Rita Barberá, agencia de empleo
Cada vez que a este país le cae encima una crisis, le recetan que se inyecte iniciativa privada. Luego del dicho al hecho caben buques del tamaño del Ayuntamiento de Valencia, Madrid o Santiago de Compostela además de otros muchos de menor dimensión como Alcobendas, Albacete, Gandia o Alzira. Todos ellos comparten estar regidos por el Partido Popular y haber aprovechado la posibilidad de convertirse en agencias de colocación de empleo para colarse, en un país con 4,7 millones de parados, en una nueva cadena de intermediación laboral por la que van a pasar jugosos fondos públicos.
¿Cómo se ha llegado a este punto? Si en la crisis de 1994, la filosofía de la salvación privatizadora aplicada al ámbito laboral daba lugar al aterrizaje en España de las empresas de trabajo temporal (ETT), en la crisis actual, un gobierno (por cierto, socialista como aquel) regulaba a finales de 2010 las agencias de colocación. Estas se suponen llamadas a hacer de intermediarias entre puestos de trabajo vacantes de las empresas que utilizan sus servicios y los parados registrados en los servicios públicos de empleo.
Llegado al Gobierno el Partido Popular, su reforma laboral ha definido los requisitos para convertirse en una de dichas agencias de colocación, que se espera suscriban convenios de colaboración sobre todo con las CCAA (aunque también con el Servicio Estatal de Empleo) por los que recibirán dinero público para hacer su labor.
El estallido de solicitudes no se ha hecho esperar. El número de agencias de colocación ha pasado de poco más de 150 a finales del pasado ejercicio a más de 400 en la actualidad. A pesar de la colaboración público-privada que pretendía estimular la normativa y que es tan del gusto del ideario oficial del Partido Popular, la ley ya quiso dejar abierta la posibilidad de que la intermediación se mantuviese en el ámbito público ya que se definió como agencias de colocación a “entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que, en coordinación y, en su caso, colaboración con el servicio público de empleo correspondiente, realicen actividades de intermediación laboral”.
Madrid y Valencia
Entre los ejemplos de agencia de colocación están los ayuntamientos de Madrid y Valencia, a cuyo frente se sientan dos pesos pesados del Partido Popular, Ana Botella y Rita Barberá, respectivamente. Ambas ciudades fueron de las más madrugadoras a la hora de solicitar ser registradas como agencias de colocación.
La capital valenciana tiene un paro registrado de 81.295 personas y una tasa de desempleo según la Encuesta de Población Activa (EPA) del 22,4%, frente al 24,4% del conjunto del territorio español. La ciudad de Madrid tiene 240.528 personas registradas como desempleadas y una tasa de paro según EPA del 17,7% a finales del primer trimestre. Motivos no les faltan, como a cualquier región de España, para preocuparse por buscar soluciones al desempleo. Pero hay algo más que las une.
Ambas ciudades comparten estar entre las que tienen más dificultades de financiación de España, en un momento en que se ha estrechado el cerco a todo gasto público y se han evaporado los ingresos que proporcionaba el ladrillo. Madrid, el ayuntamiento más endeudado de España a resultas de la gestión de su ex alcalde (hoy Ministro de Justicia) Alberto Ruiz Gallardón, debe 6.347 millones de euros, lo que equivale a una deuda de 1.944 euros por habitante.
La deuda de la ciudad de Valencia se eleva a 1.110 millones (o 886 euros por habitante), en los que se incluye el crédito por 183 millones que se ha tenido que solicitar en el marco del Plan de Pago a Proveedores diseñado por el Gobierno central, debido a facturas que permanecían sin atender.
Fenómeno valenciano
Si una autonomía destaca por el número de ayuntamientos registrados como agencia de colocación esa es la Comunidad Valenciana, donde además se encuentran algunos de los consistorios con mayores dificultades de financiación de España. En regiones como Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León o Cantabria ni un solo ayuntamiento figura como agencia.
Los consistorios valencianos de Alzira, Puçol, Aldaia, El Campello, Paterna, La Nucia, Xirivella, Chiva, Carlet, Paiporta, Gandia, Silla, Nules y Pedralba, todos ellos gobernados por los populares, ya cuentan con autorización para intermediar como agencias y, por tanto, para participar en los convenios de colaboración con el Servicio de Empleo de la CCAA. También se han registrado tres consistorios valencianos gobernados por socialistas, como son Mislata, Alaquas y Ontinyent. Además figura como agencia de colocación el Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por Los Verdes del País Valenciano.
Prácticamente todos estos ayuntamientos superan una deuda por habitante de 400 euros, con casos desbocados como los 1.452 euros por habitante que debe Gandía, los 958 de Alaquas o los 716 de Silla.
En Madrid, son también varios los municipios que ya actúan como agencias de colocación, igualmente regidos por el PP. Además de la capital, se encuentran registrados Boadilla del Monte y Alcobendas.
De otras comunidades, se han registrado los ayuntamientos castellano-manchegos de Albacete, Almansa, Villarrobledo y Hellin, todos ellos gobernados igualmente por los populares, así como el de Santiago de Compostela, en A Coruña.
Fondos para promoción del empleo
El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Anual de Empleo para 2012, en el que se destinan 1.318 millones de euros a las CCAA para desarrollar políticas activas de empleo, que podrán sumarse a las partidas que pensasen destinar las autonomías en sus presupuestos.
Según Lorenzo Rivarés, portavoz de la patronal de agencias de trabajo temporal Agett, “el boom de las agencias de colocación”, en las que no solo se incluyen ayuntamientos sino sociedades privadas de todo tipo, patronales y hasta organizaciones religiosas, “ha llegado a raíz del cambio de la normativa en 2012”. Es posible, añade, “que la razón esté en los convenios de colaboración que vayan a salir por parte de los Servicios Públicos de Empleo”.
Rivarés espera que, cuando se definan los convenios, se adjudiquen fondos de un modo similar a como se hace en Europa, donde se definen cuatro fases (evaluación del candidato, itinerario profesional, intermediación y mantenimiento del empleo) y se adjudica la mayor cuantía a quienes cumplen la fase final, estableciendo además baremos según se trate de colectivos con mayor dificultad para acceder al mercado de trabajo. En Reino Unido, que utiliza este tipo de proceso en fases y donde se definen grupos por edad, formación y riesgo de exclusión social, la retribución por desempleado al que se encuentre un puesto de trabajo puede ir desde algo más de 700 euros hasta 17.000 euros.
Ser agencia de colocación puede tener otras ventajas para los ayuntamientos, réditos políticos como los que pueden obtenerse por obligar a las empresas que utilizan sus servicios de intermediación a que seleccionen solo a aquellas personas que están empadronadas en el municipio (en algunos casos, como Paterna, al menos desde hace dos años). Nada más lejos de la filosofía que dice que el trabajador debe tener tal grado de movilidad que debe estar dispuesto a ir a Laponia si allí está el puesto de trabajo que puede cubrir.
