Las leyes españolas “ilegalizan” a miles de inmigrantes
La secretaria de Estado de Inmigración, Ana Terrón, está preocupada por “la irregularidad sobrevenida” en la que están quedando miles de inmigrantes que han perdido su puesto de trabajo. Terrón confesó esta preocupación la semana pasada ante un grupo de periodistas. No profundizó en la materia ni estimó el número de “irregulares sobrevenidos” que habitan entre nosotros, pero prometió abordar el asunto en el nuevo reglamento de la ley de extranjería que estará listo “a finales de este año”, según dijo.
Es la primera vez que un alto cargo gubernamental reconoce expresamente que las leyes españolas facilitan la “ilegalización” de inmigrantes. El fenómeno es tan evidente y masivo que no puede ser ocultado e ignorado por más tiempo. Las consecuencias de la ilegalización hasta que a finales de año en que, según Terrón, se aborde el asunto, se van a traducir en la negación de plazas escolares, de becas, de acceso a servicios sociales y en obstáculos añadidos para realizar trámites tan básicos como suscribir un contrato de alquiler o renovar el carné de conducir.
La ley de extranjería de 2003 y las sucesivas reformas introducidas por el PSOE afectan a la ley de régimen local y obligan a los ayuntamientos a dar de baja automáticamente en el padrón a los extranjeros no comunitarios que no renueven su inscripción cada dos años. Para cumplir ese precepto se les exige el permiso de residencia en vigor y para renovar ese permiso se les pide un contrato de trabajo o figurar como parado en las listas del Instituto Nacional de Empleo (INEM).
Quienes han perdido el empleo y han agotado las prestaciones del INEM añaden a su indigencia la condición de “irregulares sobrevenidos” y están siendo borrados de los padrones municipales. Según los datos que suministran las delegaciones del Gobierno a la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, los ayuntamientos dieron de baja a 232.007 inmigrantes en 2008, primer año de la crisis, y los resultados provisionales de 2009 sobrepasan los 300.000.
Una gran parte de estas víctimas de la legislación española que les borra del mapa oficial, convirtiéndoles en parias, sobrevive en la economía sumergida. El diputado del PP que se ocupa de esta materia, Rafael Hernando, preguntó por escrito a la vicepresidenta Elena Salgado cuántos extranjeros estima que pueden estar sometidos a empleo negro. Y ésta le contestó que hasta el 25 de marzo la inspección fiscal había destapado un fraude por valor de 8.024 millones de euros, de los que “una parte relevante corresponde a la economía oculta”.
De la “regularización masiva” y el "efecto llamada" que denunciaba el PP contra la decisión del presidente José Rodríguez Zapatero de acabar con la explotación negra, ilegal y sin derechos, se está pasando ahora en silencio a la “irregularización” también masiva por efecto de unas leyes alejadas de la realidad y de la crisis económica. No hace falta añadir los insólitos cuestionarios de españolidad que aplica ese juez del registro civil de Getafe (Madrid) a los que solicitan la nacionalidad española para concluir que la imaginación de Frank Kafka se quedó corta.
