Cuarto aniversario del Estatut con más inspectores de Hacienda

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La presencia de la Administración General del Estado en Cataluña no ha variado significativamente desde que hace cuatro años entró en vigor el nuevo Estatuto, parcialmente anulado, corregido e interpretado por la sentencia del Tribunal Constitucional de julio pasado. Así lo revelan los datos aportados por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega al diputado de CiU y miembro de la Mesa del Congreso, Jordi Jané. La Administración Periférica del Estado sigue destinando más funcionarios a Cataluña (12.500) que a la Comunidad de Madrid (9.337).

El repliegue de policías y guardias civiles, sustituidos por los mossos d’esquadra, se ha visto parcialmente compensado desde Madrid con el aumento de inspectores fiscales y funcionarios de Hacienda. La Agencia Tributaria destina a su sección catalana en Barcelona 3.702 efectivos frente a los 1.290 que operan en Madrid. En el conjunto de Cataluña se aproximan a 5.000 del total de 12.500 funcionarios dependientes de la Administración Periférica del Estado.

Esta es la clave de por qué, pese al nuevo Estatuto, Cataluña sigue acumulando más del 12% de los 99.265 funcionarios de la administración central desplegados en las 52 provincias españolas. El Gobierno no renuncia a atar corto la fiscalidad y la financiación catalana, en la que existe un evidente interés compartido si se tiene en cuenta que representa el 20% del PIB del Estado, un porcentaje similar al de Alemania en el conjunto de la UE, como les gusta decir a los catalanes.

Más allá de esa realidad, el cuarto aniversario del nuevo Estatuto también revela la lentitud de los nuevos traspasos. Para el dirigente de Iniciativa y conseller de Interior, Joan Saura, “es decepcionante que el Gobierno no haya hecho una apuesta clara por el Estatut ni por un modelo federal; lo peor del proceso estatutario es que los ministerios siguen sin interiorizar que el Estatut supone una redistribución del poder político y económico”.

La Generalitat puede exhibir el traspaso de los Rodalies (Cercanías ferroviarias), que rubricó el ministro José Blanco y entró en vigor el 1 de enero, pero el servicio sigue siendo gestionado por la operadora estatal Renfe. También, las transferencias de la inspección de trabajo, ordenación del litoral, homologación y convalidación de estudios extranjeros no universitarios, comunicaciones electrónicas, permisos de trabajo para extracomunitarios, notarías y registros, seguridad privada, el Hospital Clínic, el observatorio meteorológico del Turó de l'Home y la presa de la Llosa del Cavall (Lleida).

En su último encuentro, José Montilla y Manuel Chaves acordaron convocar en septiembre la comisión bilateral Gobierno-Generalitat para resolver el traspaso de los aeropuertos de Reus, Girona y Sabadell, la gestión de las becas y de los trenes regionales de Renfe. Pero el hecho de que el Constitucional haya cuestionado el compromiso de mantener hasta 2012 una inversión en infraestructuras equivalente a la contribución de Cataluña al PIB del Estado, unido a la caída de ingresos fiscales, ya ha provocado la renuncia del conseller de Economía y Finanzas, Antoni Castell, a acompañar a Montilla en la lista a las elecciones de noviembre. Miquel Iceta y otros dirigentes dicen que esa decisión personal no tendrá efectos electorales. Puede que así sea, aunque un sociedad culturalmente progresista y económicamente conservadora como la catalana, suele tomar buena nota.

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