Trece leyes anticorrupción esperan a que los diputados terminen sus vacaciones en febrero

El Parlamento tiene pendiente de debate y tramitación trece leyes anticorrución. Entre los 26 proyectos y las 63 proposiciones de ley a la espera de que sus señorías regresen de las vacaciones navideñas, lo que ocurrirá en la segunda semana de febrero, el Gobierno, liderado en este asunto por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, considera urgente por razones insoportables la tramitación de la reforma de la Ley de Enjuciamiento Criminal, del ejercicio del alto cargo y del control financiero de los partidos para poder presentarse en mayo ante los electores diciendo lo que adelantó María Dolores de Cospedal, que “no se puede hacer más contra la corrupción”. Como es sabido, el PP ha utilizado su mayoría absoluta para rechazar nada menos que 25 comisiones de investigación sobre responsabilidades políticas por asuntos que van desde el 'caso Bankia' al enriquecimiento de Bárcenas, el tesorero del PP designado por Mariano Rajoy en 2008, pasando por la amnistía fiscal.

Lo que más prisa corre al partido gubernamental es la tramitación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para abreviar la instrucción o investigación de los casos de corrupción y, de paso, crear una oficina de recuperación del valor de lo robado. El propio Rajoy ha aventurado que los socialistas aceptarán el acuerdo y votarán a favor de esa reforma que en lo atinente al tasamiento temporal de las investigaciones ha concitado el rechazo de las asociaciones de jueces. Rajoy y otros dirigentes del PP desan que el juez Pablo Ruz termine cuanto antes la instrucción de la trama Gurtel y del caso Bárcenas. Saben que les podría afectar personalmente algún grado de responsabilidad penal. Y eso, fuera del Gobierno y sin fuero en algún caso, sería fatal. Por eso quieren creer que el PSOE sufre un riesgo similar a cuenta de la instrucción de los expedientes fraudulentos de regulación de empleo en Andalucía, el caso ERE que pende sobre los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y que Pedro Sánchez acabará pactando.

Esa prisa ha llevado a convocar reunión de la Comisión de Justicia el próximo jueves, 8 de enero, en primer lugar para escuchar las prioridades de la nueva Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, y a continuación iniciar el debate en ponencia de la reforma del Código Penal y de la regulación del ejercicio de los altos cargos de la Administración General del Estado. Se trata de un proyecto de ley que no ataja ni impide el fenómeno de las “puertas giratorias”, aunque somete a los ministros, secretarios de Estado, directores generales, delegados y subdelegados del Gobierno y directivos de entes y sociedades públicas a una mínima exigencia de decoro y honradez.

Del control financiero de los partidos para evitar la financiación paralela, en negro y con cajas B, destaca el papel más activo y sancionador del Tribunal de Cuentas, la prohibición de donaciones por parte de empresas y demás personas jurídicas y que los bancos no puedan condonar las deudas totales o parciales a los partidos ni darles créditos por debajo de los intereses del mercado. La prohibición de negociar quitas de deuda pondrá de actualidad la deuda perpétua y afectará especialmente al PSOE, con unos débitos pendientes con la banca de más de 20 millones de euros.

Aparte de esas tres leyes, se hallan pendientes de debate y tramitación otras diez proposiciones de ley relacionadas con la corrupción y los distintos frentes de probidad democrática. Tres han sido aportadas por los socialistas y abordan la reforma del indulto, la recuperación de la independencia de RTVE y la modificación del Código Penal. Izquierda Plural tiene pendientes de debate seis proposiciones de ley que van del endurecimiento de las incompatibilidades a la reforma de la ley franquista de secretos oficiales. Y el Grupo Mixto ha aportado una proposición de reforma electoral para que todos los votos tengan el mismo valor a la hora de traducirse en escaños.

Respecto a la facultad del Gobierno de indultar a los corruptos, una corriente jurídica cada vez más amplia opina que es sencillamente inconstitucional que el Ejecutivo indulte a miembros de otros ejecutivos, ya sean autonómicos, locales o de los equipos de gobierno de las diputaciones. Respecto al Código Penal, las fuerzas progresistas estiman que se debe ampliar el plazo de prescripción de los delitos de corrupción a diez años como poco. El PSOE e IU coinciden en la exigencia de dedicación exclusiva de los diputados y senadores, aunque la formación de Cayo Lara la extiende también a los alcaldes y concejales con responsabilidades de gobierno de localidades grandes y medianas.

Estos textos legislativos no agotan la panoplia de iniciativas anticorrupción, ya que entre las 1.117 proposiciones no de ley figuran algunas pendientes de debate y votación tan significativas como la exigencia de que el Gobierno cumpla la Ley de Transparencia y publique en el BOE el patrimonio de los altos cargos; la supresión del aforamiento de todos los políticos, sean parlamentarios estatales o autonómicos; la creación de un registro de lobbies; la aplicación de medidas de transparencia a los gastos de representación de las entidades financieras, así como medidas antifraude y contra la evasión fiscal. Dentro del plan integral anticorrupción aportado como proposición no de ley por UPyD y coincidente con muchas iniciativas de IU, figuran medidas contra el enchufismo y el nepotismo, tan practicado por los conservadores que hasta para comenzar el año, la vicepresidenta tercera del Congreso, del PP, Dolors Monserrat Monserrat, ha tenido que prescindir de su secretaria Marta Luján Monserrat. Cierto es que la mayor parte de esas propuestas quedarán en flautus vocis: si se debaten, serán rechazadas, y, si no, decaerán.