El PSOE acusa a Rajoy de ocultar 20.000 millones de déficit y pide que paguen las grandes fortunas

El PSOE ha reaccionado a la desviación del déficit público anunciada por la Autoridad Fiscal Independiente (un órgano gubernamental creado en la penúltima legislatura), acusando al Gobierno de Mariano Rajoy de haber “manipulado burdamente las cifras de las finanzas públicas en 20.000 millones de euros” y reclamando la aplicación inmediata de medidas fiscales sobre la riqueza (impuesto del Patrimonio), la implantación del Impuesto sobre Transacciones Financieras Internacionales, la mejora de los mecanismos recaudatorios y una lucha más decidida contra el fraude fiscal. Además solicita dos años de moratoria para cumplir las previsiones de Bruselas.

Por su parte, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha utilizado la desviación del déficit para, según comentó el martes a varios periodistas, solicitar al PSOE que tenga a bien facilitar cuanto antes la investidura de Rajoy y la formación del nuevo gobierno, pues de lo contrario las comunidades autónomas en las que gobierna (también las demás), lo pasarán mal económicamente y tendrán que prescindir de 4.000 millones de euros de financiación, es decir, de las cuatro décimas del PIB equivalentes al desfase entre el 0,3% comprometido y el 0,7% autorizado. Sin investidura será más difícil negociar la flexibilidad con Bruselas, dijo Montoro.

Lo cierto es que, presiones y comunicados de exministros socialistas jubilados y bien colocados aparte, al portavoz del PSOE en materia económica y fiscal, Pedro Saura, no se le olvida que “los Presupuestos del Estado para 2016, aprobados por la mayoría absoluta del PP, contenían una desviación del déficit público del 2,8% y que la Autoridad Fiscal dijo ayer que si no se toman medidas puede acabar en el 4,7% (47.000 millones de euros)”.

Saura, que cifró la ocultación del déficit en 20.000 millones, insistió en que el único objetivo del Gobierno era vender una mejoría artificial de la economía para bajar los impuestos en 10.000 millones a las rentas más altas y a las grandes corporaciones como medida electoral. Ahora la primera idea que Rajoy ha puesto encima de la mesa es precisamente que “va a subir los impuestos”, dijo en referencia a la anticipación de los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades con la que el Ejecutivo pretende cubrir el desfase ante Bruselas.

El portavoz socialista, que pidió la comparecencia urgente de la ministra Fátima Báñez para que explique por qué ha “esquilmado” en un mes y de una sola tacada 9.700 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social algo que el Ejecutivo en funciones de Rajoy ocultó hasta después de la votación del 26J, estimó “muy importante aprobar el techo de gasto” del Presupuesto para el año próximo. “Lo que pasa es que el Gobierno no lo cumple; no han cumplido ni el techo ni la regla de gasto, ni la regla de déficit, ni la de deuda”.

Ante el desfase el PSOE planteó ayer dos Proposiciones No de Ley con medidas fiscales para ampliar la base recaudatoria, sobre todo a través del Impuesto sobre el Patrimonio a las grandes fortunas y la lucha contra el fraude. Los socialistas quieren una subcomisión que en el plazo de seis meses elabore una reforma fiscal más justa (en la actualidad 9 de cada 10 euros de recaudación proceden de las rentas del trabajo) y apuestan por la inmediata aplicación del Impuesto a las Transacciones Internacionales y al uso de bienes naturales no renovables.

“La reducción del déficit no se puede hacer –argumentó Saura-- a costa del Estado del Bienestar, ni de las fuentes de crecimiento como el I+D+I o las infraestructuras”. Para el PSOE esa reducción tiene que ser paulatina, de acuerdo con la actividad económica y el empleo. Y esto significa, según su Proposición No de Ley al respecto, que el Gobierno ha de pedir no sólo un año, sino dos más para el cumplimiento del déficit, algo que los socialistas llevaban en su programa electoral. Saura también pidió a Montoro que “no utilice la incapacidad de Rajoy para formar gobierno para chantajear a las comunidades autónomas”.