El PP saca adelante en solitario el “Presupuesto del hambre y el paro”

Solo una persona tan ocurrente como el ministro Cristobal Montoro podía afirmar que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013 “son los más sociales de la historia de la democracia”. Y sólo unos diputados que aplauden todo lo que viene del Gobierno, incluidos los embustes goebelianos, podían manifestar tan ruidoso asentimiento. La verdad es que los propios colaboradores del ministro tildaban en los pasillos las cuentas del reino de “simples presupuestillos” y que todos los grupos menos el PP presentaron enmiendas de devolución. Las once fueron rechazadas en la mañana de este miércoles por 179 votos en contra del PP,148 a favor y una abstención del Foro Asturias. A la votación faltaron 22 diputados.

El ministro de Hacienda destacó la prioridad de seguir recortando el gasto público porque, según dijo, la reducción del déficit es vital para “atajar el crecimiento de la deuda”, cuyos intereses aumentan en 10.000 millones el año que viene y se comen la aportación fiscal de los ciudadanos. Como los ingresos evolucionan bien –en septiembre crecieron un 15,7%--, gracias a las subidas de impuestos, Montoro cree que este año se recaudarán los 149.000 millones previstos y se reducirá el déficit público al 6,3 impuesto por la UE. Con inflexiones de recitolero o chirlate, que dirían en su tierra, destacó la buena evolución de la balanza de pagos gracias al turismo y las exportaciones. Su previsión es que el saldo positivo siga creciendo en 2013 con un aumento del 6% de la exportación respecto a este ejercicio.

Luego incidió en la austeridad como vía para “recuperar la confianza” de los inversores y obtener la financiación necesaria. En esa línea, las cuentas de la Administración General del Estado se reducen un promedio del 7,3% respecto a este año y quedan en 80.317 millones de euros. Si se restan las obligadas transferencias a la UE, a las clases pasivas y al desempleo, el gasto de los ministerios queda en 39.722 millones de euros, un 8,9% menos que este año. La única excepción es Defensa, que ve aminorado su presupuesto tres puntos por debajo de la media y se queda en un 6%.

Si esos 39.722 millones de presupuesto ministerial supone un ajuste extraordinario, con el consiguiente impacto negativo en todos los servicios sociales, desde la educación a la sanidad, pasando por la dependencia y los planes de fomento del empleo y, como decían los colaboradores del ministro, es menor que la suma del presupuesto de Madrid y Cataluña, no se explica la exageración de Montoro al presentar los PGE como “los más sociales de la historia de la democracia” porque el 63,6% se destina a gasto social. Como le replicó el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, esa afirmación, además de manifiestamente falsa no se basa en la comparación de los datos reales.

Para el secretario general del PSOE “estamos ante el Presupuesto de un país intervenido de hecho”. Pero además, son unos PGE “increíbles, ineficaces e injustos”. Increíbles porque parten de una recesión del 0,5% del PIB, un punto menos del decrecimiento previsto por todos los organismos internacionales y el propio Banco de España; ineficaces porque no sirven para crear sino para seguir destruyendo empleo. Rubalcaba estimó que producirán 500.000 parados más, con lo que España se acercará a siete millones de parados. E injustos por eso y porque hacen recaer todo el peso de los recortes y la recaudación sobre los trabajadores, sometidos además a una desregulación laboral que los convierte en esclavos con salarios al albur de los patronos, incluidos los empleados públicos, e inciden en la destrucción de los servicios sociales públicos. Rubalcaba reclamó “firmeza e inteligencia” ante la alemana Merkel porque el problema de España es el desempleo y no el pago de la deuda. En ese sentido reclamó que se destinen 40.000 millones del rescate de los bancos a financiar la actividad económica y crear empleo.

"Robar el pan a los hambrientos"

Con mayor contundencia, los portavoces de Izquierda Plural, Cayo Lara, el catalán Joan Coscubiela y el aragonés Jesús Yuste, acusaron al Gobierno de cometer el mayor desaguisado social. Lara acusó al Gobierno de “robar el pan a los hambrientos”. Denunció que se le ha quitado injustamente más del 25% de los salarios a los empleados públicos desde que empezaron los recortes. Eso reduce el consumo y contribuye a la destrucción de empleo, además de  deteriorar los servicios públicos. “Ustedes saben –añadió-- que no van a reducir el paro y que nos llevarán a más a más de 6.000.000 de parados en 2013. Y detrás de cada una de esas cifras frías hay un drama y muchas humillaciones”. Además destacó la reducción de la protección y el aumento de la pobreza y la desintegración social: “1,3 millones de familias con todos sus miembros en paro, 3,5 millones parados sin protección… Es una crueldad el recorte del 6,3% en las prestaciones por desempleo con el incalificable argumento de que se reducen por la pérdida de derecho de los parados de larga duración; es como robarle el pan a los hambrientos con el argumento de que están hambrientos”.

Coscubiela hizo saber a Montoro y al presidente Mariano Rajoy, sentado en el banco azul sin darse por aludido en ningún momento, que “en política como en la vida no todo vale. Que defiendan un Presupuesto mintiendo y faltando al respeto a la ciudadanía es un insulto a la dignidad de los parados, ese millón ochocientas mil personas sin prestación alguna, a los dependientes que se han quedado sin ayuda, a las familias que tienen que acudir a los comedores sociales, a las personas que viven bajo el umbral de la pobreza, a los niños que hoy solo hacen una comida al día y la tienen que hacer en la escuela. ¿No se da cuenta que de esa manera contribuyen a degradar la calidad de la democracia ante los ojos de la gente? ¿Qué habrá pensado toda esa gente si le han visto a usted diciendo que estos son los presupuestos más sociales de la democracia?”.

En la misma crítica de falta de sensibilidad social se manifestaron los portavoces de ERC, Amaiur, Coalición Canaria y Uxue Barkos, de Nafarroa-Bai. Para Rosa Díez, de UPyD, el PGE tiene el único propósito de cuadrar las cuentas para cumplir el objetivo de déficit, “cosa que de antemano es imposible”, y carece de “proyecto político de país”. Pedro Azpiazu, del PNV, consideró “retórica” la oferta de acuerdos realizada por Montoro y calificó de “inverosímiles” sus previsiones.

También Josep Antoni Durán i Lleida, que intervino sentado en su escaño, debido a una lesión física, sostuvo que el PGE “no sirve ni para la reactivación económica y generación de empleo ni para reducir el déficit”. Ante las dudas expresadas por la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y en respuesta a la afirmación de Montoro de que “no es el momento del soberanismo”, Durán reafirmó la “absoluta lealtad de Cataluña” a la hora de contribuir a las arcas del Estado.

Después de siete horas de debate entre el martes y el miércoles, el único compromiso que ofreció el Gobierno fue un pacto para subir las pensiones el 1% el año próximo. Pero no aclaró, pese a la insistencia de Rubalcaba y de otros portavoces si las actualizará este año. Con un presupuesto de 121.557 millones en la Seguridad Social, el Gobierno se abstuvo de desmentir la previsión de que el sistema entre en déficit debido al incremento del paro y el descenso de las cotizaciones.