Rubalcaba propone un pacto ante la "herida de la corrupción" con cuentas en Suiza

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, lanzó hace más de un año el lema “un político, un sueldo” porque los había y sigue habiendo con dos, tres y más pagas del erario público. Estaban en campaña electoral y el PP no entró al trapo. Pero unos meses después de alcanzar el Gobierno, Mariano Rajoy incompatibilizó las pagas por dos años de expresidente, exvicepresidente y de los exministros a los exdirectores generales con las de diputado o senador, otras remuneraciones de empresas y entidades públicas y con las pensiones de jubilación. Y en el mismo saco incluyó a los altos representantes institucionales con derecho a indemnización tras su cese. Si no tocó los dobles y triples estipendios del partido, el Gobierno y el Parlamento fue por no perjudicarse a sí mismo y a los suyos y porque nadie es hipócrita en sus placeres y estímulos.

Tras aquel logro, Rubalcaba propone ahora inaugurar con los partidos que estén dispuestos a ello “una reflexión conjunta contra la corrupción”. En su Facebook ha reproducido la alocución que pronunció al respecto en el Comité Federal del sábado. Dice que “la corrupción ha abierto una grave herida en nuestra democracia”, y tiene razón. La contabilidad judicial registró en 2012 la identidad de 300 representantes políticos con causas de improbidad en los tribunales, lo que significa que uno de cada veinte individuos con poder ejecutivo en las áreas de la administración pública ha sido cazado en presunto delito. La general creencia de que el poder corrompe y se usa en beneficio propio y de los allegados, amigos y correligionarios, queda avalada por la realidad.

Sostiene Rubalcaba que “la crisis económica ha derivado en una auténtica crisis del sistema político, y que los últimos casos de corrupción han creado una situación muy grave”. Y también en este punto lleva razón, aunque no concrete a qué “últimos casos” se refiere ni señale si la trama Gürtel es ya el penúltimo, y si el único juicio condenatorio, el de la expulsión del juez que la investigó, Baltasar Garzón, no creó una “situación muy grave”. Argumenta, en todo caso, que hay que “abandonar el “y tú más” y poner un punto final a estos episodios” cuanto antes, o, según sus palabras, “con la urgencia que nos reclaman los ciudadanos”.

Según algunos miembros del máximo órgano del PSOE entre congresos, no se oculta la preocupación en el partido por la vara de medir desigual entre los partidos ante los casos de presunta corrupción. El PP no obliga a dimitir a los imputados en corrupción. En este momento mantiene a diez diputados autonómicos valencianos que figuran como clientes de los tribunales. También mantiene al alcalde de Santiago de Compostela tras su imputación judicial en el mismo caso Pokemon por el que la dirección socialista obligó a dimitir al alcalde de su partido en Ourense.

La gravedad de los últimos casos a los que se refería Rubalcaba afecta especialmente a la coalición CiU que gobierna en Cataluña. La financiación ilegal de Unió con dinero desviado del desempleo ha dejado por los suelos la credibilidad de su presidente y portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Durán i Lleida, quien, hace diez años, cuando se destapó el caso Pallerols, prometió dimitir y a la hora de la verdad, no dimite. Y la investigación de fondos en Suiza y otras cuentas en paraísos fiscales de la familia Pujol Ferrusola, deja en entredicho la honorabilidad del expresident y amenaza directamente a su hijo y secretario general de Convergencia, Oriol Pujol.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, afirmó el lunes en Antena 3 que “sin ningún género de dudas” hay indicios de delito en la extracción y bombeo de dinero al exterior, con tres causas judiciales abiertas –incluida la denuncia del exfinanciero Javier de la Rosa- y con materia suficiente para que la Audiencia Nacional asuma la investigación. En ese sentido, Oriol Pujol se desplazó a Madrid la noche del jueves pasado para, según fuentes conocedoras del viaje, abordar con dos letrados la estrategia de la defensa de la familia y la subsanación de posibles errores.

Pero el deterioro de la credibilidad política podrá será todavía mayor cuando, según fuentes socialistas, se conozca la identidad de los titulares de cuentas en Suiza que, según dijo en diciembre pasado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, “podrá hacerse pública a primeros del año que viene”. Los socialistas no descartan sorpresas y abogan por la “máxima transparencia y la persecución de los delitos con todas las consecuencias”, según palabras del propio Rubalcaba.

Mientras tanto, el diputado de IU Ricardo Sixto registró ayer varias preguntas al Gobierno sobre si en el listado de 650 impositores españoles en el banco HSBC en Ginebra, proporcionado por el informático Hervé Falciani, obran datos de la infanta Cristina de Borbón, su marido Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres. Sixto también pregunta si Urdangarín había declarado a Hacienda la cuenta bancaria 0251 206980 8 de Crédit Suisse. Estas cuestiones se suman a la petición de explicaciones sobre la participación de la amiga del Rey, Corinna Sayn-Wittgenstein, y de Jaime de Marichalar en el Valencia Summit de 2004, el primer evento que realizó la entidad Nóos con fondos públicos y que está siendo investigado judicialmente por el presunto desvío de parte del dinero a cuentas de Urdangarin y Torres.