Cuando el dedo señala al corrupto

Hay un refrán anónimo que, con la variación respecto a si el aludido es tonto, bobo o imbécil, hace referencia a la necedad de quien contempla a un sabio señalar la luna y sólo se fija en el dedo. Sin embargo, la forma en que el PP trata el caso Gürtel ha introducido una novedad sobre la alusión y bien podría decirse que cuando el dedo señala al corrupto, los populares miran el dedo, aunque no por tontos sino por listillos.
Es la filosofía acreditada de Federico Trillo, el mago de los recovecos judiciales. El truco es viejo, pero nunca falla si quien lo juzga es amigo. Causa admiración ver cómo sale la carta de la manga y que, no obstante, el público cercano aplauda con fervor.
Digo que el truco es viejo porque ya se puso en práctica precisamente cuando se descubrió otra gran trama de corrupción, si no del PP, claramente vinculada al PP. Fue en 1990, con el caso Naseiro, cuando cayó nada menos que el número uno del partido en materia económica nada más ser designado por José María Aznar en el Congreso de Sevilla que le nombró presidente del PP. Dicen que se llamaba Arturo Moreno.
Lo del dedo y la luna viene al caso precisamente porque –permítaseme la licencia literaria- una “sentencia-truco” impidió que prosperase una profunda investigación que la Brigada de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía de Valencia había iniciado el 28 de noviembre de 1988. La clave fue que, buscando por orden judicial un supuesto trafico de drogas, la policía pinchó el teléfono del pepero Salvador Palop y descubrió negocios inmobiliarios fraudulentos cuyos beneficios iban presuntamente destinados, en parte, a financiar el partido.
Aunque el juez Luis Manglano descubrió y procesó a los autores de la trama, el 18 de junio de 1990, el Tribunal Supremo estimó la petición de los abogados defensores de que se anularan como prueba de cargo las once conversaciones telefónicas que habían mantenido los políticos y el empresario, al considerar que estas habían vulnerado el fundamental derecho a la intimidad de los acusados. Se fijaron en el dedo y no vieron la luna. Y el 9 de Julio, el fiscal y los acusadores retiraron todas las acusaciones porque una vez anulada la prueba principal era imposible mantener los cargos.
Ahora, en el caso Gürtel se ha intentado repetir la jugada, pero, de momento, se ha quedado en el ratón que parieron los montes tras la anulación de las cintas que mandó grabar el juez Garzón. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (después de lo que hizo el de Valencia, sabemos ahora por qué pretendieron los defensores que, como fuese, el asunto no quedase en manos del Tribunal Supremo) ha anulado todas las conversaciones grabadas en prisión entre los imputados y la defensa. Se incluyen las interceptadas a Pablo Crespo, el ex secretario de Organización del PP gallego y presunto número dos de la trama, en las que admitía la financiación irregular de ese partido en 1999; las interceptadas a Francisco Correa, la cabeza de la hidra, en las que reconocía la existencia de un pent drive con anotaciones de sobornos a dirigentes del PP; y las interceptadas a Antoine Sánchez.
Sin embargo, el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, y el propio Grazón niegan que la decisión del TSJM ponga fin al caso Gürtel. El primero considera que la decisión “tendrá un efecto muy parcial ya que hay pruebas completamente independientes y desvinculadas que permitirán continuar con la instrucción” y el segundo afirma que la causa “no se centra sólo” en las escuchas telefónicas y que “nunca fueron lo más relevante”.
Lo importante es que hay dos años previos de investigación judicial y median cientos de pruebas, desde el pent drive de la Caja B en el que se anotaban pagos de comisiones a cargos del PP como Bárcenas y López Viejo hasta las cintas grabadas con anterioridad a las de la cárcel (ahí lo que se intentará, dicen, es anularlas por el uso de SITEL), pasando por los informes de la Agencia Tributaria, la vigilancia policial a las empresas y directivos de la trama y la declaración judicial de imputados y testigos.
Con todo, algo han conseguido los adoradores del dedo –índice, no corazón–. Posiblemente no se anule la investigación pero, como temen en el PSOE, podrían retrasarla y enmarañarla con maniobras como la de Jaume Matas. Además, es previsible, dicen, que a partir de ahora las defensas de los más de 60 imputados recurran cada paso de la instrucción con el argumento de que los datos se hayan derivado de las conversaciones anuladas.
En cualquier caso, de todo lo sucedido –y repetido– cabe una conclusión. Debería cambiarse la ley. Después de todo, la broma de que se descubra accidentalmente un delito gracias a unas cintas, y que se mire para otro lado argumentando cuestiones de procedimiento, es tan condenable como si un policía que va por la calle, de paisano y fuera de horario, contempla un atraco y decide no intervenir porque está fuera de servicio. Afortunadamente, la mayoría de la gente sabe que la luna está ahí por más que los listillos distraigan la atención. Y si algunos jueces, intencionadamente, sólo miran el dedo, que intervenga el Parlamento para que, cuando menos, no puedan prohibirnos a los demás que contemplemos la luna.