La fiscalía pide 66 años de cárcel para ocho sindicalistas por la huelga general de 2010

La mañana del 29 de septiembre de 2010 un piquete de trabajadores de la entonces CASA se encontraba a las puertas de la compañía Airbus en la localidad madrileña de Getafe. Hacía solo unas horas que había arrancado la huelga general que CCOO y UGT convocaron a un zarandeado -dentro y fuera- José Luis Rodríguez Zapatero. En las puertas de la compañía se vivían las situaciones que se viven en estos casos a las puertas de los grandes centros de trabajo. Gritos, consignas, insultos, personas que intentan acceder al trabajo, tensión con la policía, incidentes, altercados... La recurrente estampa adquiere sin embargo tintes épicos cuando leemos el informe de acusación por el que Ministerio Público solicita un total de 66 años de cárcel para ocho sindicalistas que estaban allí aquella mañana.

"Así", relata el escrito del fiscal, "los acusados actuando de común acuerdo con ánimo de menoscabar la integridad ajena y con claro conocimiento del derecho de los trabajadores de acudir a su centro de trabajo, y pese a los intentos reiterados de los agentes de la autoridad de que depusieran su actitud, procedieron a intimidar a los trabajadores que pretendían acceder al recinto mediante todo tipo de insultos (...), empujándoles, escupiéndoles, dándoles collejas o llegando incluso a agredirles (...)".

Y el fiscal relata todavía más.  "Igualmente, los acusados, con ánimo de menoscabar la integridad ajena  y conocedores del carácter de agentes de  autoridad de los policías actuantes, al tiempo que les proferían todo tipo de insultos como hijos de puta, cabrones, os vamos a matar, asesinos, en estado de gran agresividad y haciendo caso omiso de los requerimientos que estos les efectuaban de deponer su actitud, comenzaron a acorralarles y a empezar a agredirles lanzándoles todo tipo de objetos como conos reforzados con hierro o mochilas pesadas, para continuar la agresión mediante patadas, puñetazos, golpes de todo tipo, resultando numerosos agentes lesionados y llegando incluso a encerrarles a algunos en el interior del recinto al cerrar bruscamente la puerta corredera de uno de los accesos al mismo (...), y no cesando en su actitud hasta que uno de los agentes actuantes efectuó varios disparos al aire para intentar controlar la situación".

Tras este trepidante relato de los hechos -en el que nada se dice de la actuación policial ni de las lesiones sufridas por la contraparte en tan aparatoso suceso-, el fiscal solicita ocho años y tres meses de cárcel para cada uno de los ocho sindicalistas que participaron en los hechos. A todos lo mismo, como si el grado de participación de todos y cada uno de ellos y sus acciones hubieran sido exactamente las mismas. Ocho años y tres meses por los siguientes delitos:

-Por el delito contra los derechos de los trabajadores, la pena de 3 años y 6 meses de prisión (...).

-Por el delito de atentado, la pena de 1 año y 9 meses de prisión (...).

-Por cada uno de los delitos de lesiones (10 agentes presentaron partes de lesiones) , la pena de 9 meses de prisión (...).

Y, además, solicita que los procesados indemnicen a los perjudicados, conjunta y solidariamente, por una cantidad superior a las 11.000 euros.

José Alcázar, el presidente del Comité Interempresas de CASA en aquella época, hoy ya jubilado, es uno de los acusados a 8 años y 3 meses de prisión por participar en un piquete hace casi cuatro, tal y como recoge el auto dictado por el juez de primera instancia e instrucción número 4 de Getafe del pasado 7 de febrero, auto que fue notificado a los procesados (siete afiliados a CCOO y uno a UGT) el martes 11.

José Alcázar no comparte la versión del fiscal. "Eran las siete de la mañana y ya llevábamos algunas horas allí. No sé si los policías estaban cansados, pero cuando se produjo un forcejeo con un trabajador que quería entrar perdieron los nervios y actuaron de forma desproporcionada. La tensión se mantuvo hasta el punto que uno de los agentes efectuó siete disparos. Pudo ser una tragedia... Ahora, tres años después, nos comunican que nos piden ocho años y tres meses de prisión a cada uno. Es el mundo al revés".

José Alcázar recuerda también que la petición de penas es la mayor que se permite para cada uno de los delitos y que no hay precedentes de una solicitud de condena similar contra sindicalistas desde el llamado Proceso 1001, cuando, en 1973, el Tribunal de Orden Público del franquismo condenó a prisión a toda la dirección de CCOO. Las penas, entonces, fueron las siguientes: Marcelino Camacho (20 años), Nicolás Sartorius (19 años), Miguel Ángel Zamora Antón (12 años), Pedro Santiesteban (12 años), Eduardo Saborido (20 años), Francisco García Salve (19 años), Luis Fernández (12 años), Francisco Acosta (12 años), Juan Muñiz Zapico (18 años) y Fernando Soto Martín (17 años).

"Es una vuelta de tuerca más del Gobierno contra la libertad de expresión de los ciudadanos y la acción de los sindicatos. No tiene ningún sentido", aseguró José Alcázar a cuartopoder.es. Así lo ha expresado también CCOO en una nota de prensa.

La sensación de retroceso en el tiempo en este asunto y en otros como la legislación sobre el aborto, los ataques a la igualdad de oportunidades en la educación o al derecho a la sanidad universal están llegando a resultar asfixiantes. Vaya que sí.