La economía lúgubre y el derecho a la salud

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Ana Mato, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado día 20 en la que anunció los recortes en Sanidad. / Ballesteros (Efe)

Los extranjeros que viven en España sin residencia legal empezarán a tener la consideración de parias el 1 de septiembre de 2012. Ese día, los inmigrantes y sus familias serán despojados del derecho a la salud y privados de las garantías públicas que teóricamente les protegen frente a la enfermedad (artículo 43 de la Constitución). El Real Decreto-ley 16/2012 (BOE del 24 de abril) les acaba de excluir de la “condición de asegurados” –y a los miembros de sus familias de la “condición de beneficiarios”- del Sistema Nacional de Salud. Esta carta o  estatuto jurídico (y el correspondiente derecho a la expedición y uso de la tarjeta sanitaria individual) sólo lo tienen “los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español”. A los “ilegales”, como ya he mencionado, sólo se les reconocerán los derechos de extranjería ahora derogados hasta el próximo 31 de agosto. A partir de entonces únicamente recibirán “la prestación de la asistencia sanitaria mediante pago”.  

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Como un exceso de rigor puede dar mala imagen, la ministra Ana Mato -no me negarán el carácter profético del apellido- ha tenido el detalle de asegurar a los “indocumentados” una “asistencia sanitaria en situaciones especiales”. Este catálogo de prestaciones públicas gratuitas se refiere exclusivamente a los servicios “de urgencia por enfermedad grave o accidente”, también garantiza la asistencia médica “al embarazo, parto y posparto” y “en todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”. Los demás “irregulares” van derechitos al limbo de la exclusión social.

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¿Puede hacer eso el Gobierno de Mariano Rajoy? La verdad es que no ha dado ninguna explicación jurídica y en el preámbulo del Decreto-ley sólo se dice que su reforma en materia de extranjería “no tiene naturaleza orgánica”, lo que equivale a manifestar que no afecta a los derechos fundamentales. Formalmente no le falta razón al Gobierno, pues el derecho a la salud está fuera del Capítulo Segundo, Título I, de la Constitución. Pero, pese a esa estructura formal, me da la impresión de que el asunto es bastante más complejo. El problema no atañe al patrimonio jurídico de la ciudadanía, sino a los derechos de la persona y su dignidad. Y aquí hay que citar, necesariamente, el artículo 10 de la Constitución, que dice: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes…son fundamento del orden político y de la paz social (apartado 1). Y, a continuación (apartado 2): “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce [que parten, como he dicho, no tanto de la ciudadanía o de la residencia, sino directamente de la dignidad humana] se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Una Declaración que, en su artículo 25, proclama y garantiza al individuo “un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial…la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

En estos tiempos de barbarie, los asesores del Gobierno deberían analizar a fondo la Sentencia del Tribunal Constitucional de 7 de noviembre de 2007 (núm. 236/2007), que declaró nula gran parte de la Ley Orgánica 8/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Esa resolución es un texto maravilloso sobre la dignidad de la especie humana, más allá de la riqueza o miseria de sus miembros, o de que sean “legales” o “ilegales” en un territorio determinado. Y, además, dicha Sentencia reflexiona, entre otras muchas cuestiones, sobre un derecho parecido (y a mi juicio de menor intensidad) al que ahora nos ocupa y que, gracias al Tribunal Constitucional, ya está consolidado definitivamente, como es el derecho a la asistencia jurídica gratuita de la que gozan los extranjeros que residan en España “sin papeles” y sin medios económicos suficientes.

El Gobierno debería tomarse los derechos humanos en serio. Sobre todo en momentos de recesión económica. Porque en España, al grito de “sálvese el que pueda”, ha empezado a regir la ley de la selva. Y si Mariano Rajoy se empecina en tratar de solucionar la crisis al precio que sea, terminaremos devorándonos los unos a los otros. Ya están doblando las campanas por los más indefensos. Política y socialmente, el Gobierno tiene una miopía que asusta. Pero hay algo peor que la falta de racionalidad. No se puede perder la decencia pública abandonando a su suerte a los que casi nunca han visto la cara amable de la fortuna.

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