Móviles con pólvora del rey
Garrido se gastó una pasta llamando a líneas eróticas por el teléfono móvil del Ayuntamiento. Y Aranda, el colega del grupo mixto que actuaba de tesorero municipal, dimitió antes de firmarle el gasto. José Luis Garrido era el alcalde de Vallelado (Segovia), se aficionó a escuchar a las chicas del ochocientos tres, de voz mucho más cálida y agradable que la del alguacil, y la factura subió una barbaridad. Aunque luego alegó que el aparato marcaba por su cuenta, nadie le creyó. Y a finales de agosto, ya víctima de las habladurías y de las presiones de los jefes provinciales del partido, el PP, tuvo que dejar el cargo sin que el pueblo que tanto le debe le pagara los 5.700 euros de la factura del teléfono.
Fue ante éste y otros casos parecidos cuando el diputado castellonense del PP, Miguel Barrachina, decidió pasar a la ofensiva. Elaboró una proposición no de ley, que es una figura parlamentaria muy socorrida, habló con la portavoz Soraya Sáenz de Santamaría, recibió el nihil obstat, y se lanzó a la carga porque… vamos a ver… además de los ayuntamientos, donde dicen que la probidad murió instantes después de nacer, ¿cuántos “garridos” tendrá la Administración General del Estado?
De momento sabemos por un informe elaborado por el Ministerio de Presidencia, del que es titular la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega, que el número de teléfonos móviles asignados al Estado ha pasado de 15.168 en 2004 a 56.863 en 2009, lo que supone un alza del 275%. También sabemos por ese informe, siglado “Reina”, que 24.098 de esas terminales disponen de acceso a Internet. Y, finalmente, que el coste económico anual supera los 100 millones de euros. En concreto, el presupuesto de gasto consolidado fue de 105 millones en 2008.
El diputado Barrachina no duda de que los interventores del Estado son más hábiles que Casillas y no se dejan colar un gol por muy sagaz que sea el jugador. Tampoco duda de que el Ejército, las fuerzas de seguridad, los espías, las unidades estatales contra emergencias y otros cuerpos necesitan Tic, o sea, tecnologías de información y comunicación. Pero como los datos indican que uno de cada diez funcionarios lleva un móvil en el bolsillo o pegado a la oreja y habla a cuenta del erario público –igual que los diputados y senadores–, solicita en su proposición que “se racionalice” el gasto. ¿Quién dijo que la oposición no aporta ideas?
¿Por qué he de pagar yo las charlas de los funcionari@s con sus familiares y amigos, lo sms contra Tomás Gómez y otros abusos? Claro que la oposición no puede dar ideas. Ahí están Camps, Aguirre, las redes corruptas, las de espías… toda esa tropa atrapada por el móvil.
El aire es de todos y el espacio radioeléctrico debiera ser público. No sé por qué el Estado tiene que pagar por usarlo cuando se trata de servir a los ciudadanos sin incurrir en abusos. El presidente Rodríguez Zapatero cuenta con un plantel extraordinario de juristas a su servicio. Creo que en este caso, como en otros, debe ponerlos a trabajar de inmediato.
No si lo de siempre estamos en crisys si los de siempre.
podrían preguntarle al señor de la foto que por qué un concejal del ayuntamiento del que formó parte como teniente alcalde (y del mismo partido) tiene el teléfono que le puso el ayuntamiento (de Segorbe) como teléfono de contacto de su empresa privada (el concejal se llama Angel Berga)