El Gobierno endosará a las autonomías una parte de los 400 euros a los parados
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no quiso, no supo o no pudo explicar las nuevas condiciones que impondrá a los 211.000 parados para mantener la ayuda de 400 euros mensuales que actualmente reciben tras agotar el subsidio de desempleo. La secuencia ya es conocida: los sindicatos pidieron al Rey que intercediera para prorrogar la ayuda y el presidente del Gobierno salió de la entrevista veraniega con el jefe del Estado anunciando que lo hará “porque es justo”, aunque con modificaciones que no concretó.
Las dificultades didácticas de Rajoy, de vacaciones en Galicia con un retén en La Moncloa para duelos y felicitaciones olímpicas, se explican por la decisión de recortar 1.555 millones de euros de las políticas de formación para el empleo en el Presupuesto de este año. Así lo insinuaron personas cercanas a la ministra Fátima Báñez. Sus buenas relaciones con el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, no evitan la crítica soterrada sobre el “círculo vicioso” en el que ha incurrido al podar las ayudas a la formación para el empleo y las bonificaciones a la inserción laboral.
El razonamiento es sencillo: en 2010 y 2011 se beneficiaron ocho millones de trabajadores y unas 800.000 empresas medianas y pequeñas (entre uno y 249 trabajadores) de los planes de formación para el empleo, según los datos cerrados en el primer trimestre de este año que manejaba el Gobierno. Pero el recorte de 1.555 millones en los programas de formación e inserción ha operado como el principio de Arquímedes, provocando un empuje hacia arriba del número de parados equivalente a la fuerza del hachazo.
Según datos recabados por el portavoz de CiU en materia social, Carles Campuzano, en 2010 recibieron ayuda para la formación y el empleo 376.800 pymes, lo que supuso el 99,0% del total de empresas formadoras y significó el 24,4% de las registradas en la Seguridad Social con unas plantillas inferiores a 250 trabajadores. La cifra aumentó en 2011, con 428.479 empresas formadoras, el 28,7% de las pymes registradas en la Tesorería de la Seguridad Social.
Los recursos destinados a la formación profesional para el empleo fueron 2.325,5 millones de euros en 2010 y bajaron a 2.198,5 el año pasado. De la cantidad del último año, 1.076,6 millones fueron gestionados por las Comunidades Autónomas –excepto Euskadi, que lo incluye en el cupo, Ceuta y Melilla-- y 1.121,9 por el Gobierno central a través del Servicio Público de Empleo Estatal y mediante bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social.
Más allá del recorte de 1.555 millones de euros, con la consiguiente supresión de un plumazo de las reducciones de cuotas a la Seguridad Social para ayudar a la contratación, la estructura de la inversión indica que mientras las Autonomías dedican la mayor parte del dinero a la formación profesional de los trabajadores en paro (744,3 millones para desempleados y 332,3 para ocupados en 2011), el Gobierno central destina casi todos sus recursos a los programas para trabajadores con empleo ( 1.082,2 millones frente a 39,7 para desempleados en 2011).
En términos prácticos, las fuentes consultadas señalan que el margen para cubrir el coste de la prórroga de los 400 euros, estimado en 1.200 millones para el conjunto del año, es muy escaso. Y aunque el Gobierno y, singularmente, el titular de Hacienda, puede jugar con el margen de la reducción temporal del subsidio de paro, intentará endosar a las autonomías parte del pago y el importe del plan de formación. Si hace seis meses esos “parados de Zapatero”, según la terminología del portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, eran 125.000, ahora son 211.000 y se estima que los desempleados en situación de necesidad extrema alcanzarán el medio millón a final de año.
