Lucha de clases en EEUU, o Alicia en el País de las Putadas Comunicantes

No es fácil describir la que se ha liado parda en Wisconsin (y ya se ha contagiado a Indiana y Ohio…¿tiembla, Torrelodones?) sin perder los nervios y los papeles. Hace tiempo que no se veía una lucha de clases tan completa y tan redonda. Conflicto tan crudo no se recuerda desde el patadón de Juanito (illa, illa…) a la cabeza de Lothar Mathäus. A poco rojo que se sea y/o a poco corazón que se tenga hay que vibrar con esos trabajadores poniendo los carromatos en círculo frente a la lluvia de flechas envenenadas del Tea Party y otras tribus asesinas.

Cautivos y desarmados los sindicatos de la empresa privada, ahora el ala republicana dura va a por los de la función pública, convencida de que una oportunidad como esta para desplumarles de sus derechos no se les vuelve a presentar en la vida. Adiós a las pensiones y a los beneficios sanitarios prometidos, adiós a esto, adiós a lo otro….¡adiós a la negociación colectiva! ¿Cómo no sacar el genio? Yo personalmente me quedo con la imagen de Sheadon O’Day, el agitador más joven de Indiana. Con sólo tres añitos acompañó a su familia a las protestas, emocionando a la gente con la pancarta “¡No me pises!”, que a su edad y con su estatura adquiría un plus de significado. Así como su espontáneo grito (o puchero) de guerra: “¡Salvemos el trabajo de mi papaaaaá!”.

Esto por un lado. Por el otro tenemos a los señores gobernadores de Wisconsin, Scott Walker, y de New Jersey, Chris Christie, argumentando que esta función pública y sus representantes sindicales son una panda de ilusos y de gandules. Privilegiadas cigarras en un mundo de hormigas que no llegan a fin de mes, no pueden pagar la universidad de los hijos y ya ni siquiera la hipoteca, etc. Que esto hay que cortarlo por lo sano.

¿Como lo de los controladores aéreos en España? La diferencia es que nuestros “privilegiados” cobraban y cobran cientos de miles de euros y aquí hablamos de gente que con suerte se saca 30.000 dólares al año. Hablamos de los bomberos que si no hacen horas extras no se apagan los fuegos. De los agentes de policía que a base de cobrar una miseria se corrompen. De profesores de instituto en barrios tomados por la delincuencia y por la droga. De los porteros de esos mismos institutos y de las señoras que en ellos friegan los inodoros y vacían las papeleras. Etc.

Bien es verdad que estos salarios bajos suelen ser la contrapartida de prestaciones sociales altas, como la posibilidad de jubilarse con la paga íntegra a edades muy tempranas, seguros médicos de calidad pagados mayormente por los ayuntamientos o por los estados, y sobre todo la garantía de que pase lo que pase, por mal que pinte la cosa, a ellos no les van a echar. Así sean tropecientos mil y la madre. ¿Será posible que efectivamente sean demasiados, que se beneficien en exceso y que supongan una carga tan insostenible para el estado como irreal para el resto de la sociedad? ¿Quién tiene razón?

Una de las cosas que me gustan de Estados Unidos es que, a diferencia de lo que muchas veces pasa en España, en este tipo de debates no se suelen imponer el “lo que yo te diga” sino los números. Uno compara cifras y saca conclusiones. Ah, pero en este caso Spain is NOT different. Cada intento que alguien dice que hace en Estados Unidos para clarificar esta cuestión todavía la deja mucho más embrollada.

Por ejemplo The New York Times deleitaba el pasado fin de semana a sus lectores con un mapa comparativo entre trabajadores públicos y privados en todo el país. El mapa de marras permitía sacar en claro algunas pautas (por ejemplo que cuando los empleados públicos tienen estudios universitarios están peor pagados que los privados; en cambio lo están mejor aquellos que no los tienen), pero básicamente no había manera de aclararse. Los mismos autores del mapa advertían de lo engañoso de ponerse a comparar churras con merinas, tablas salariales sin tener en cuenta el contrapeso de beneficios a veces intangibles (menor jornada laboral, más facilidades para prejubilarse por “incapacidades” un tanto opinables, etc.)

Luego está el poder de los sindicatos. Según otras fuentes, sólo un 7% de los trabajadores privados están sindicados, lo cual implica un descenso bastante brutal frente al 30% o que lo estaba en los años 60. Mientras que entre los empleados estatales y locales el promedio de afiliación a las unions es del 39% y en algunos puntos particulares, como Nueva York, alcanza cotas vertiginosas del 73%. En parte eso se debe a la gran movilidad laboral del sector privado americano. En muchos casos sólo los funcionarios tienen la estabilidad suficiente como para persistir en un sindicato concreto.

Ciertamente hay estadísticas que apoyan a los que denuncian un supuesto apalancamiento del sector público y de sus representantes. Por ejemplo la táctica de negociar sueldos más bajos, pero pensiones más golosas, acabó poniendo en jaque a empresas como la General Motors a medida que fue envejeciendo su plantilla. Tarde o temprano la realidad y la crisis les obligaron a rectificar. ¿Por qué los gobiernos iban a ser diferentes?

En este tipo de reflexiones han encontrado los gobernadores antisindicales un interesante filón político: su jugada es enfrentar al funcionario “subvencionado” con el sufrido currante de la calle, atizar los resortes del resentimiento y de la envidia (una estrategia históricamente más de izquierdas, fíjate) y hacer la pinza. Coadyuvaría inestimablemente a ello la torpeza innata de algunas unions, por ejemplo en New Jersey, un estado realmente en alerta roja presupuestaria. Pues los sindicaleros de allí han preferido arrostrar dolorosos despidos antes que dar su brazo a torcer haciendo concesiones que hasta los Sacco y Vanzetti del lugar consideraban razonables.

Pero ojo que no es pragmatismo todo lo que reluce. Para empezar el caudillo más bestia de esta cruzada ni siquiera es el gobernador de New Jersey sino el de Wisconsin, donde, sin poder decirse que atan a los búfalos con longanizas, tienen una situación bastante más desahogada que en New Jersey. Y unos sindicatos mucho más sensatos y dispuestos a apretarse el cinturón. Quizás por eso los autores de las protestas en Wisconsin, a diferencia de otros, están recibiendo muestras de solidaridad y de apoyo en todo el país, singularmente de los sindicatos de la privada.

Es mucho lo que está en juego y nadie puede pretender salir de esta sin dejarse algún pelo en la gatera. Para republicanos y demócratas es una lucha política a muerte, con los senadores liberales de Wisconsin emigrando a Illinois para tratar de cegar el quórum preciso para sacar adelante “estas leyes abominables”, pero otros se juegan su pan de cada día y todos en su conjunto se juegan la credibilidad del sistema. La capacidad de apuntalar un contrato social con más o menos defectos, pero que básicamente funcione.

Tienen parte de razón los que sostienen que parte de los derechos adquiridos por las unions pueden ser insostenibles a largo plazo, pero eso sólo demuestra que unos y otros llevan décadas negociando sobre bases falsas. Los sindicatos aceptando pagas menores a cambio de pensiones altas, como decíamos, los gobiernos aceptando lo mismo como una manera de pagar a crédito y aplazar el problema. Por un lado eso ha distorsionado los precios (perjudicando a veces a los asalariados privados) y por el otro ha armado una pelota colosal que mientras los números rojos se sigan dejando para mañana no pasa nada. Pero el día que por lo que sea no se puede, estalla todo como un esquema de Ponzi de esos que en el mundo privado se pagan con 150 años de cárcel. Esos son los que le han caído a Bernard Madoff por hacer en esencia lo que hacen tantos gobiernos del mundo: pagar a los jubilados de hoy con las cotizaciones de los que lo más seguro es que no tengan pensión el día de mañana.

A Madoff le hundió la crisis, a los gobiernos les ha pinchado el globo un tanto lo mismo y otro tanto el descaro de algunos políticos, como estos que mencionábamos, que ven el río lo suficientemente revuelto como para ponerse a pescar sin caña. Gente que con lo que amenaza es con la suspensión de pagos morales, pues, si es verdad que lo que los funcionarios tienen es delirante, ¿por qué se comprometió el Estado a dárselo? ¿Qué pasa, que en realidad nunca pensó cumplir sus promesas, que era todo mentira? ¿Qué ciudadano particular del mundo privado podría plantarse en un banco y decir, oiga, es que, como me he dado cuenta de que me estáis cobrando una barbaridad por la hipoteca, pues no os la pago y ya está? ¿Qué diría el juez?

No sé qué me da más miedo, que se siente el precedente de que el Estado puede incumplir sus promesas y no pasa nada, o el de que las cumple, pero, ¿a costa de qué? Porque una cosa sí que hay que tenerla bien clara: esto es una intrincadísima red de putadas comunicantes. Si los funcionarios y sus sindicatos aguantan el tirón, el pato no lo van a pagar los gobernadores sino el contribuyente. A todo dios le crujirán a impuestos.

¿Sigue en pie nuestra solidaridad?