El PSOE intenta salvar empleos en la banca y rescatar a los ahorradores estafados

El PSOE ha lanzado un instrumento parlamentario para rescatar de las garras de los especuladores financieros a los pequeños ahorradores que pusieron su dinero en las famosas “participaciones preferentes” y ahora van a ser irremisiblemente estafados. También pretende evitar la nueva oleada de trabajadores bancarios que irán al paro merced a las condiciones del rescate bancario. Frente a las afirmaciones de Mariano Rajoy de que el rescate “sólo implica ventajas”, obtenidas gracias a su presión –“el que he presionado he sido yo”-, los socialistas denuncian las condiciones leoninas, aceptadas por el Ejecutivo y avaladas por el Estado, para recibir los 37.000 millones de euros del Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede), que atacan directamente al eslabón más débil: los trabajadores y los pequeños ahorradores que han sido víctimas de “una comercialización engañosa”. Los socialistas recuerdan que ni unos ni otros han tenido que ver con “la nefasta gestión” de las entidades agujereadas y arruinadas y exigen una intervención de oficio de la Fiscalía del Estado sobre directivos bancarios que perpetraron la estafa.

En la proposición no de ley que presentaron el viernes el portavoz económico Valeriano Gómez y los diputados Concha Gutiérrez y Antonio Hurtado, plantean la negociación de un plan de ajuste de plantillas en las entidades afectadas con la supervisión del Congreso. El grupo financiero Bankia, que recibirá 18.000 millones de euros, ha de prescindir de 6.000 trabajadores y cerrar 1.100 sucursales. Con este ajuste intenta cumplir la exigencia de reducir el 26% el coste de explotación entre 2013 y 2015. NCG Banco (Novagalicia), que será rescatada con 5.500 millones, será vendida o liquidada y deberá  prescindir de 2.500 empleados, el 43% de su plantilla actual. El plan de Catalunya Banc, que recibe 9.000 millones, prevé seguir reduciendo trabajadores y oficinas y centrar su actividad en segmentos minoristas en Cataluña.

Tanto NCG Banco como Catalunya Banc deberán venderse antes de que concluya el período de reestructuración de cinco años. En caso de no hacerlo, el Gobierno deberá presentar un plan de liquidación ordenada. El Banco de Valencia, que recibe otros 4.500 millones de euros, ya tiene comprador al simbólico precio de un euro y sufrirá la consiguiente reestructuración de la plantilla, aunque, como ha pedido el presidente autonómico Alberto Fabra, que ayer perdió al consejero de Hacienda y a un alcalde y diputado del PP condenado a tres años de cárcel por corrupción, es posible que se pueda mantener el nombre de la entidad.

El PSOE propone minimizar el daño a los trabajadores con un plan pactado entre las entidades nacionalizadas y los sindicatos que asegure el mantenimiento del mayor número posible de puestos de trabajo y promueva su recolocación, formación y readaptación profesional creando un fondo económico para ello. La reconversión se realizará a lo largo de los próximos cinco años y contendrá, entre otras medidas, la determinación de las plantillas operativas que garantice la viabilidad de las entidades. En los supuestos de fusión, segregación, asociación, agrupación o adquisición de las entidades, el pacto establecerá las condiciones de los trabajadores trasvasados. Una Comisión de Seguimiento velará por el cumplimiento del plan e informará trimestralmente al Congreso.

Los socialistas tampoco están dispuestos a transigir con el segundo capítulo del daño a los más débiles, los miles de pequeños ahorradores a los que se les quita su dinero. Bankia, NCG Banco y Catalunya Banc pretenden canjear las preferentes por acciones y por deuda subordinada perpetua con unas quitas que van del 30 al 70% del valor recuperable. Para el Banco de Valencia, las condiciones son distintas porque se califica de “entidad no viable”, con una pérdida íntegra para los accionistas y un valor recuperable inferior a las demás entidades afectadas para quienes tengan participaciones preferentes y deuda subordinada.

La propuesta del PSOE consiste en que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) revise individual y pormenorizadamente todos y cada uno de los expedientes de quienes pusieron su dinero en esos instrumentos financieros y determine si reúnen las condiciones para ser considerados inversores. Ya está demostrado que la mayoría de ellos eran pequeños ahorradores que fueron engañados. “Los titulares de participaciones preferentes o deuda subordinada que sean calificados de no idóneos por la CNMV –dice la proposición no de ley socialista-- tendrán derecho a recuperar la liquidez de sus ahorros o a que se conviertan en un depósito a un plazo no superior a tres años; en ambos casos, el canje será por el valor nominal de los títulos”.

La iniciativa del PSOE insta al fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, a emprender las actuaciones correspondientes para aclarar las responsabilidades de los directivos bancarios por “posible fraude” en la comercialización de los títulos mencionados. Si antes del verano, el ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó en el Congreso que a los titulares de las preferentes se les devolvería su dinero, las condiciones del rescate bancario aceptadas por el Ejecutivo y conocidas ahora –tras las elecciones vascas y gallegas, seguidas de las catalanas- extienden sobre ellos la carga financiera y desmienten al ministro y, como en el caso de la no revalorización de las pensiones, al jefe del Gobierno.