El PSOE exige a los directivos de cajas quebradas las prebendas de un lustro

Las direcciones del PSOE y de IU  han suspendido de militancia (por petición de los interesados) a sus consejeros en Bankia imputados por la Audiencia Nacional, tres en total; además, el PSOE les va a pedir que abandonen inmediatamente el consejo de Caja Madrid y, junto con IU, va a insistir en la creación de una comisión de investigación sobre la gestión y los avatares de la entidad durante la presidencia de Miguel Blesa y Rodrigo Rato sucesivamente. El PSOE añadió a estas iniciativas una proposición no de ley para exigir a todos los directivos y consejeros de las cajas quebradas que devuelvan las remuneraciones, blindajes, prebendas que percibieron por encima de su sueldo en los cinco últimos años.

La decisión de la Audiencia Nacional de admitir a trámite la querella de UPyD, refrendada por el fiscal anticorrupción, contra 34 consejeros del BFA-Bankia por cinco presuntos delitos, entre ellos, apropiación indebida, sirvió de revulsivo al PSOE e IU para establecer un “cordón sanitario” y suspender de militancia a los representantes que designaron en su día en Caja Madrid. El portavoz socialista de economía, Valeriano Gómez, dijo que los tres imputados del PSOE también deben abandonar el consejo de Caja Madrid.

En medios socialistas llama la atención que la querella de UPyD, que no tenía consejeros en Bankia, haya dejado al margen de responsabilidad al designado en su día por el PSOE, Virgilio Zapatero, que fue ministro de la Presidencia con Felipe González y ha sido rector de la Universidad de Alcalá de Henares. Los socialistas deploran que el PP haya rechazado las comparecencias de Rato, su antecesor Blesa, el expresidente de Bancaja y expolítico conservador José Luis Olivas, y los supervisores Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Julio Segura, gobernador del Banco de España y presidente de la CNMV, respectivamente. Éstos y otros relacionados en la querella, incluido el consejero delegado de la entidad, Francisco Verdú, que dimitió de su cargo el miércoles, tendrán que desfilar ahora por la Audiencia Nacional como protagonistas de un culebrón judicial que puede durar varios años.

A pesar de que el PP ha conseguido de momento esquivar las responsabilidades políticas –“Todo el mundo sabe quien mandaba en Caja Madrid y en Bancaja y pocos ignoran que Rato fue designado por Mariano Rajoy en 2010 para resolver las luchas intestinas en el PP de Madrid entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón”, recuerda Gómez--, los socialistas insisten en crear una comisión de investigación y han pedido un pleno extraordinario. IU sostiene que si la mayoría gubernamental rechazó la comisión en el pleno del 12 de junio, “ahora está más justificada todavía la petición”.

La formación que dirige Cayo Lara lanzó un manifiesto con la UGT, el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Ayuda a los Ciudadanos (Attac) y la Plataforma por la Nacionalización de la Banca, en el que exigen una investigación parlamentaria. El escrito recuerda: “Desde  que comenzó la crisis, Bancos y Cajas han recibido más de 500.000 millones de euros en ayudas de distinto tipo (ayudas directas, avales para renegociar sus créditos, préstamos transformables en capital y créditos blandos del Banco Central Europeo). Mediante la privatización y bancarización de las Cajas de Ahorro, seguidas ahora de su intervención a través de los mecanismos financieros públicos, se han transferido enormes cantidades de dinero público español y europeo a las instituciones financieras privadas y privatizadas”.

Tras afirmar que en el caso de Bankia, el Gobierno va a reforzar el capital del banco con casi 24.000 millones de euros (cerca de 2,5 veces lo que se recorta en educación y sanidad), exige una investigación porque “la ciudadanía tiene derecho a conocer las causas que nos han llevado a esta situación y a exigir responsabilidades por una gestión deplorable: créditos temerarios, operaciones de dudosa legalidad, operativa hacia y desde paraísos fiscales, evaluación cómplice de los riesgos, posible falsedad de los balances contables, financiación de inversiones en infraestructuras sin ningún respaldo técnico y económico solvente (que han dado lugar a aeropuertos inútiles, a cientos de miles de viviendas vacías al tiempo que se desahucia  a familias con dificultades para pagar su hipoteca y a urbanizaciones y polígonos sin uso), cuantiosos créditos para operaciones corporativas globales o para intereses particulares con condiciones muy favorables,  retribuciones y pensiones escandalosas de los miembros de los consejos de administración”.

Sobre este último punto, las retribuciones y pensiones escandalosas, el PSOE promovió ayer la modificación de legislación de sociedades para que, según la proposición no de ley que presentó Jesús Caldera, “los altos directivos y miembros de los consejos de administración de las entidades bancarias que han recibido ayudas públicas, debido a las pérdidas en las que han incurrido por la gestión desarrollada, reintegren las retribuciones recibidas en concepto de blindaje, salarios diferidos, planes de pensiones, indemnizaciones u otras remuneraciones complementarias durante los últimos cinco años y al abandonar las entidades”.