Lo que puede llegar desde Catalunya en tres paradas: Supremo, las calles y la política

Cuenta atrás, faltan horas para que se conozca la sentencia del Tribunal Supremo sobre el juicio a los dirigentes independentistas. Una sentencia que tendrá unas consecuencias políticas indudables. A corto plazo, el independentismo está preparando la respuesta en Catalunya en forma de movilización social y de una respuesta declaratoria institucional por parte de Govern, Parlament, partidos… En el medio plazo, influirá en la campaña del 10N, pero también en el desarrollo de los pactos y acuerdos para formar gobierno posteriores. En el largo plazo, una sentencia dura puede crear precedentes para futuras movilizaciones sociales en todo el Estado, y enrocar el conflicto territorial que se prolonga en el tiempo. Lo analizamos en un viaje con tres paradas: el Tribunal Supremo, las calles de Catalunya y el terreno de la política.

Tribunal Supremo

Previsiblemente, este lunes se conocerán las penas a los que las 12 personas enjuiciadas tendrán que hacer frente, pocos piensan en una sentencia absolutoria. Las distintas acusaciones, Fiscalía, Abogacía del Estado y la popular de Vox, les achacan, en total cinco diferentes delitos: rebelión, sedición, malversación, desobediencia y pertenencia a organización criminal. Según filtraciones procedentes de fuentes judiciales de los últimos días a distintos medios de comunicación, el tribunal parece decantarse por sedición, evitando la rebelión. La duda se despejará en breve.

En las distintas penas a las que se enfrentan las distintas personas acusadas se observa una gradación que, previsiblemente, se materializará con la publicación de la sentencia. Así, quien se enfrenta a una mayor condena es Oriol Junqueras, exvicepresident de la Generalitat. Para el líder de ERC pide la Fiscalía 25 años por rebelión y malversación; 12 años la Abogacía del Estado por sedición y malversación y Vox, 74 por rebelión, malversación y organización criminal. Ante la ausencia de Carles Puigdemont, en su exilio belga, Junqueras se perfila como la cabeza de turco sobre quien el Estado golpeará más fuerte.

Carme Forcadell, la que fuera presidenta del Parlament, se enfrenta a una acusación de 17 años por rebelión por parte de la Fiscalía. Para el exconseller de Presidència y portavoz del Govern, Jordi Turull, el exconseller de Exteriores, Raül Romeva, el de Interior, Joaquim Forn, el de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, y la de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, las penas de las acusaciones son desde los 16 años por malversación y rebelión de la Fiscalía, 11 por sedición y malversación de la Abogacía y los 74 de Vox, que incluye organización criminal en su anhelo de venganza.

En otro plano se encuentran los "Jordis", que no formaban parte del Govern. A Sànchez, expresidente de la ANC, y a Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, les pide la Fiscalía 17 años por rebelión, la Abogacía del Estado ocho por sedición y Vox, como acusación popular, 62 por rebelión y organización criminal.

El exconseller de Justícia, Carles Mundó, quien no está en prisión provisional, se enfrenta a unas penas que podrían ir desde, tal y como demandan la Fiscalía y la Abogacía del Estado, siete años por malversación y desobediencia y el pago de una multa de 300.000 euros, hasta, como considera el partido ultraderechista Vox, 24 por malversación, desobediencia y organización criminal. También piden siete años para Santi Vila, exconseller de Empresa y Conocimiento y Meritxell Borràs, de Gobernación. Estas dos últimas personas tampoco se encuentran encarceladas provisionalmente.

Según distintas publicaciones en medios de comunicación, el tribunal podría haber desestimado la rebelión, decantarse por sedición. “Son reos de sedición los que se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”, reza del delito, recogido en el artículo 544 del Código Penal. Los expertos señalan que una sedición es una rebelión en pequeño, sin que atente directamente contra la Constitución.

Además, la Fiscalía había solicitado que se plasmara en la sentencia que los reos no pudieran gozar del tercer grado hasta que se hubiera cumplido la mitad de la condena. Algunas filtraciones indican que los jueces han desestimado esta apreciación. Las penas podrían oscilar, como decíamos, se prevé una gradación. Junqueras sería quien tuviera una pena más grave, se habla de cerca de los 15 años. Los exconsellers Forn, Rull, Turull, Romeva y Bassa estarían en un segundo escalafón. Mundó, Borràs y Vila, quienes no han estado todo este tiempo en prisión preventiva, podrían tener penas menores. Se habla de desobediencia para ellos tres, sin penas de cárcel, sí de inhabilitación.

En otro lugar estaría la expresidenta del Parlament, Forcadell, quien no ha estado acusada de malversación al no haber formado parte del ejecutivo catalán. El Tribunal Supremo podría optar por el concurso medial, lo que implica que al ser condenados los acusados por un delito mayor, no se les sume otra pena por malversación. Los "Jordis", que no tuvieron responsabilidades políticas en 2017, podrían tener una pena diferente. Todo son filtraciones de fuentes judiciales a la prensa. La sentencia firme no se conocerá hasta, previsiblemente, mañana lunes.

Las calles de Catalunya

La percepción social de la condena será muy diferente en Catalunya del resto del Estado. En el resto del Estado, una sentencia muy dura será entendida por amplios sectores de la población. La labor nacionalista de buena parte los medios de comunicación durante estos años han creado dos relatos distintos de los hechos del Procés, aquí y allá. Así, lo que no sea la absolución será leída en los sectores catalanistas como una represión incomprensible del Estado y dará fuego al relato de la falta de democracia en España.

Pero, ante lo que puede ser una válvula a presión, las manifestaciones masivas están aseguradas, existen válvulas de escape que pueden modular el contenido de las protestas. La dureza de la sentencia tendrá mucho que ver en esto. Una condena exagerada, que incluya, fuera de lo previsto, una rebelión para Junqueras, por ejemplo, encendería mucho los ánimos. Por otro lado, que algunos consellers no entren en la cárcel o que puedan salir en un periodo corto de tiempo, algunos acusados llevan en prisión provisional dos años, puede suponer una válvula de escape. Simbólica será, sobre todo, la condena a los Jordis, acusados como líderes de la sociedad civil, en quienes muchos catalanes se ven reflejados pues secundaron las múltiples convocatorias de la ANC y Òmnium Cultural.

Hasta ahora hay organizadas cinco marchas que, tras dos días de recorrido confluirán en la capital catalana. Partirán de Girona, Vic, Tàrrega, Berga y Tarragona. No se sabe cuándo iniciarán sus recorridos con seguridad, dependerá de cuándo se haga pública la sentencia. De este modo, según se ha publicado en distintos medios, si la sentencia se conoce el lunes por la mañana, esa misma tarde habrá manifestaciones masivas en las capitales catalanas y las marchas podrían partir el miércoles para llegar el viernes a Barcelona.

Los sindicatos alternativos, habían convocado una huelga general para el pasado viernes que resultó aplazada, ya que todavía no se conocía la sentencia. Distintas fuentes cuentan que la huelga podría celebrarse este viernes. Paralelamente, se podría convocar un paro de país, al que se sumarían los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, y otras instituciones, tal y como se hizo el 3-O de 2017.

Las marchas, convocadas por la ANC, estarán organizadas y podrían suponer otra válvula de escape, una vez ya tienen un recorrido estructurado y previsto, pocas cuestiones quedarán al azar. Mientras tanto, una nueva plataforma, Tsunami Democràtic tiene 120.000 seguidores en Telegram y han anunciado una acción sorpresa para la tarde del día que se conozca la sentencia, previsiblemente, mañana.

Por otro lado, los Mossos están preparados para “garantizar la convivencia” y se prevé contundencia por parte de la policía catalana para contrarrestar cualquier protesta no autorizada. Además, 1.800 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional se han desplazado indefinidamente a Catalunya para apoyar un operativo dirigido por los Mossos. La presencia de los agentes en puertos, estaciones y aeropuertos es evidente.

Lo que preocupa a partidos independentistas son las acciones que distintos grupos puedan llevar a cabo. Con las últimas detenciones de activistas de CDR por parte de la Audiencia Nacional bajo la acusación de terrorismo y el relato de grandes medios de comunicación españoles intentando vincular independentismo con terrorismo, existe temor en ciertos sectores de que acciones aisladas creen una imagen distorsionada de la realidad. Es llamativo, en este sentido, el llamamiento de esta semana de los CDR, en el ojo del huracán de medios de comunicación y Justicia española, a que las movilizaciones sean pacíficas, dejando terreno para desvincularse de cualquier hecho aislado violento que pueda haber. También de algunos dirigentes políticos, como Artur Mas.

Consecuencias políticas

La reacción institucional en Catalunya está siendo complicada de gestionar. La división en el independentismo es patente. Por un lado, el president Joaquim Torra juega al gato y al ratón con que la publicación de la sentencia pueda ser el “momentum” que relance la causa independentista. Pero sus socios de Govern de ERC poco a poco se han distanciado del círculo de Puigdemont y apuestan por el diálogo con el Estado y por centrar la lucha venidera en la aministía de los “presos políticos” en busca de nuevas alianzas políticas progresistas, dejando de lado al espacio postconvergente. Una pasada de rosca del president podría generar una crisis entre los socios de Govern y acelerar una convocatoria electoral catalana.

Por otro lado, la semana pasada, el Tribunal Constitucional advertía al president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, frente a posibles declaraciones institucionales a favor del derecho a la autodeterminación del legislativo catalán. La redacción de la reacción a la sentencia estará siendo un mosaico en el Parque de la Ciudadela, con JxCat presionando para que se incluyan determinados términos en el papel y que uno de los principales representantes de ERC, Torrent, pudiera ser inhabilitado por desobediencia. La pelea interna en el mundo "indepe".

Con la proximidad de la convocatoria electoral del 10N, la sentencia y la reacción de los partidos entrará de lleno en campaña. Las derechas y ultraderechas de PP, Ciudadanos y Vox vienen reclamando la inmediata aplicación del artículo 155 de la Constitución. Pedro Sánchez ha amenazado con hacerlo en las últimas semanas a los dirigentes independentistas. Estas declaraciones no han sido bien vistas en el PSC, en su base catalanista. El PSC se ve como posible ganador de las generales en Catalunya y afianzándose como líder de los partidos autoproclamados constitucionalistas, ante el desinfle de Ciudadanos. El voto catalanista del PSC podría virar si ve atacado el autogobierno de Catalunya. Y la presión en favor de la aplicación dependerá de las imágenes de las protestas que las cámaras de determinadas cadenas televisivas puedan recoger.

Sánchez ha permitido la repetición electoral en un momento en el que el calendario es especialmente tenso. Si los principales medios de comunicación españoles empiezan a atosigar con el 155, como vienen haciendo, una reacción considerada débil por el nacionalismo español podría dar votos a las derechas y ultraderechas en el resto del Estado. Si reacciona duramente, podría perder votos catalanistas del PSC. Los resultados electorales en Catalunya, Madrid y Andalucía son especialmente importantes en unas generales. Y, en Andalucía, planea la pronta publicación de la sentencia de los ERE. Algunas encuestas señalan que el PSOE podría perder diputados en Madrid en la próxima legislatura.