La detención del 'comando dormido de ETA' revela la trampa de Sortu

La detención de los miembros del comando Otazua de ETA ha puesto de relieve que la organización no ha replegado hacia Francia a sus activistas como hizo durante la tregua de 2006 y que esta dispuesta a volver a atentar en cualquier momento. La verificación del alto el fuego fue realizada hace cinco años por las fuerzas de seguridad del Estado. En esta ocasión, ETA estaba dispuesta a que una comisión internacional certificase el cese de su actividad. Los doscientos kilos de explosivos y el material para fabricar bombas lapa que los detenidos Iñigo Zapirain, Beatriz Etxebarría y Daniel Pastor tenían en su poder, y la lista de objetivos confeccionada en 2008 (jueces y miembros de la Ertzintza) confirma que iban a volver a atentar.

Zapirain confesó en las dependencias de la Guardia Civil, ante un abogado de oficio, que participó en el atentado contra el inspector de policía Eduardo Puelles, al que mataron en junio de 2009 en Arrigorriaga (Vizcaya) con una bomba-lapa bajo su coche, y que participó en la colocación del coche bomba que acabó con la vida del  brigada del Ejército Luis Conde de la Cruz en Santoña (Cantabria), en septiembre de 2008. El comando estaba operativo desde 2006 y habría realizado doce atentados más, entre ellos, la colocación de un coche bomba contra las viviendas de la Guardia Civil en Burgos, en julio de 2009. La explosión causó 66 heridos.

Los miembros del comando actuaban con la tapadera de una empresa de albañilería y trabajos verticales y mantenían su capacidad operativa intacta para volver a atentar, antes incluso de las elecciones del 22 de mayo.

Según fuentes políticas, el vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no ha contestado a ningún mensaje que le han transmitido los mediadores, y ha mantenido puntualmente informado al PP a través del responsable de seguridad y libertades del partido, Federico Trillo.

La detención del comando más activo de ETA fue posible gracias a una labor continuada de investigación a partir de la documentación incautada en su día a los ex dirigentes etarras Garikoitz Azpiazu, Txeroki y Mikel Carrera, Ata. Los arrestos y los episodios de violencia callejera que se registraron en protesta por las detenciones constituían una buena oportunidad para que Sortu, el nuevo partido de la izquierda abertzale que agrupa a bastantes miembros de la ilegalizada Batasuna rechazase la violencia y la continuidad de los taldes y comandos dormidos. Pero lejos de eso, han pedido que no se detenga a los terroristas y han tildado de "detenciones políticas" los arrestos.

Mientras la Fiscalía prepara sus argumentos para pedir al Supremo que rechace la legalización de Sortu, el pliego de alegaciones de la abogacía del Estado contra la nueva formación vincula directamente a algunos promotores de Sortu con ETA. Después de tachar de “cosmético, retórico e instrumental” el rechazo estatutario de la violencia, el abogado del Estado Joaquín de Fuentes Bardají, aporta datos policiales que demuestran que la nueva marca se inscribe en una “estrategia política sincronizada con ETA”, de la que la organización terrorista es “motor y parte actora principal”.

Ayuda a los etarras

El dato más contundente es que el promotor de Sortu José Javier Artola Zubillaga figura como titular de una cuenta en la Caja Laboral Popular que ha sido utilizada para recaudar fondos para los presos de ETA. La cuenta se nutría con aportaciones de personas relacionadas con la docencia universitaria para los miembros de ETA en prisión relacionados con el sumario 18/98 Ignacio Alegría, Patxi Xabier Arregi y Mikel Iruskieta entre otros. Las alegaciones revelan que la también promotora de Sortu, Sonia Respaldiza, aparece citada en los papeles incautados a Ibón Fernández Iradi, Susper, “como posible integrante de ETA”. En concreto dice que estuvo en conversaciones para entrar en la banda terrorista y que su nombre figuraba en los documentos encriptados que guardaba Susper en su ordenador.

También considera a José María Compains integrante del complejo Ekin/ETA, y a Arantxa Zulueta, “una de las más estrechas y fieles colaboradoras de ETA”. Incluso los coches que utilizaron para llevar a Madrid los estatutos del nuevo partido y depositarlos en el Ministerio del Interior fueron alquilados por personas ligadas a Batasuna y ETA, según asegura el abogado del Estado basándose en datos policiales. En la elaboración de los estatutos calificados ahora de "cosmeticos" por el abogado del Estado, su redactor, el letrado Iñigo Iruin, contó con el asesoramiento constitucional desinteresado del catedrático de la Universidad de Sevilla y redactor del Estatuto de Autonomía de Andalucía Javier Pérez Royo, quien ha reconocido que Iruin fue a verle en Semana Santa de 2010 y él le envió precisiones y correcciones a los estatutos de Sortu que fueron incluidas.