RSF recuerda al Gobierno que aún no ha solucionado el 'caso Martorell'
Fernando I. Lizundia *
Reporteros Sin Fronteras (RSF) asegura que ve preocupantes los efectos de la ley mordaza sobre la libertad de información y ha recordado al Gobierno español que aún debe actuar para conseguir que Estados Unidos retire la prohibición de acceso a su territorio al periodista de cuartopoder,es Manuel Martorell, acusado de actividades terroristas y a quien ya se ha denegado el visado en dos ocasiones. El Informe Anual 2016 de esta organización no gubernamental, que incluye un capítulo dedicado a España, señala que "presumiblemente" este veto se debe "a los numerosos libros y reportajes que ha publicado sobre la cuestión kurda".
El periodista navarro, fundador y colaborador de este perióduico, se queja de que se encuentra "en una situación de indefensión total". "No sé de qué se me acusa", comenta. Tras serle denegado el primer visado, hace ya dos años, "aporté todo tipo de documentación para demostrar que siempre he ejercido el periodismo y que jamás he tenido lazos con el terrorismo kurdo". Clarificada esta cuestión y acreditado que su historial está limpio, en la propia Embajada le recomendaron que solicitase un nuevo visado.
"Han transcurrido 14 meses desde aquello y persiste la incertidumbre", dice con tono pausado. "Me han hecho la acusación más grave que se puede hacer en público a una persona: la de practicar la violencia indiscriminada contra personas indefensas para sembrar el terror, algo contrario a mis principios". "Y no sólo no me permiten defenderme", prosigue, "tampoco responden a mis peticiones de información sobre mi caso. Desconozco en qué punto se halla".
Martorell ha acudido ya a todas las instancias a su alcance. "En la Embajada me dan la callada por respuesta. En el Ministerio de Asuntos Exteriores me aseguran que han hecho lo que pueden, pero que ya no depende de ellos". Incluso partidos y organizaciones internacionales con sede en Estados Unidos se interesaron por su caso, pero siempre topaban con ese "infranqueable muro de silencio". "Haría falta ser rico y emprender una larga pugna legal para lograr subsanar este error, suponiendo que lo sea. Pero ni soy rico, ni tengo tiempo. Entre tanto, sigo sin saber de qué se me acusa y sin poder entrar en Estados Unidos".
"Lo peor de todo", apostilla, "es que hay gente que piensa que realmente he hecho algo malo".
Aparte del caso del periodista de este medio, el informe anual de RSF en su apartado dedicado a España destaca hechos positivos y negativos para el libre ejercicio del periodismo y la libre circulación de la información.
En el primer capítulo, el de las buenas noticias, señala como hecho más relevante de 2016 la liberación, el pasado mes de mayo, de Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre, los tres periodistas freelance que permanecía secuestrados en Alepo (Siria) desde el verano de 2015. También la puesta en libertad de Salud Hernández-Mora, corresponsal de El Mundo en Colombia, que había sido apresada por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En el lado contrario, "el impacto negativo contra el libre ejercicio del periodismo que ha supuesto la Ley de Seguridad Ciudadana", más conocida como ley mordaza, promulgada el 30 de marzo de 2015. La ONG recuerda que la citada ley es "cuestionada por todos los partidos, excepto el Partido Popular en el gobierno". También recuerda que "ha sido denunciada ante el Tribunal Europeo de Deerechos Humanos por varios medios y juristas españoles", ya que impide "el libre ejercicio de la información", en especial la toma y difusión de imágenes de actuaciones policiales.
El documento también indica que varios periodistas han recibido importantes multas por infringir esta norma. Y cita los casos de Axier López, de la revista Argia; Mercé Alcocer, de Catalunya Ràdio, o Esther Yáñez, del canal #0, de Movistar.
Más sorprendentes aún son los casos de los periodistas denunciados o procesados por publicar informaciones veraces, a pesar de que el Tribunal Constitucional ampara el papel de los profesionales de la información. Entre otros casos se citan los Cruz Morcillo y Pablo Múñoz, de ABC; el de la amenaza con penas de cárcel a Pedro G. Cuartango, director de El Mundo, por el caso Football Leaks; o el de Marcos Moro e Íñigo Noriega, de El Comercio.
Es cansino tener que insistir, pero hay que hacerlo. No pueden quedarse las cosas injustas así, con las espadas levantadas, carajo.