Cristina Cifuentes pierde en los juzgados su cuarta batalla contra el 15-M

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La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, en una imagen de archivo. / Efe

De momento, el 15-M gana por goleada a Cristina Cifuentes. De las cinco resoluciones judiciales dictadas por desórdenes y desobediencia en las múltiples manifestaciones ciudadanas celebradas desde aquel mayo de 2011, el juez ha dado en cuatro la razón a los demandados. “Nos han notificado la sentencia del Juzgado Contencioso-administrativo nº 28 de Madrid por la que se estima la demanda de protección de derechos fundamentales interpuesta a través de esta Comisión [Legal Sol], al entender que se había vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de un compañero yayoflauta que participó en el aniversario del 15-M el año pasado”.

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Legal Sol, el brazo jurídico del 15-M, ha cursado 80 recursos contra otras tantas sanciones impuestas a manifestantes del movimiento callejero. De momento, solo hay cinco resoluciones. La única que ha perdido el 15-M está recurrida. Por su parte, una de las cuatro absoluciones también ha sido recurrida por la Delegación del Gobierno de Madrid. Su titular, Cristina Cifuentes, ha llegado a criminalizar bastante explícitamente al movimiento ciudadano en varias ocasiones: “En algunas concentraciones y manifestaciones ha habido elementos muy radicales que han ido precisamente para provocar incidentes, de manera intencionada”, llegó a decir Cifuentes en noviembre del pasado año.

Con cierta ironía, los abogados de Legal Sol valoran el recurso de la Delegación del Gobierno: “Ellos recurren la absolución de uno de los manifestantes, y los costes de ese recurso los pagamos todos los españoles”, señalaban ayer a cuartopoder.es.

Los hechos por los que se multó a este anciano con 300 euros se remontan al pasado 15 de mayo de 2012, durante las manifestaciones convocadas para celebrar el aniversario del 15-M. “Le pidieron la documentación en [la calle madrileña de] Tirso de Molina. Y después recibió la notificación de la sanción por desobediencia y desórdenes públicos”, explica un portavoz de Legal Sol. Precisamente, la abogada que ha llevado este proceso de forma gratuita. Como trabajan todos los letrados de esta comisión.

“No sólo es que no nos creamos el relato ficticio y alejado de la realidad que realiza la Delegación de Gobierno de Madrid -sobre los hechos denunciados-, es que tampoco se lo ha creído el juez, y la razón, tal y como se desprende de la sentencia, es que ni se argumentan, ni concretan, ni siquiera se mencionan los comportamientos que hizo nuestro compañero susceptibles de sanción. Tras más de dos años luchando contra la burorrepresión (o represión de baja intensidad) llevada a cabo por la Delegación de Gobierno de Madrid, estamos consiguiendo en los juzgados lo que se nos ha negado en la calle: legitimar el ejercicio del derecho de reunión”, señala Legal Sol en un comunicado emitido ayer desde su página web.

En el mismo texto, demandan al departamento dirigido por Cifuentes que “proceda a archivar de oficio (Art. 105 Ley 30/1992) todos los procedimientos sancionadores que mantiene actualmente abiertos y en los que se ha repetido la misma vulneración, que son la mayoría de ellos”. En la actualidad, Legal Sol tramita el recurso de 80 expedientes sancionadores, incluidos los cuatro ganados y el perdido y recurrido, por el que la sancionada ha tenido que adelantar 150 euros para su tramitación (la mitad del montante de la multa).

La Comisión Legal Sol está formada por seis letrados que asisten jurídicamente a personas sancionadas en manifestaciones o asambleas ciudadanas. También tramitan ayudas médicas y psicológicas a personas que han sufrido daños en dichas movilizaciones. Pero son más de seis cuando es necesario, recuerdan. En mayo de este año, por ejemplo, la Asociación Libre de Abogados también les prestó su apoyo gratuito ante la avalancha de denuncias y sanciones derivadas de la celebración del cumpleaños del 15-M.

El movimiento ha recibido más de 1.000 sanciones en dos años. A finales del pasado julio, el Juzgado Contencioso-administrativo número 12 de Madrid fallaba la penúltima resolución a favor de los manifestantes. Aquella sentencia concluyó que se vulneraba el derecho de reunión de manera bastante elocuente: “Es cierto que participan en una reunión o concentración no comunicada, pero cuando se desarrolla sin previa comunicación pero siguiendo pautas y derroteros pacíficas y civilizados, ha de existir una motivación específica en la orden o resolución administrativa que ordena la disolución o desconcentración de los reunidos al suponer una restricción de un derecho fundamental por razón únicamente del incumplimiento de un requisito administrativo cual es la comunicación previa”.

Aquella sentencia inspiró a los abogados de Legal Sol a pedir la dimisión de la delegada del Gobierno en Madrid: “Que se estime por parte de los tribunales que la Delegación de Gobierno que dirige Cristina Cifuentes, que tiene como una de sus funciones el proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, ha vulnerado los derechos fundamentales de reunión y a la presunción de inocencia, exige cuanto menos una explicación, y en un país que presume de Derecho, una dimisión. La función de una delegada de Gobierno es proteger el libre ejercicio de derechos fundamentales, no vulnerarlos”.