DERECHOS HUMANOS

Urbán, Rodríguez Palop, Puigdemont y otros eurodiputados elevan la situación de la Cañada Real a la Comisión Europea

  • "La falta de suministro eléctrico de forma continua desde octubre de 2020 afecta a unas 4.000 personas"
  • "En los últimos días, familias enteras intoxicadas por gas butano y menores de edad hospitalizados con síntomas de hipotermia"

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Los eurodiputados Miguel Urbán, Maria Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva, Cornelia Ernst, José Gusmão, Marisa Matias, Nikolaj Villumnsen, Leila Chaibi, Diana Riba, Jordi Solé, Antonio Comín, Clara Ponsatí y Carles Puigdemont envían una carta a la Comisión Europea, en concreto a Nicolas Schmit, comisario de Empleo y Derechos Sociales, y a Didier Reynders, comisario de Justicia, alertando de la vulneración de derechos elementales que se prolonga desde el mes de octubre en la Cañada Real de Madrid.

La falta de suministro eléctrico de forma continua desde octubre de 2020 afecta a unas 4.000 personas, de las cuales aproximadamente 1.800 son menores de edad. Se mantiene el corte del suministro de energía eléctrica por más de 100 días. Según recoge la misiva: “La Cañada Real es un núcleo de exclusión social y aislamiento que ha sido objeto de un Pacto Regional (2017) entre administraciones y partidos políticos con la finalidad de impulsar una solución definitiva a una situación incompatible con los derechos fundamentales”. Incluso ha recibido el apoyo financiero del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para enfrentar el ingente reto de la infravivienda y viviendas con deficiencias.

Sin embargo, la situación climática, agravada con el temporal Filomena, y la falta de electricidad hace que, en los últimos días, familias enteras hayan sido intoxicadas por gas butano y menores de edad hospitalizados con síntomas de hipotermia, existe una agudización de problemas respiratorios, neumonías y otras patologías asociadas al frío extremo, y todo ello cuando Madrid se sigue enfrentando a una crisis sanitaria por covid-19. Así lo describe la carta enviada desde los eurodiputados a los comisarios.

“Ni la empresa eléctrica responsable del abastecimiento, ni el gobierno local y regional responsables de garantizar derechos a la población madrileña, dan una solución sostenible y digna, a pesar de la constante denuncia de las organizaciones vecinales de los sectores V y VI de la Cañada”, prosigue el escrito.

En España, los recortes de luz afectan especialmente a la población más vulnerable y en exclusión. Así vemos cómo esto se repite en algunos barrios de todo el Estado, como Distrito Norte (Granada), Font de la Polvora (Girona), El Puche, La Chanca y El Quemadero (Almería), Sant Roq (Badalona) o el Polígono Sur (Sevilla), tal y como se hace eco la carta. “Datos oficiales (2019) señalan que la tasa de riesgo de pobreza energética puede oscilar entre el 7,6% y el 16,7% de los hogares españoles mientras que, otras fuentes, sostienen que la pobreza energética afecta en distintos grados al 15% de la población”, prosiguen.

Además, hacen referencia a que “durante la borrasca Filomena, los precios de la luz en el mercado mayorista han estado en alza hasta alcanzar un aumento de 37,8 % por MWh. La energía es una condición sine qua non para la una vida digna y la protección de derechos”. Por todos estos motivos, reclaman a la Comisión Europea que se pronuncie ante esta situación.

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