la defensa –lo cual incluye la contratación y el gasto pormenorizado en armamento--, las relaciones exteriores, la seguridad pública –lo cual incluye los archivos policiales--, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios –lo que incluye el espionaje telefónico e informático que ahora Interior plantea realizar sin orden judicial previa--, las funciones de vigilancia, inspección y control, la tutela judicial efectiva –el famoso “está sub judice”--, los intereses económicos y comerciales –sean públicos o privados, lo que supone que un periodista o medio de comunicación pueden ser judicialmente condenados por desvelar un contrato o un negocio--, la política económica y monetaria y, entre otras materias, la protección del medio ambiente.

Puesto que la protección de datos, consagrada por ley orgánica, de mayor rango que la llamada de Transparencia, prevalece ante cualquier solicitud de información, los ciudadanos tampoco podremos conocer la lista de evasores de capitales y de grandes defraudadores fiscales. En este caso, la ley general tributaria refuerza el secreto y protege a los mayores corruptos del Reino de España. Aunque el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, dijo a cuartopoder que “es conveniente realizar alguna modificación para que se conozcan”, lo cierto es que “sólo cuando la Agencia Tributaria acuse judicialmente tendremos oportunidad de saber quiénes son esos patriotas”. Por lo demás, los ayuntamientos, diputaciones y autonomías disponen de un año para montar sus propios portales de transparencia. Algunas como Asturias, Cantabria, Euskadi y La Rioja ya los han puesto en marcha.