Alerta por el JEFTA, el controvertido tratado entre la UE y Japón aprobado este miércoles

Actualizado con la aprobación del acuerdo en la Eurocámara este 12/12/2018

Aunque el Brexit cope los titulares sobre Europa en los informativos, este miércoles se ha aprobado en el Parlamento Europeo el tratado comercial más importante de la UE, el JEFTA. Un acuerdo que elimina las barreras comerciales con Japón, la cuarta economía mundial. Por un lado, Bruselas defiende que las exportaciones a ese país crecerán alrededor de un 13% y que las empresas europeas se ahorrarán 1.000 millones de euros al año en aranceles de acceso a ese mercado. Por otro, colectivos sociales de toda Europa y fuerzas como Los Verdes creen que el acuerdo beneficia a las empresas transnacionales, pero trae consecuencias peligrosas para la ciudadanía, la democracia y el medioambiente.

Las dudas son más que razonables porque el tratado se ha forjado fuera de los focos y el debate público ha sido más bien inexistente. El acuerdo más importante que la UE tiene entre manos –ya que no llegó a aprobarse el TTIP con Estados Unidos-- apenas mereció este martes una hora de debate en el Parlamento Europeo y, en el caso concreto de España, ni siquiera ha pasado por el Congreso. El acuerdo redactado durante el Gobierno de Mariano Rajoy recibió en julio la luz verde de Pedro Sánchez. Olvidaba así el PSOE su compromiso de rechazar tratados que, por ejemplo, no incluyeran el refrendo posterior de los 28 en sus Parlamentos. El JEFTA se salta este paso y entrará en vigor sin que los países puedan enmendarlo o rechazarl

El JEFTA ha salido adelante este miércoles con 474 votos a favor, 152 en contra y 40 abstenciones. Tanto el Partido Popular Europeo como los socialistas han alabado el pacto, mientras que la Izquierda Unitaria y Los Verdes han arremetido contra él. Ahora solo queda que el Consejo de la UE dé su aprobación definitiva al acuerdo comercial el próximo 21 de diciembre. Entraría en vigor en febrero.

Estos son los motivos principales que ha esgrimido para oponerse al JEFTA el movimiento 'No a los tratados de comercio e inversión (TCI)', que apoyan sindicatos como CCOO y UGT, además de organizaciones como ATTAC y Ecologistas en Acción,

Opacidad y secretismo

Las negociaciones del tratado se han llevado a cabo durante casi cinco años, sin consultar a sindicatos, ni pequeñas y medianas empresas. “9 de cada 10 reuniones han sido con lobbies de grandes empresas multinacionales”, aseguran desde la campaña. Gracias a que algunas organizaciones europeas pidieron información al respeto, se ha sabido que los encuentros se han realizado sobre todo con Business Europe, la patronal europea; la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA); el Foro Europeo de Servicios y la patronal alemana.

Las grandes empresas podrían influir en las leyes antes de que sean debatidas en los Parlamentos

'Cooperación reguladora' es un término que se utiliza en el JEFTA, así como en otros tratados internacionales, y que supuestamente alude a la transparencia. Tom Kucharz, coordinador del área de Agroecología y de Soberanía Alimentaria de Ecologistas en Acción denuncia que esta disposición “obliga a los Gobiernos a ser transparentes y dar a conocer cualquier nueva ley que pueda tener impacto en el comercio entre la UE y Japón”. Esto significa que “bajo el eufemismo de la transparencia”, los agentes implicados pueden “ver los borradores de las normas antes de que pasen a los Parlamentos” y podrían intercambiar sus propuestas con los Gobiernos haciendo que los procesos legislativos sean “descafeinados” o sufran “retrasos”.

Privatización de servicios públicos

Bruselas defiende que los Estados-miembro seguirán preservando su capacidad para regular el sector público sin interferencias privadas, pero desde la campaña contra los TCI desconfían. Este fue uno de los temas que suscitó más dudas durante la negociación del ya fracasado TTIP con Estados Unidos y durante el CETA, el tratado entre la UE y Canadá que ya se aplica provisionalmente. En este tipo de negociaciones se realiza una lista negativa con los servicios que se pretenden excluir del acuerdo y los que no están explícitamente nombrados pueden liberalizarse. “Muchos de los servicios que nos parecen fundamentales como el agua o el transporte público no aparecen en la lista”, denuncia Kucharz.

Las condiciones laborales

Japón no ha ratificado los Convenios 105, relativo a la abolición del trabajo forzoso, y tampoco el 111, que prohíbe la discriminación en el empleo. Si las empresas japonesas establecen a sus trabajadores en la UE, se regirían por la normativa japonesa y no por la europea. Debido a la crisis del mercado laboral que se vive en Europa los trabajadores podrían acabar aceptando peores condiciones de trabajo. Del mismo modo, se aceptarían productos bajo las condiciones laborales que no aceptamos en Europa. “Sería daría una especie de dumping laboral a la baja”, explica Kucharz.

Un sinsentido medioambiental

Como se puede deducir, no es demasiado sostenible un acuerdo comercial con un país geográficamente tan lejano de la UE. Si se aumentan las exportaciones e importaciones se utilizarán más aviones y más embarcaciones. Sin embargo, deberíamos tender hacia la relocalización de la economía: la ONU da dos años de plazo para poder limitar el aumento de la temperatura global por debajo de la 1,5% y la UE debe asumir nuevos compromisos. “Dicen que es el primer tratado con referencia al Acuerdo de París, pero es papel mojado porque no hay sanciones ni medidas concretas para implementarlo”, denuncia Kucharz.

La protección de los datos y de la inversión

Dos asuntos polémicos han quedado fuera del tratado, la protección de los datos y la protección de la inversión de las empresas mediante tribunales de arbitraje. Según advierten las organizaciones de la campaña contra los TCI, puede que estos temas se negocien aparte para que pasen desapercibidos entre las miles de propuestas que se aprueban diariamente en Europa. De hecho, se siguen negociando.

Los líderes europeos y japoneses ya se comprometieron a reconocer mutuamente sus sistemas de protección de datos de forma que se garantice la libre circulación, algo que incluiría los datos de usuarios con fines comerciales. ¿Motivos para preocuparse? Según la organización Derechos Digitales Europeos (European Digital Rights), la normativa japonesa tiene una definición débil sobre qué es información personal y constituye una puerta trasera para enviar datos a EEUU, entre otras características que la diferencian de la europea.