Cuarto aniversario del Estatut con más inspectores de Hacienda
La presencia de la Administración General del Estado en Cataluña no ha variado significativamente desde que hace cuatro años entró en vigor el nuevo Estatuto, parcialmente anulado, corregido e interpretado por la sentencia del Tribunal Constitucional de julio pasado. Así lo revelan los datos aportados por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega al diputado de CiU y miembro de la Mesa del Congreso, Jordi Jané. La Administración Periférica del Estado sigue destinando más funcionarios a Cataluña (12.500) que a la Comunidad de Madrid (9.337).
El repliegue de policías y guardias civiles, sustituidos por los mossos d’esquadra, se ha visto parcialmente compensado desde Madrid con el aumento de inspectores fiscales y funcionarios de Hacienda. La Agencia Tributaria destina a su sección catalana en Barcelona 3.702 efectivos frente a los 1.290 que operan en Madrid. En el conjunto de Cataluña se aproximan a 5.000 del total de 12.500 funcionarios dependientes de la Administración Periférica del Estado.
Esta es la clave de por qué, pese al nuevo Estatuto, Cataluña sigue acumulando más del 12% de los 99.265 funcionarios de la administración central desplegados en las 52 provincias españolas. El Gobierno no renuncia a atar corto la fiscalidad y la financiación catalana, en la que existe un evidente interés compartido si se tiene en cuenta que representa el 20% del PIB del Estado, un porcentaje similar al de Alemania en el conjunto de la UE, como les gusta decir a los catalanes.
Más allá de esa realidad, el cuarto aniversario del nuevo Estatuto también revela la lentitud de los nuevos traspasos. Para el dirigente de Iniciativa y conseller de Interior, Joan Saura, “es decepcionante que el Gobierno no haya hecho una apuesta clara por el Estatut ni por un modelo federal; lo peor del proceso estatutario es que los ministerios siguen sin interiorizar que el Estatut supone una redistribución del poder político y económico”.
La Generalitat puede exhibir el traspaso de los Rodalies (Cercanías ferroviarias), que rubricó el ministro José Blanco y entró en vigor el 1 de enero, pero el servicio sigue siendo gestionado por la operadora estatal Renfe. También, las transferencias de la inspección de trabajo, ordenación del litoral, homologación y convalidación de estudios extranjeros no universitarios, comunicaciones electrónicas, permisos de trabajo para extracomunitarios, notarías y registros, seguridad privada, el Hospital Clínic, el observatorio meteorológico del Turó de l'Home y la presa de la Llosa del Cavall (Lleida).
En su último encuentro, José Montilla y Manuel Chaves acordaron convocar en septiembre la comisión bilateral Gobierno-Generalitat para resolver el traspaso de los aeropuertos de Reus, Girona y Sabadell, la gestión de las becas y de los trenes regionales de Renfe. Pero el hecho de que el Constitucional haya cuestionado el compromiso de mantener hasta 2012 una inversión en infraestructuras equivalente a la contribución de Cataluña al PIB del Estado, unido a la caída de ingresos fiscales, ya ha provocado la renuncia del conseller de Economía y Finanzas, Antoni Castell, a acompañar a Montilla en la lista a las elecciones de noviembre. Miquel Iceta y otros dirigentes dicen que esa decisión personal no tendrá efectos electorales. Puede que así sea, aunque un sociedad culturalmente progresista y económicamente conservadora como la catalana, suele tomar buena nota.
