Víctimas del terrorismo: homenaje y nueva ley

Las víctimas del terrorismo y sus familiares recibieron el domingo un homenaje en el salón de plenos del Congreso de los Diputados, de acuerdo con la resolución impulsada por José Bono y respaldada por todos los grupos el pasado 11 de marzo de implantar el Día de las Víctimas del Terrorismo y de evocar su memoria y reconocimiento una vez al año. La fecha elegida, el 27 de junio, coincide con el primer atentado atribuído a ETA. Ese día de 1960 --Nuestra Señora del Perpétuo Socorro en el santoral-- murió la niña de 22 meses Begoña Urroz Ibarrola. Estaba en el interior de un coche en la estación de autobuses de San Sebastián cuando unos terroristas lanzaron un coctel molotov y calcinaron el vehículo con ella dentro. Ni en Los Justos de Albert Camus los terroristas revolucionarios se atrevieron a tanto.

El homenaje contó con la presencia de la Familia Real y de los representantes de las altas instituciones del Estado. Hubo palabras de Bono y un discurso del rey Juan Carlos, llamando a la unidad contra el terrorismo, además de los consabidos saludos y apretones de manos en el salón de pasos perdidos al termino del acto institucional. Si el homenaje es de justicia, también lo es "la igualdad de trato a todas las víctimas" que establece la proposición de ley de reconocimiento y protección integral, pactada por todos los grupos parlamentarios y que vendrá a mejorar la ley 1999 en vigor. Cuatro años han sido necesarios para lograr el nuevo texto que empezó a preparar en 2005 el ex comisionado Gregorio Peces Barba.

La nueva ley permitirá revisar las indemnizaciones a las víctimas con caracter retroactivo desde el 1 de enero de 1960 y resarcir a las que han recibido ayudas inferiores a las establecidas en 1999. Las nuevas compensaciones son hasta 500.000 euros por fallecimiento, 750.000 por gran invalidez, 300.000 por incapacidad permanente absoluta, 200.000 por incapacidad total, 125.000 por incapacidad permanente parcial y 100.000 por lesiones invalidantes.

El texto, que fue presentado formalmente el lunes, establece también unas indemnizaciones equivalentes a dos días de renta de efectos múltipes --el femoso Iprem, que anda por 17 euros diarios-- por incapacidad temporal, hasta un límite de 18 meses y de tres días de Iprem por secuestro hasta un límite de 75.000 euros. Además, contempa acciones de las administraciones publicas a favor de las personas "amenazadas" e incluye a los que hayan sufrido acciones terroristas en el extranjero, lo que interpretado conforme a la filosofía contra la violación de los derechos humanos que inspira el texto, abarcaría a quienes sufrieron la violencia de mercenarios y pistoleros del Batallón Vasco Español, la triple A, el Gane, el Gal y otros elementos "contraterroristas" en el sur de Francia durante el franquismo y el posfrantquismo. En todo caso será el Ministerio del Interior el encargado de arbitrar las compensaciones.

La proposición, llamada a convertirse en ley, va a impedir definitivamente que los terroristas y cabecillas de ETA figuren en el callejero del País Vasco y sean objeto de homenaje, como venía ocurriendo hasta ahora. Y, sobre todo, ordena a los poderes publicos que contribuyan al conocimiento de la verdad, atendiendo a las causas reales de la victimización y "contribuyendo a un relato de lo sucedido que evite equidistancias morales o políticas, ambigüedades o neutralidades valorativas que atenten contra el buen nombre de las primeras (las víctimas) falseando la realidad".

Puesto que en la larga y tremenda historia del terrorismo hubo un tiempo de atentados tan enigmáticos como los que perpetraban los Gal y sus precursores contra supuestos etarras en el sur de Francia, no se yo si el párrafo quinto del preámbulo de la nueva ley --"los poderes públicos contribuirán al conocimiento de la verdad"-- animará a ciertos responsables de la "modélica transición" a despejar tantas incógnitas sobre los crímenes de aquel tiempo. Me temo que no.

La compensación a todas las víctimas y los homenajes --aunque falte tanta gente-- sirven de consuelo y reconfortan a cuantos han sufrido la dinámica criminal. Pero la verdad histórica tendrá que abrirse paso por encima de los intereses y de las coyunturas partidarias, pues es una exigencia democrática y cultural, además de una vacuna, para que nunca más el Estado de Derecho ampare y proteja conductas torcidas.