El TdeC investigará si hay malversación en la defensa privada del Madrid-Arena

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha pedido que se practiquen diligencias previas para conocer si el Ayuntamiento de Madrid ha cometido algún tipo de irregularidad en la contratación de abogados privados para defender a los imputados por la tragedia del Madrid-Arena, que costó la vida a cinco jóvenes en una macrofiesta celebrada la noche de difuntos de 2012. La denuncia partió de la asociación sin ánimo de lucro Apedanica (Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias) presidida por el criminalista Miguel Angel Gallardo.

En su escrito al Tribunal de Cuentas, Gallardo solicita investigar el presunto "uso indebido de recursos municipales para el pago de despachos de abogados privados en la defensa de imputados". La primera decisión del fiscal, José A. Serrano Herráiz, ha sido proponer a la comisión de gobierno el nombramiento de un delegado instructor que practique diligencias. Como señala la Ley 7/1988, de 5 de abril, sobre funcionamiento del Tribunal de Cuentas, este delegado instructor podría derivar la causa a la justicia ordinaria, a través del fiscal, en caso de que existieran atisbos de delito.

El pasado 19 de febrero, la letrada del Ayuntamiento de Madrid María Suárez Junquera solicitó sin éxito el archivo de las denuncias elevadas por Apedanica. En un extenso escrito, demandaba este archivo basándose en el artículo 551.3 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial que, en su apartado tercero, explicita que "la representación y defensa de las comunidades autónomas y de los entes locales corresponderán a los letrados que sirvan en los servicios jurídicos de dichas administraciones públicas, salvo que designen abogado colegiado que los represente y defienda". La letrada del ayuntamiento solicitaba, además, a Apedanica el pago de las costas. Sin embargo, el fiscal no tardó ni 24 horas en desoír al ayuntamiento y emprender la investigación solicitada por Gallardo. Quizá teniendo en cuenta que el consistorio madrileño cuenta con un equipo jurídico propio, y costeado por las arcas públicas, conformado por 78 letrados. Para Apedanica, las externalizaciones a bufetes privados de la defensa de los imputados por el Madrid-Arena pueden, "y deben, ser consideradas como malversación de caudales públicos". Gallardo pide conocer el coste exacto de estos servicios jurídicos externos. Además, los cesados o dimitidos ya no están vinculados al ayuntamiento y no tendrían derecho a costear con dinero público sus defensas

Concretamente, el ayuntamiento que gobierna Ana Botella contrató a un equipo de letrados dirigido por Luis Rodríguez Ramos (catedrático jubilado de Penal de la Complutense), cuya primera medida consistió en recurrir las imputaciones de la cúpula de seguridad del ayuntamiento en el momento de la tragedia: la del ex delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid Antonio De Guindos; la de la ex concejala de Seguridad Fátima Núñez; la del jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo; la del director general de Emergencias y Protección Civil, Alfonso del Álamo; y la del dimitido concejal Pedro Calvo. El destituido vicealcalde Miguel Angel Villanueva no está imputado.

"Es de suponer que existan otros escritos presentados con abogado, y también es de suponer que con procurador privado, para defender derechos que, en todo caso, son personales, particulares y privados para cada imputado, que merecen, en nuestra opinión, el más duro enjuiciamiento y el reintegro por alcance por responsabilidad contable. Las defensas personales conjuntas no pueden ser gratis total ni se pueden permitir recursos con pólvora del rey, y menos aún, ocultarse o mantenerlas secretas porque en todo caso están siendo pagadas con fondos públicos municipales", señalan desde Apedanica en uno de los documentos dirigidos al juzgado 51 de Madrid para informar de sus gestiones ante el Tribunal de Cuentas.

Continúa: "La denuncia debe hacerse extensiva a todos los pagos del Ayuntamiento de Madrid, y de todas las empresas públicas municipales que utilicen servicios jurídicos privados y abogados de imputados en el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, y por los mismos motivos, todos los pagos a abogados privados por el Ayuntamiento de Madrid y las entidades que dependan del mismo deben ser conocidos y enjuiciados por el Tribunal de Cuentas".

Para Gallardo, "se están pagando fondos municipales a abogados privados, en lugar de permitir a los funcionarios públicos que realicen su labor. Y no solo eso. Muchos funcionarios tienen potestad para también trabajar en bufetes privados. Es decir, los que están en nómina trabajan en lo privado y los abogados privados cobran fondos públicos. Es una perversa aberración".