Emma Cohen, “El Cabrero” y el alcalde de Marinaleda piden la libertad de Hokman Joma

Más de un centenar de personalidades, grupos culturales y organizaciones humanitarias han realizado un llamamiento público pidiendo la libertad de Hokman Joma,  el joven kurdo que el pasado mes de febrero lanzó un zapatazo a Tayip Erdogán mientras le gritaba “asesino” y “Viva Kurdistán”. Por ese “delito”, la Fiscalía del Estado solicita su entrega a las autoridades sirias en el juicio previsto para el lunes día 28 de junio en juzgado penal número 11 de Sevilla.

Entre los firmantes de este comunicado, destacan la actriz y escritora Emma Cohen, el cantaor flamenco José Domínguez, más conocido como “El Cabrero”, y Juan Manuel Sánchez Godillo, alcalde de Marinaleda. Igualmente lleva la firma del músico Emiliano Domínguez “Zapata”, el pintor Andrés Vázquez de Sola, el  escritor Luis García Montero, el periodista Juan José Téllez, del secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Diego Cañamero, de Juan Manuel Mariscal, parlamentario y secretario general del Partido Comunista de Andalucía, y de Felipe Alcaraz, que también fue máximo representante de esta organización. Además, respaldan esta solicitud varias organizaciones defensoras de derechos humanos, como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, organizaciones no gubernamentales y numerosos abogados, profesores y periodistas.

Hokman Joma es un joven kurdo asentado en Sevilla que realizó esta acción contra el primer ministro turco en protesta por la política represiva del Gobierno de Ankara contra su pueblo, una etnia de origen indoeuropeo compuesta por cerca de 40 millones de personas. Solamente en Turquía viven más de 20 millones de kurdos distribuidos por las regiones más pobres de este país perteneciente a la Alianza Atlántica, permanente candidato a entrar en la Unión Europea y cuyo primer ministro, junto a Rodríguez Zapatero, es uno de los principales impulsores de la Alianza de Civilizaciones.

Debido a su acción de protesta, Hokman Joma fue detenido y acusado de atentado contra la autoridad, por lo que el representante del Estado solicita una pena de  tres años y ocho meses de prisión que, en caso de condena, tendrían que ser sustituidos por la devolución del encausado a su país, Siria. Desde el momento de su detención el 22 de febrero, Hokman Joma permanece en prisión provisional, un hecho que los firmantes del manifiesto consideran injustificado y opuesto a las recomendaciones del Tribunal Constitucional, dado el claro carácter político de la protesta.

En este sentido, los firmantes califican esta situación de “desproporcionada y no ajustada a derecho”, ya que, en condiciones normales, una acción de este tipo no pasaría de ser una falta sancionable, en todo caso, con multa. El abogado defensor, Luis Ocaña, recuerda que en un país como Irak una protesta semejante contra George Bush, entonces presidente de los Estados Unidos, fue castigada con una pena menor a la que ahora se solicita para este joven de 27 años.

Sobre la posible condena a ser entregado a las autoridades sirias, el comunicado recuerda que tal hecho supondría, en la práctica, ponerlo en manos de los torturadores y, en definitiva, su condena a muerte, debido a “las violaciones sistemáticas que privan de los derechos más fundamentales” al pueblo kurdo en Turquía y Siria. “Sabemos –dicen los firmantes- de la crueldad de los gobiernos turco y sirio para con el pueblo kurdo; y ante ello, exigimos el respeto para los derechos fundamentales de Hokman Joma”. Finalmente, el comunicado, que comenzó a recibir las adhesiones hace un mes ante la inmediata conclusión de un proceso por la vía de urgencia, muestra su “solidaridad con la causa del pueblo kurdo”.

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De acuerdo con una reciente información de la agencia Europa Press, Hokman Joma, por su parte, ha presentado una querella contra el escolta turco que lo inmovilizó. En opinión de Joma, la forma extremadamente violenta con que le tiró al suelo, tapándole la boca sin permitirle respirar, puede ser considerado un trato "denigrante" contra una persona que solo quiere realizar un acto de protesta simbólico. “Vulneró el derecho a la integridad moral", dice la querella, según la cual se pide a la Justicia española que identifique al escolta turco y le tome declaración, ya que, con su acción, “se lesionó una parte fundamental de la dignidad, del derecho a la libertad de expresión, al honor y la imagen que asiste a toda persona".