Prestación por desempleo: menor protección que antes de salir de la crisis

  • Los trabajadores y trabajadoras madrileñas, especialmente las desempleadas, están en peores condiciones de empleo o prestaciones sociales que 2007
  • En 2008, ocho de cada diez personas desempleadas con protección recibían una prestación contributiva y en 2017 no llegan a seis

M. Cruz Elvira, economista y exsecretaria de Empleo CCOO Madrid

Al finalizar 2017, diez años después del comienzo de una de las peores crisis sufridas en nuestro país y a pesar de que la economía española empieza a reflejar cierta recuperación, los trabajadores y trabajadoras madrileñas, especialmente las personas desempleadas, están en peores condiciones tanto laborales, de empleo o prestaciones sociales que 2007.

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En el año 2007, la crisis comienza a reflejar sus peores efectos en el mercado laboral, que en la Comunidad de Madrid se manifiesta en una destrucción de empleo sin precedentes, aumento del paro y del número de personas sin prestaciones por desempleo. La solución a esta grave situación dada por los Gobiernos del PSOE y PP fue decretar las Reformas Laborales del 2010 y 2012 que supusieron mayor aumento del paro, rebaja de las condiciones de trabajo y prestaciones sociales, tanto de la población trabajadora en activo como de las personas desempleadas.

Entre los años 2007 y 2012, año del punto de inflexión desde el comienzo de la crisis, se destruyeron en la Comunidad de Madrid 340.000 puestos de trabajo asalariado y el desempleo creció en 470.200 según la EPA y 315.400 según el paro registrado en el Servicio Publico de Empleo. A partir de 2012 empieza la recuperación económica pero la repercusión en el empleo y prestaciones sociales distan mucho de conseguir los niveles de antes de la crisis. A finales de 2017 había un 5% menos de personas asalariadas, un aumento del 61,5% de parados registrados y del 116% según EPA que en 2007.

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En estos diez años las prestaciones se reducen de forma drástica, de tal forma que la tasa de protección por desempleo – personas desempleadas que cobran algún tipo de prestación – ha pasado del 71,5% en 2007 al 49,4% en el 2017 (nueve puntos inferior a la media nacional). Este retroceso que no solo afecta al número de persona beneficiarias si no también a la cuantía y calidad de las prestaciones ya que cada vez tiene menos peso las prestaciones contributivas – que son las de mayor cuantía – y ganan las asistenciales de 426 euros (subsidio, PAE RAI). En 2008, ocho de cada diez personas desempleadas con protección recibían una prestación contributiva y en 2017 no llegan a seis, por lo que en estos años el peso de las prestaciones de más calidad y mayor cuantía pierden un 30%.

Los motivos son varios: la larga duración de la crisis, donde la falta de empleo ha aumentado el paro de larga duración y con ello el agotamiento de las prestaciones; las contrataciones precarias que no dan derecho a esta prestación, los bajos salarios y el debilitamiento de los mecanismos de protección social a causa de los recortes y modificaciones legislativas en el desempleo. Recuerdo que el RDL 20/2012, redujo la cuantía de la prestación contributiva al pasar del 60% al 50% de la base reguladora a partir del sexto mes por lo que la cuantía mensual de la prestación contributiva en los últimos cinco años se ha reducido 47,5 euros/mes (ahora es de 842,2 euros mes). También se penalizó el subsidio para mayores, que de 52 años pasa a 55 y con criterios mucho más restrictivos dejando en el camino a miles de personas.

También hay diferencia de género: la brecha en las mujeres sigue aumentando, especialmente en los últimos años, curiosamente cuando empieza la recuperación económica, el descenso del paro ha sido del 41% en los varones y del 23,4% en las mujeres, lo que ha llevado que estas sean el 57% del desempleo total, con una tasa de cobertura por desempleo más de nueve puntos inferior a la de los hombres: por su discriminación en el empleo, menores salarios y contratos más precarios.

La consecuencia ha sido que al finalizar 2017 hay más personas en paro, menos protegidas y peores prestaciones que antes de la crisis, por lo que la brecha entre las personas desempleadas sin derecho a prestación ha ido aumentando. En 2007 eran excluidas de la protección 75.079 personas desempleadas registradas en el SEPE (un 33%), en 2017 esta cifra se dispara hasta las 200.000 (el 54%), casi se multiplica por tres, cifra que sería mucho mayor si se tomara como referencia el desempleo de la EPA, eso explica el aumento de la pobreza y la exclusión.

Desde 2008 la tasa de cobertura en la Comunidad de Madrid se ha reducido en 22 puntos y ha conllevado que solo en los últimos cinco años el gasto en prestaciones ha descendido en más de 1.700 millones de euros.

El ahorro de media anual de 350 millones de euros desde 2012 hubiera permitido, en una época donde la pobreza se cronifica y las prestaciones se reducen, ampliar la cobertura al desempleo y llegar con la protección asistencial a más de 137.000 personas cada año por un periodo de seis meses.

Por tanto, las sucesivas reformas acompañadas del recorte de gastos dedicados al desempleo ha tenido como resultado expulsar de la cobertura a cientos de miles de personas y bajar la cuantía de la prestación porque la nueva normativa no les daba derecho a ello o terminaban sus prestaciones sin haber encontrado un puesto de trabajo. Desde 2007 el gasto en prestaciones se ha incrementado un 0,5%, mientras las personas desempleadas lo han hecho el 38%, lo que pone de manifiesto que los recursos dedicados a prestaciones no se corresponden con la evolución del desempleo en la Comunidad de Madrid y refleja el desprecio por atender a las personas más desfavorecidas que son las que más han sufrido los efectos de la crisis.

Es necesario y urgente una profunda reforma del sistema de protección por desempleo que reduzca el periodo de tiempo cotizado para tener derecho a la prestación, incrementar la cuantía y el tiempo del subsidio y restituir el de mayores de 52 años. Compromiso inaplazable y obligado para el nuevo gobierno que deben negociar con los agentes sociales.

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