Los nuevos presupuestos de siempre

Llamazares elude el contacto visual con Zapatero, ayer, en el Congreso. / Fernando Alvarado (Efe)

De entre los muchos reproches que habremos de hacerle a ETA cuando desaparezca, el principal concernirá a sus vulneraciones de los Derechos Humanos. Y una vez saldadas las cuentas de los delitos, quedará una recriminación principal: el haber viciado la vida política. A los terroristas habrá que culparles del tiempo que nos han hecho perder con sus atentados, sus treguas, su falsa voluntad de negociar, sus delirios. Por otro lado, recaerá sobre los nacionalistas la responsabilidad de haber promovido un debate político nacional que gira en torno a sus particulares intereses; y a los dos grandes partidos españoles habrá que atribuirles su colaboración a la hora de otorgar a los nacionalismos ese protagonismo que no tienen atendiendo a criterios demográficos. Y quien dice demográfico dice democrático: una persona, un voto.

Con la reforma de la ley electoral sucede lo mismo. Los medios han destacado las medidas adicionales que se recogerán en ella para impedir que los voceros políticos de los terroristas estén en las instituciones. Y sin duda se trata de una noticia. Sin embargo, una vez más, lo que afecta al interés general y perjudica a los nacionalismos ha quedado excluido del debate.

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La reforma que se va a aprobar no contempla establecer al fin un sistema electoral realmente justo como, por cierto, recomendó recientemente el Consejo de Estado. El  actual no lo es: penaliza a los pequeños partidos nacionales (léase IU y UPyD) y beneficia a los partidos nacionalistas. Consagra un bipartidismo falso y da prioridad a los intereses de la derecha autonómica.

Un sistema que representara más fielmente el voto popular introduciría cambios considerables en la política española. En esta legislatura el PNV y UPyD tendrían más o menos el mismo número de diputados (actualmente UPyD tiene uno y el PNV, seis, pese a que UPyD tiene unos miles de votos más). Izquierda Unida, con un millón largo de votos, ocuparía el triple de escaños que el PNV, y no dos, como ahora. Aplicado al pacto de presupuestos, significa que el Gobierno podría haber negociado o bien unos presupuestos más sociales –para pactarlos con IU- o bien unos presupuestos más nacionales –que hubiera apoyado UPyD-. Sin embargo, ha decidido continuar la dinámica política española de los últimos 17 años, consistente en ceder competencias, dinero o poder a los nacionalistas para garantizar la permanencia en el poder del partido mayoritario de turno. Es extraño que el PSOE y el PP, incapaces de ponerse de acuerdo en casi nada, hayan coincidido –entre ellos y con los nacionalistas- en no mejorar este aspecto de la ley electoral. Tal vez en 2035, cuando ya no les quede nada por ceder, ambos partidos comprendan la importancia de haber cambiado el sistema a tiempo.