Miles de personas claman en 41 ciudades contra los desahucios y abusos de la banca

A Rosa Pérez le embargaron el piso por no poder pagar la hipoteca. Eran 800 euros al mes, pero perdió el trabajo, vive sola, tiene dos hijos de corta edad y no podía pagar las letras. Recibió la orden de embargo y Caja Madrid se quedó con su piso. Estaba tasado en 120.000 euros y fue subastado en 65.000, el máximo que permite la ley. Rosa había pagado más de 45.000 euros en intereses desde 2004 y unos 6.000 del principal. Pero después de perder la casa, el mandamiento judicial la obliga a seguir pagando hasta que satisfaga el importe total de la hipoteca.

El caso de Rosa se repite 200 veces al día desde 2007, según denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Quiere decirse que desde que comenzó la crisis financiera, casi 300.000 españoles han sufrido el embargo y posterior desahucio de su vivienda. “Cada día se producen 150 desahucios”, dice el último informe del Consejo General del Poder Judicial. La situación no es sólo injusta y lacerante, sino también auspiciadora de un abusivo negocio de los bancos, que se quedan con los pisos en subasta a mitad de precio y pueden revenderlos a valor de mercado mientras la ley obliga a los desahuciados a seguirles pagando. También algunos ganímedes con mano y empleo en los juzgados se aprovechan de esa situación. Una actuación rigurosa de la inspección judicial arrojaría claridad al respecto.

Para denunciar los abusos, perfectamente legales, y exigir la reforma de la ley hipotecaria y de otras normas que impiden la “dación en pago” o cancelación total de la hipoteca con la entrega de la vivienda a los bancos, miles de personas se echaron a la calle la tarde de ayer domingo en 41 ciudades españolas, convocadas por la PAH con el apoyo de las fuerzas de la indignación, el 15M, Democracia real ya y otros colectivos.

En Madrid, Barcelona y Valencia se registraron las manifestaciones más numerosas. En la capital, más de 3.000 personas recorrieron la calle de Alcalá desde Cibeles hasta la Puerta del Sol con consignas contra los desahucios y los banqueros. Frente a la sede del Banco de España gritaron: “Aquí está la cueva de Alí Babá” y al pasar ante la del Santander silbaron y gritaron “chorizo” al señor Botín. Una comparsa con tambores animaba la marcha. Se leían carteles: “Banqueros, usureros”, “derecho a techo”, “vivienda digna”, “stop desahucios”. El lema de la marcha fue: “Por el derecho a la vivienda: Dación en pago retroactiva, stop desahucios y alquiler social ya”.

La manifestación de Barcelona partió a la misma hora de la Plaza de Cataluña y registró una afluencia estimada en 4.000 personas. En Alicante y Valencia las protestas congregaron a otras 3.000 personas. En Granada se registró la concentración más numerosa de las convocadas en las capitales andaluzas, con una afluencia entre quinientas y mil personas. Los manifestantes acortaron el recorrido para no coincidir con la procesión de la Virgen de las Angustias. Varios cientos de personas se concentraron también en las calles y plazas céntricas de las demás ciudades, si bien en Bilbao se enteraron de la manifestación unitaria en San Sebastián cuando ya estaban en el lugar de la cita, delante de los juzgados.

[youtube width="618" height="344"]http://www.youtube.com/watch?v=6CU2f0J7vqI&feature=player_embedded[/youtube]

Los convocantes expresan sus objetivos en la web de la plataforma, en la que también dan cuenta de las acciones rápidas para evitar los desalojos. Como en la depresión de los años treinta en Alemania, los activistas antidesahucio acuden prestos ante las casas de las que reciben aviso de desalojo. En Cataluña han conseguido evitar unos setenta. Si en los años treinta gritaban: “Ni un desalojo en los barrios rojos”, ahora exhiben un “Stop al desahucio” con formato de señal de tráfico.

El principal objetivo de la plataforma es exigir la reforma de la ley hipotecaria, que consideran injusta porque endeuda casi de por vida a las familias desahuciadas, al conceder una sobreprotección a las entidades bancarias en detrimento de las familias que están perdiendo sus empleos y casas debido a la crisis. La fórmula de la “dación en pago” que propugnan recibió ayer el respaldo explícito de Jueces para la Democracia mediante un comunicado.

En sentido contrario, el Gobierno viene escamoteando una solución al problema desde que estalló la crisis. Aparte el señuelo electoral de 2008 de ayuda a los jóvenes con empleo y sueldos de submileuristas para que alquilen viviendas, el propio presidente José Luis Rodríguez Zapatero rechazó en marzo pasado en el Congreso una reforma de las hipotecas que implantara la dación en pago porque, según dijo, “sería peligroso para el sistema financiero”.

Zapatero ni siquiera admitió el desequilibrio entre el trato a los banqueros y a la “buena gente”. Ante la denuncia del portavoz de ERC Joan Ridao de que el Gobierno ha intervenido con más de 100.000 millones de dinero público para ayudar a la banca, cuando los cinco grandes declararon en 2010 un beneficio de 15.000 millones, curiosamente el mismo importe que las hipotecas ejecutadas en ese ejercicio, Zapatero se escudó en que “también la buena gente tiene su dinero en los bancos, por lo que parece razonable proteger sus ahorros”, y eludió la cuestión principal: que aquí se permite a la banca “quedarse con la vivienda por un 50 % de su valor en subasta”.

Fechas después, en el debate del estado de la nación, anunció que elevaría la cantidad inembargable por impago de hipoteca a una cantidad equivalente al 1,5 veces el salario mínimo interprofesional, algo más de 900 euros mensuales, y a 1.250 euros si el embargado tiene familia. Y remitió la medida a una subcomisión parlamentaria creada rápidamente para estudiar el problema ante la evidencia de la indignación popular. Sin embargo, hoy se disuelven unas Cortes que han reformado la Constitución en veinte días para “tranquilizar a los mercados financieros”, pero no han tenido tiempo suficiente para abordar el problema de las hipotecas y los desahucios. La única medida, aprobada en el último pleno, ha sido la reforma procesal para, entre otras cosas, agilizar los juicios por desahucio.