El PSOE exige a Rajoy que recurra de inmediato al Constitucional la imposición del euro por receta en Madrid y Cataluña

Tras conocerse la semana pasada la noticia de que el Consejo de Estado considera inconstitucional el euro por receta y que así se lo manifestó al Gobierno en un informe que le entregó a Mariano Rajoy en junio, el PSOE ha reclamado que el Gobierno recurra ante el Tribunal Constitucional, cuanto antes, su puesta en marcha en Cataluña y Madrid. Además, los socialistas señalan que el presidente debe explicar de inmediato por qué permitió con el voto del PP que se impusiera el euro por receta en Catalunya y ahora no recurre la medida adoptada por Ignacio González en la comunidad madrileña.

En uno de sus habituales argumentarios internos, Ferraz recuerda la prisa que se dio Rajoy para recurrir al Constitucional la subasta de medicamentos en Andalucía, gobernada por los socialistas. Y lamenta que, en cambio, teniendo el informe del Consejo de Estado desde junio, el presidente “no ha hecho nada”. “No sólo no ha hecho nada sino que ha permitido que su partido lo implante en Madrid”, añade.

En el caso de Cataluña, la indignación socialista es mayor porque Rajoy no sólo no ha recurrido la medida sabiendo que es inconstitucional sino que se puso en marcha gracias al apoyo del PP a CIU. “Si el PP hubiera votado en contra, como el resto de los Grupos de la oposición, CiU no hubiera podido imponer el euro por receta, en Cataluña, pero, con su abstención, permitió que lo hiciera”, destacan.

Por otro lado, en otro argumentario, el PSOE, además de arremeter contra la imposición del PP de “imponer a golpe de mayoría absoluta” el llamado “repago judicial” que recoge la Ley de Tasas Judiciales aprobada el jueves en el Senado, da entender que los socialistas podrían recurrirla al Constitucional. “Esta Ley -señalan- obstaculiza y puede llegar a impedir a los ciudadanos el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad, para defender sus derechos e intereses; es decir, priva a los ciudadanos del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva”.

El PSOE se opuso rotundamente “a este nuevo abuso del Gobierno presentando una enmienda a la totalidad y pidiendo la devolución del proyecto al Gobierno en el Congreso de los Diputados y un veto en el Senado, porque la nueva ley “supone, en la práctica, que sólo teniendo dinero podrá accederse a la Justicia, lo cual deja indefensos y desprotegidos a los colectivos más vulnerables y más en la actual situación de crisis”.

Tras recordar que se han mostrado contrarios al texto gubernamental todos los grupos parlamentarios, excepto el Popular, y todas las profesiones jurídicas (abogados, jueces, fiscales, secretarios judiciales, procuradores, notarios, registradores y graduados sociales, que así lo han manifestado a través de sus respectivas asociaciones), el argumentario recuerda las palabras del presidente del Consejo General de la Abogacía: “Esta Ley va a consagrar una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a la justicia a un gran número de ciudadanos”.

Precisamente, Carlos Carnicer, el presidente de los abogados, se reunió ayer al mediodía con Soraya Rodríguez en el Congreso "para pedir al Grupo Parlamentario Socialista que plantee el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de tasas”, según confesó. Carnicer recalcó que “los 189.000 colegiados de España están todos de acuerdo en que esta ley atenta a preceptos básicos de la Constitución y a derechos fundamentales como la igualdad, la tutela judicial efectiva y a que le sea reconocida a los españoles la justicia gratuita”. Sin embargo, el PSOE no desveló, todavía, si ejecutará el recurso pese a la coincidencia de criterios entre los abogados y su grupo.

El PSOE destaca que el PP ha aprobado esta ley a toda velocidad, sin ninguna voluntad de acuerdo y con el fin de disuadir a los ciudadanos de hacer valer sus derechos ante la Justicia. Y recuerda que la subida de las tasas judiciales impuesta por el Gobierno oscilará entre los 50 y 1.250 euros iniciales, que aplicadas a determinados procesos judiciales puede traducirse en un incremento de miles de euros.

Los socialistas también destacan que esta ley divide a la sociedad española en dos grupos. Los ricos y poderosos a quienes les da igual las cuantías de los pleitos, porque tienen suficiente capital para aguantar su duración y coste, y la inmensa mayoría de los españoles que son los más afectados por esta Ley, excepción hecha de aquellos que por su nivel de ingresos tienen derecho a justicia gratuita.

Como ejemplo, el PSOE señala que a cualquier español que se le ponga una multa de 90 euros, si quiere recurrir tendrá que pagar 100 euros. Y si la multa es de 100 euros, si quiere recurrir, tendrá que abonar 200 euros. Lo que le lleva a concluir que “sólo recurrirán aquellos a quienes les sobre el dinero”.