Directivos y altos cargos reciben un año de indemnización por cese
No tienen contratos blindados, asegura el Gobierno. Pero los altos cargos y directivos de las más de doscientas sociedades y entes públicos, incluidos los que dependen de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y de la dirección general del Patrimonio, reciben una indemnización de un año de salario bruto cuando son cesados o relevados. Así lo ha reconocido la vicepresidenta económica, Elena Salgado, en una información remitida al diputado del PP por Zaragoza, Ramón Moreno Bustos, uno de los cincuenta parlamentarios que no ha declarado actividad paralela ni privada alguna. La medida contrasta con los 12 días por año que perciben los trabajadores temporales, según la última reforma laboral.
De este modo se puede decir que el desalojo de más de un centenar de altos cargos de la Administración General del Estado y directivos de las empresas y sociedades públicas que se produjo en junio de 2010, a raíz de las medidas de ajuste del gasto público ordenadas por Bruselas en mayo pasado, no ha producido ahorro alguno. Todos los despedidos han recibido una indemnización de un año de sueldo, con independencia de que muchos hayan sido después destinados a otros puestos en las mismas empresas o en otras sociedades públicas.
Según la información oficial remitida por Salgado al diputado Moreno Bustos, que se interesó en su día por la existencia de contratos blindados en la Agencia Efe, “los altos cargos y el personal directivo del sector público estatal tiene una indemnización de doce mensualidades por despido, incluyendo las cuantías que en su caso puedan corresponderles por el incumplimiento total o parcial del preaviso”. De la respuesta se deduce que el ahorro de los despedidos de junio no será efectivo hasta junio próximo, algo que en su día omitió la portavoz María Teresa Fernández de la Vega al anunciar la rebaja de directivos y altos cargos.
Según Salgado, “en el caso de existir algún acuerdo previo de indemnización por cese (contrato blindado), la cuantía no podrá exceder de doce mensualidades”, según una resolución del Gobierno que data de la última legislatura de Felipe González. En los casos en los que el despido se considere “improcedente”, los jueces de lo social decidirán de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.
La información sobre la regulación gubernamental posee un interés indubitado para decenas de directivos que podrían ser relevados en el plazo de 15 meses si el presidente José Luis Rodríguez Zapatero agota, como ha dicho, la legislatura, y se produce un vuelco político a favor de los conservadores. La disposición gubernamental resulta también interesante para los integrantes de las cúpulas de las más de trescientas sociedades y entes dependientes de las autonomías y del incontable número de sociedades dependientes de ayuntamientos y diputaciones que pueden ser desalojados de sus cargos tras las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo.
Entonces eso que dice la constitución de que «todos somos iguales ante la ley», ¿qué coño es? ¿Una broma de mal gusto o un engaña-bobos paritocrático?
No hay derecho.
Estremece pensar en la cantidad de mujeres y hombres que han dejado su vida en la lucha por la dignidad y la justicia de la democracia. ¿Para esto? ¿Con qué razones van las democracias a dar lecciones a los países «subdesarrollados» políticamente? ¿A qué ese empeño en democratizar a los países islámicos, por ejemplo? Será para que los «aristós» puedan seguir con el negocio y el intercambio de favores. Vergüenza histórica. Malditos sean.
Si debemos seguir viviendo con la desconfianza y el desprecio a todos los que nos gobiernan, nos ayudará bastante aceptar el hecho. El 80% desconfía de ZP y el 85% de Rajoy, según el CIS
A los directivos hay que tratarles bien, vaya a ser que cuando los larguen, larguen y la tengamos. Sobre todo, a los del complejo militar-industrial.
José, pero no seas ingenuo, hombre! Con o sin constitución, mandan los de siempre y se les añaden cuatro listos de la película –o la política– con ganas de convertirse en nuevos ricos, que a la primera oportunidad traicionan a los que les han votado para que sigan mandando. Mira lo que han empezado a hacer con las pensiones, que es un sistema saneado y provisto con los recursos de los trabajadores: quitar el dinero a los asalariados para entregarlo a los capitalistas especuladores.