Antes de hablar de sus impuestos, Rajoy debería explicar el régimen fiscal de su partido

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Rajoy, entre Cospedal y Arenas, junto con otros miembros de la dirección del partido, durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional celebrada el pasado día 2. / J. J. Guillén (Efe)

Ninguna comunidad política puede vivir de forma civilizada si no es capaz de pronunciar un credo y, a continuación, de responder con claridad a una pregunta exigida por esa previa declaración de fe. Esos dos requisitos son la convicción de que existe un interés general y la identificación del sujeto que se oculta detrás de la siguiente cuestión: ¿quién sirve con mayor eficacia las necesidades de la voluntad y del interés general? En definitiva: ¿quién representa mejor a unos individuos que han pasado a ser ciudadanos por su decisión de anteponer a sus intereses lo que reclama una vida en común? El interés general es un concepto abstracto que transita por toda la Constitución Española y en ocasiones se hace explícito (como en su artículo 103). El interés general puede variar de posición según lo que decida su dueño –la voluntad popular-, que es el protagonista de la vida política organizada bajo los principios de libertad, participación y pluralismo, aunque su voz deba dejarse oír, pero no de forma exclusiva, mediante esos instrumentos subordinados que son los partidos políticos, pues esa fue la opción escogida por la Constitución (artículo 6).

En teoría, todo parece muy claro. Pero, a casi cuarenta años de distancia de la muerte de Francisco Franco, no deja de ser bochornoso que los demócratas españoles podamos coincidir en una cosa con este personaje siniestro de la historia de nuestro país: que no nos gustan los partidos políticos. Duele reconocer que los palafreneros de la soberanía popular han terminado por secuestrarla en su propio beneficio particular, por adueñarse de sus destinos hasta maltratarla en sus intereses y sentimientos más íntimos. Quizás por desidia y exceso de individualismo, los ciudadanos españoles hemos consentido que la chacha y el mayordomo se nos hagan desleales, nos roben las cucharitas de plata y sean los auténticos dueños de la casa. ¿Tenía razón entonces el general de la voz atiplada, el culo gordo y una crueldad infinita en sus castigos a las clases populares españolas? No, hombre, no. Se trata de rebobinar un poco en el tiempo, poner negro sobre blanco lo que hoy está totalmente confuso, utilizar con eficacia esa magnífica herramienta que es la opinión pública y no rendirse jamás a los designios de los usurpadores del interés general y de los aventureros y logreros de la política. Porque en la política española no todos sus protagonistas están corrompidos, son unos indeseables o carecen de reflejos y de instinto de conservación. El sistema político y sus tres poderes pueden cambiar desde dentro. Pero sólo lo harán si denunciamos la falta de correspondencia entre los beneficios legales que asisten a los partidos y a su personal (de los que serían legítimos acreedores si cumplieran sus fines constitucionales) y su actividad real, en cuyo marco se difuminan hasta confundirse entre sí los intereses particulares de los miembros de los partidos y sus funciones públicas. Esos privilegios exoneran a los partidos del más importante deber de las personas físicas y las empresas: el deber de contribuir al levantamiento de las cargas públicas mediante el pago de los impuestos.

Cuartopoder.es ha publicado los elevados beneficios que ha obtenido el Partido Popular durante los últimos años. Son unos beneficios libres de impuestos. Hasta no hace mucho, los partidos políticos estaban incluidos en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que los consideraba entidades parcialmente exentas. No tributaban por sus ingresos típicos (subvenciones públicas, donaciones y cuotas de los afiliados), por considerarse rentas procedentes de las actividades que constituyen su finalidad específica. Sin embargo, la exención no se extendía a los rendimientos de sus explotaciones económicas ni a las rentas derivadas de su patrimonio. Tampoco a las ganancias obtenidas en la transmisión de bienes no afectos a la realización de su objeto social.

El régimen anterior cambió con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de financiación de los partidos políticos. Desde entonces los partidos permanecen extramuros de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y, en la práctica, gozan de exención total en este tributo. La citada Ley Orgánica 8/2007 amplió la exención a las rentas de las explotaciones económicas de los partidos y a los rendimientos de su patrimonio. También les libró de la obligación de presentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades en relación con las rentas exentas. Al principio de igualdad le repugnan las diferencias legales en beneficio de ciertas personas. No obstante, en el caso de los partidos las diferencias fiscales a su favor se justifican por la existencia presunta de dos rasgos específicos de estas organizaciones: la ausencia de afán de lucro, algo consustancial a los fines de los partidos, muy diferentes de los de las empresas privadas, como es contribuir a la formación y la manifestación de la voluntad popular, fomentar la participación política ciudadana y garantizar el pluralismo político. Para ello la Constitución les exige disponer de una estructura interna democrática.

Hoy los dirigentes de los partidos políticos españoles aprobarían sin problemas el examen teórico del carnet de conducir, pero sacarían un cero en los ejercicios prácticos. Hoy los dirigentes de los partidos políticos españoles son, como diría James M. Buchanan (que no creía en la existencia de un “interés general”), simples cazadores de rentas. Para eso, y no para los fines constitucionalmente previstos, se han apoderado del sector público. Y, además, en vez de ser los motores que nos ayuden a salir de la recesión, los partidos se han convertido en un lastre que hunde a la sociedad española en el abismo. A pesar de la desilusión e incluso del cinismo de una parte considerable de la opinión pública, ni los partidos son irrecuperables para la causa democrática ni existe ninguna evidencia empírica de la inexistencia de un interés general. Al revés, algunos episodios críticos –como la resistencia armada al nazismo- demuestran que hay mucha gente dispuesta a sacrificar la vida en beneficio de los valores morales que unen a los individuos en una comunidad democrática. En esta hora aciaga de “sálvese quien pueda” no se trata de ceder a ninguna amargura. No se trata de contemplar como algo ridículo el interés general o de pedir que se castigue a los partidos y que tributen como las empresas corrientes. De lo que se trata es de que los partidos se dediquen a lo que se tienen que dedicar, en vez de destinar sus ingresos libres de impuestos a retribuir y redondear los salarios que obtienen por otras vías más tortuosas personajes como Luis Bárcenas, Ana Mato y Jesús Sepúlveda. Y otros tantos más…

Que conste que si me refiero sólo al Partido Popular es porque en estos momentos, en los que está en el ojo del huracán, tiene la responsabilidad extraordinaria de ejercer el Gobierno. Y porque tiene muchos más ingresos que cualquier otro partido. Mariano Rajoy pretende dejar zanjada la cuestión de su inocencia frente a la corrupción mediante la publicación de sus declaraciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio. Esas declaraciones no tienen a su favor las presunciones jurídicas de los actos administrativos. Son manifestaciones de una voluntad privada y unilateral que no gozan de la presunción de veracidad ni tampoco de la de su acomodo a la legalidad. Y, en cualquier caso, se quedan cortas y no atienden al problema fundamental. Lo que Rajoy verdaderamente debe explicar a la opinión pública son las causas que han propiciado que su partido se haya convertido en una gran industria de los negocios “públicos”, haya abdicado de sus funciones propias (trazadas por la Constitución), y todo ello sin renunciar a los sistemas legales que discriminan favorablemente a los partidos como legítimos instrumentos de representación política y exponentes de la voluntad popular. Lo mejor sería que Rajoy facilitara la tarea de la policía y los jueces sin encubrir a ningún culpable. También debería pedir sinceramente perdón por algunos desastres. Y escuchar a la gente antes de que sea demasiado tarde para todos. Los jueces deben limitarse a depurar las responsabilidades que finalmente se prueben. Nada más y nada menos. Una democracia debe temer más a sus héroes y salvadores que a sus villanos, que deben pagar legalmente por sus mentiras y latrocinios. Hasta un tipo tan rutinario y plomizo como Rajoy tendría que darse cuenta del peligro que nos acecha. Antes de que a todos nos huela a pólvora esa parte del cuerpo donde la espalda pierde su casto nombre.

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