El Gobierno decide escuchar y discutir las propuestas de los indignados

Miembros del 15M pernoctaron anoche en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. / Alberto Martín (Efe)

Cuando llegaron sus señorías, los indignados seguían allí. Habían pasado la noche al raso, enfundados en sacos, en la bajera de la Carrera de San Jerónimo, a unos cien metros del Congreso de los Diputados y querían dar los buenos días a los diputados y a los miembros del Gobierno, que pasaron en sus brillantes coches blindados. Todavía se escuchaban en el patio sus exigencias de higiene democrática, igualdad electoral y sus gritos contra unos políticos y una política supeditada a los mercados financieros cuando el vicepresidente y candidato del PSOE a la presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó que “no hay que criminalizarlos, sino escucharlos, aunque sin regalarles los oídos”.

Poco después, los indignados se fueron a los juzgados de la Plaza de Castilla a solidarizarse con el medio centenar de los que ya han sido “criminalizados”. Y el titular de la Presidencia, Ramón Jáuregui, subió a la tribuna a responder a una interpelación de Gaspar Llamazares y manifestó la disposición del Ejecutivo a “debatir sus reivindicaciones y planteamientos, aunque algunos sean contradictorios y otras ya hayan sido recogidas por el Gobierno y por las instituciones democráticas”. De la interpelación se derivarán mociones concretas que serán votadas tras el debate sobre el estado de la nación de la próxima semana.

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¿Qué es lo que el Gobierno del PSOE está dispuesto a debatir? Jáuregui identificó “cuatro grandes líneas: la crisis, el paro, las hipotecas y la calidad de la democracia”. Sobre las hipotecas, ya el Congreso ha creado una subcomisión. Sobre la crisis económica ya es sabido que no la han producido quienes la están pagando, los trabajadores y los pensionistas. “Pero si aceptamos la economía de mercado, no la sociedad de mercado –precisó Jáuregui--, los indignados han de saber que el pacto por el euro es necesario; fuera del euro, Europa desaparece y España se va al infierno”. Eso dijo.

Desde luego, el Gobierno es partidario de que los poderes financieros queden sometidos a la regulación más rigurosa que dicten los representantes políticos y en ese sentido el Ejecutivo trabaja en la implantación de mecanismos de supervisión –incluida la limitación de las remuneraciones de los directivos de las entidades– y el propio presidente ha abogado ante Naciones Unidas por la implantación de la Tasa Tobin sobre las transacciones financieras para ayudar a la gente de los países empobrecidos y realizar políticas sociales. Pero ocurre que algunas medidas requieren tiempo y otras, como la tasa del famoso Tobin siguen fuera del tiempo y del espacio, en el terreno de lo ucrónico y lo utópico.

Sobre el desempleo pidió Jáuregui confianza en la reforma laboral y de la negociación colectiva, que los diputados del PSOE aprobaron el miércoles en solitario, con la contestación de los sindicatos y también del movimiento de los indignados. Y sobre la “calidad de la democracia” dijo que “el Gobierno se suma a esa demanda”, aunque advirtió que “la reforma electoral no es la panacea” y la lucha contra la corrupción “es una larga marcha, como la de Mao”. Eso sí, aprovechó un lema de los indignados: “Nuestros sueños no caben en una urna”, para recordar que durante cuarenta años “mi sueño y el suyo –en referencia a Llamazares– era que hubiera urnas; yo no quiero sumarme a lo despreciable”.

Hace setenta años identificó Albert Camus dos fuerzas ingobernables: el amor y la indignación. Del existencialista francés utilizó Llamazares su “novela favorita”, La Peste, para pedir al Gobierno y a todas las fuerzas políticas que no pasen de ignorar la enfermedad a negarla mientras “socializan el sufrimiento” y, finalmente, a cerrar la puerta mientras dejan que las ratas –“los especuladores financieros”, precisó– se apoderen de la ciudad.

Tal vez conscientes de la conveniencia de encauzar las fuerzas de la indignación, la noche del martes, al tiempo que los primeros indignados llegaban a las proximidades del Congreso y un número de policías nacionales muy superior se apresuraba a vallar y controlar la zona también por aire con dos helicópteros, sus señorías aprobaron una moción con dos medidas: por un lado se comprometen a cortar la financiación de los partidos políticos a través de fundaciones y por otro prometen aprovechar la reforma de la ley electoral sobre la publicación del patrimonio de los parlamentarios para “profundizar en la democracia y la participación política, además de la transparencia y control de las instituciones democráticas”.