UPyD se alía con el PP contra el referéndum que exigen los sindicatos

Carlos Martínez Gorriarán, en una imagen de archivo. / Efe

Perplejos se quedaron Cayo Lara y María Olaya Fernández Davila cuando el representante de UPyD Carlos Martínez Gorriarán anunció desde la tribuna del pleno del Congreso el rechazo de su grupo al referéndum sobre la política socioeconómica del Gobierno que reclaman los sindicatos y que el 14 de noviembre movilizó a millones de españoles en todo el país. “Estoy sorprendido; no sabía yo que el PP tenía una sucursal en UPyD”, dijo Lara tras escuchar la enfática y alambicada intervención del profesor de historia en Deusto. Sólo los proponentes, el PSOE y la izquierda en el Grupo Mixto respaldaron el referéndum, aunque sus 123 votos nada pudieron contra los 182 del PP y UPyD. El PNV y CiU se abstuvieron.

La proposición de ley orgánica de la Izquierda Plural, a la que se sumaron los dos diputados del BNG, trasladaba al Parlamento la necesidad de modificar la ley orgánica de 1980 sobre celebración de referendos consultivos para incluir las decisiones económicas y sociales que afectan de lleno a la vida de los ciudadanos. Ese era el objetivo formal y legal. Pero el espíritu de la iniciativa consistía en llevar a la sede parlamentaria la situación de una sociedad que no aguanta más desempleo, recortes y privatizaciones. Frente a la sordina del Gobierno a la segunda gran huelga general y a la impresionante movilización social del 14-N, promovida por los sindicatos CCOO, UGT, USO y las entidades profesionales y ciudadanas de la Cumbre Social, bastaba oír la exposición del dirigente IU para enterarse de que el asunto era más político que jurídico.

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Los argumentos de Lara fueron nítidos: “No es legítimo gobernar con decisiones absolutamente contrarias a lo que se afirmó en el programa; esto es una estafa electoral”, dijo después de hacer un recorrido por los daños de Mariano Rajoy, en el que no confían el 84% de los españoles, según la última encuesta del CIS, y de sus ministros, algunos con peor calificación que los “bonos basura”. Aparte los recortes en sanidad, enseñanza, pensiones, salarios de los empleados públicos, dependencia y otros servicios sociales, Lara deploró especialmente “el regalo” de una reforma laboral a los empresarios que les ha permitido un gran ahorro para despedir a 500.000 trabajadores desde que entró en vigor. Y eso, en un día en que la OCDE pronosticó 6 millones de parados en España en 2013, debía servir para exigir el debate y la rectificación del Gobierno aunque ningún ministro estuviese presente.

Mas hete aquí que el diputado Martínez Gorriarán convirtió la toma en consideración de la iniciativa en un alegato contra la democracia plebiscitaria que, según dijo, dejaría sin sentido al Parlamento. Lara le replicó que se trataba de un “referéndum consultivo”. Al de UPyD tanto le dio. También consideró “una barbaridad” que los programas electorales no se puedan modificar porque, en ese caso, “las fuerzas políticas no podrían negociar ni adaptarse a una realidad cambiante”. Al final no dejó claro si apoyaba y Fernández Dávila tuvo que preguntarle qué iban a votar. “No”, dijo Gorriarán.

Con su intervención, el de UPyD dejó el trabajo hecho al PP, cuyo representante Ignacio Gil Lázaro resumió: “En su momento, las urnas nos juzgarán”. Pero también abrió el camino a las intervenciones jurídicas de Emilio Olabarría y Jordi Xuclá, de PNV y CiU respectivamente, dirigidas a pedir “referendos consultivos” sobre la autodeterminación. Ramón Jáuregui anunció el voto favorable de los socialistas en coherencia con las 20 proposiciones que llevan presentadas y que han sido rechazadas. Ayer, la mayoría absoluta del PP rechazó otra más que pedía medidas de apoyo a los huérfanos de la violencia de género y, entre otras cosas, que las mujeres víctimas no tengan que pagar tasas judiciales en las separaciones de bienes y divorcios de sus cónyuges maltratadores.