Lo dicen hasta las eléctricas: “Este Gobierno no escucha a nadie”

"Este Gobierno no escucha a nadie”. La frase no es de un indignado ni de un sindicalista atormentado por la reforma laboral, ni tampoco de Rubalcaba. Es la expresión que utiliza el directivo de una gran compañía eléctrica para referirse a la pretensión del Ejecutivo de plantear una quita a la deuda que el Estado mantiene con el sector debido al famoso déficit de tarifa, que cada año se incrementa en unos 4.000 millones de euros porque lo que pagan los consumidores por la energía no da para pagar el transporte, la distribución y las primas a algunas renovables.

En contra de lo que pudiera parecer, la bestia negra de las eléctricas no es el ministro del Industria, José Manuel Soria, del que el sector opina que es un canario muy afable, sino el actual director de la oficina económica de Moncloa, Álvaro Nadal, al que sus 41 años le han dado para muchas cosas, incluso a pasar por Harvard: fue asesor de Piqué, de Rato y de Montoro, en la anterior etapa del PP en el Gobierno, y ha sido el ‘machaca’ de éste último en la oposición. Ahora es el experto económico de cabecera de Rajoy y está decidido a que no sean sólo los consumidores y los contribuyentes los que apoquinen para tapar el agujero que el propio PP inició cuando Aznar quiso demostrar que con él era posible que bajara el recibo de la luz. “El que le hace a Soria los papeles es Nadal”, asegura el ejecutivo antes citado.

Para situarnos, la situación es ésta: se debían unos 24.000 millones de euros, que hasta este momento se consideraba deuda avalada por el Estado. Tal es así, que en 2011 el Tesoro emitió títulos por importe de 11.000 millones, y lo recaudado se repartió entre las compañías acreedoras, de los que un 44% correspondieron a Endesa, un 35% a Iberdrola y casi un 14% a Gas Natural-Fenosa. Se les sigue adeudando por lo tanto 13.000 millones, a los que habría que sumar el déficit generado en 2011 y el previsto para este año, lo que devuelve la cifra al entorno de los 22.000 millones. La quita, cuya cuantía no se ha precisado, tiene a las eléctricas en tal estado de nervios que ya han amenazado con denunciar el trágala como una ayuda de Estado a las empresas competidoras que no pasarán por caja.

Pero vayamos primero al déficit. Las eléctricas sostienen que producir electricidad en España no les es rentable y que si tienen beneficios es por sus negocios en otros países. Y ello, debido a que se les ha obligado a comprar con un sobreprecio inasumible la electricidad que producen energías renovables no maduras. Así, de acuerdo a sus cifras, mientras el coste de las energías convencionales es de 50 euros el megavatio (10 euros en el caso de la nuclear), la de la fotovoltaica y, especialmente, la termosolar supera los 340 euros.

Según los datos provisionales de Red Eléctrica, el parque eléctrico español tenía en 2011 una capacidad instalada  de 100.576 megavatios, más que suficiente en teoría para cubrir una demanda que los dos días de su máximo anual (24 y 25 de enero) no llegó a los 45.000 megavatios. De dicho parque, 3.903 megavatios corresponden a fuentes de energía solar fotovoltaica y 949 a termoeléctrica.

La llegada del PP al Gobierno generó entre las grandes compañías eléctricas la expectativa de que se cerraría el grifo a estas renovables, para las que se había estimado un crecimiento del entorno de 2.500 megavatios, subvencionados por 25 años, lo que vendría a engordar indefinidamente el déficit. Y es que siendo muy loable el impuso a las renovables, lo cierto es que su actividad se ha llegado a convertir en un producto financiero. Bancos como el Santander se ha hinchado a ganar dinero ofertando huertos solares llave en mano. El mecanismo era doble: el banco recluta de entre sus clientes a unos 50 inversores y los convierte en accionistas de la explotadora de la instalación de energía solar con la promesa de rentabilidades anuales superiores al 10%, o directamente les facilita el llamado leasing fotovoltaico, ya sea para compra o instalación. En este último caso, es el Santander quien decide si el proveedor es adecuado. El negocio, obviamente, es redondo para la entidad financiera, ya que las primas son recurrentes y las ganancias notables. De hecho, no es descabellado afirmar que indirectamente el banco de Emilio Botín es el primer productor de energía solar en España.

Tras cancelar el cierre de la nuclear de Garoña –asunto por el que sus propietarias (Endesa e Iberdrola) reclamaban 951 millones de euros como lucro cesante y, en consecuencia, esta misma cantidad retornará a sus balances como beneficio–, las compañías se las prometían muy felices, hasta que Industria decidió respetar el plan de instalación de nuevas plantas termosolares, para las que existía un prerregistro por el que habían pasado a pedir la vez las principales constructoras del país. Del indulto a las plantas proyectadas se benefician especialmente ACS, Acciona, y Abengoa, a las que corresponden más de 1.300 de los 2.500 nuevos megavatios autorizados. Según los gigantes del sector, esto supone incrementar los gastos del sistema a razón de 2.000 millones de euros anuales hasta más allá del 2035.

Con este panorama, la amenaza de una quita en la deuda no es que tenga sublevadas a las eléctricas, es que las tiene desconcertadas porque el Gobierno parece no contemplar ninguna de sus alternativas para eliminar el déficit de tarifa, fundamentalmente dos: forzar el cese de la actividad de estas instalaciones e indemnizar a sus propietarios con el justiprecio correspondiente, y subir los peajes de la tarifa eléctrica un 10% este año y otro 10% el siguiente. ¿Que qué dice el Gobierno? “Nada. No escuchan. “Con el PSOE –se lamentaba el directivo– siempre nos fue mejor que con el PP”.