Gallardón se escuda en la UE para castigar a los que acojan inmigrantes sin papeles

El ministro de Justicia, un personaje que desde que provocó el fiasco de las tasas judiciales viene ejerciendo una política dura y miserable contra los que menos tienen, ha encontrado un argumento de autoridad para justificar la persecución de quienes acojan y ayuden a inmigrantes indocumentados: la Decisión Marco 2002/946/JAI, “destinada a reforzar la represión de la ayuda a la entrada, circulación y estancia irregulares”. Y la Directiva 2002/90/CE, “destinada a definir la ayuda a la entrada, la circulación y la estancia irregulares”.

En una respuesta por escrito al diputado aragonés de Izquierda Plural, Chesús Yuste Cabello, dice Alberto Ruiz-Gallardón que no tiene más remedio que incluir las directivas en el nuevo Código Penal, pero le asegura que “de ningún modo la prestación de ayuda solidaria a extranjeros en situación irregular debe ser castigada como delito”. Y promete reducir la pena de prisión a quienes favorezcan a inmigrantes sin papeles porque, en su opinión, la prevista en el artículo 318 bis del actual Código Penal es una auténtica barbaridad.

Ese artículo emana de la política del PP contra la inmigración y el famoso “efecto llamada”, permite “condenas desproporcionadas” de 4 a 8 años de cárcel por ayudar a inmigrantes y, según la respuesta del ministro, “ha sido aplicado a personas que se ofrecían a firmar matrimonios simulados o que realizaban ofertas falsas de trabajo para facilitar la obtención irregular de permisos de residencia o la entrada en España”.

Es posible que ahora que los vientos soplan en sentido contrario y cientos de miles de españoles se ven obligados a buscarse la vida allende las fronteras, el ministro Gallardón haya sentido un ataque de humanitarismo, hasta el punto de rebajar la pena máxima a dos años de prisión a quienes, por ejemplo, den de comer en un restaurante, mesón o taberna a inmigrantes sin papeles, les alquilen una habitación o reciban de ellos cualquier contraprestación. Las redes mafiosas de tráfico de inmigrantes y trata de blancas serán punibles en grado máximo, asegura el ministro.

También puede ocurrir que el titular de Justicia se haya sentido impresionado por la campaña “salvemos la hospitalidad” que lanzaron en abril pasado numerosos colectivos solidarios que además mantienen una lucha sin cuartel por el derecho a la sanidad de los inmigrantes. Según explica el activista humanitario Roberto Borda a cuartopoder.es, llevan recogidas más de 100.000 firmas pidiendo al ministro, a sus codificadores y a los legisladores que no penalicen la hospitalidad con quienes más lo necesitan.

Ataque a los emigrantes con pensión

Sin embargo, sobre la conciencia social del titular de Justicia habla por sí sola la reforma de los artículos 305 a 307 bis del Código Penal que promovió con el titular de Hacienda, Cristobal Montoro, para perseguir el fraude fiscal, al desempleo y a la Seguridad Social. En ella, como denunció el miércoles pasado la diputada socialista por Guadalajara, Magdalena Valerio, en una proposición no de ley que fue derrotada por el PP, se califica de delincuentes con el mismo grado de punibilidad a los trabajadores en paro que cobren indebidamente y a los pensionistas que puedan hacer trampa a la Seguridad Social que a los grandes defraudadores.

Es más, según el articulado, los trabajadores y pensionistas que hayan incurrido en fraude serán castigados con la devolución del tanto al séxtuplo y perderán, por al menos tres años, las prestaciones o pagas a las que tengan derecho. En contraste, los grandes defraudadores han visto rebajada la pena y no serán punibles penalmente si pagan a tiempo el importe del fraude y la multa correspondiente. “Estamos ante el máximo exponente del derecho penal de los millonarios”, denunció la diputada Valerio.

Un “derecho penal” que podrá ser aplicado ahora, si llega el caso, a los jubilados que perciben una pensión en España y otra de terceros países por los años trabajados en la emigración. Hacienda les está enviando cartas con multas por no aplicar el descuento del IRPF a las pensiones que reciben del exterior. En Galicia, unos 6.000 antiguos emigrantes han recibido esas misivas pidiéndoles cuentas de los últimos cinco años. La reforma penal de diciembre pasado permite actuar judicialmente contra ellos, tratarlos como si fueran delincuentes y privarles de la pensión española. Tal es, en fin, la conciencia social y la concepción delincuencial de Gallardón y su colega Montoro, aunque no la exija la UE.