Cuarenta años de impunidad de los autores del sangriento golpe que derrocó a Allende

Cuarenta años después del golpe militar en Chile que derrocó al presidente socialista Salvador Allende y tiñó el país de sangre, con 3.216 personas asesinadas y desaparecidas y 38.254 encarceladas y torturadas por motivos políticos, los autores de la conspiración política y militar y los responsables de la Administración de EEUU y de la CIA que intervinieron en los preparativos, siguen impunes. Esta es la principal denuncia y exigencia judicial de los familiares de los desaparecidos, encabezados por Lorena Pizarro Sierra y de la agrupación de familiares de ejecutados políticos que dirige Alicia Lira Matus. Por su parte Amnistía Internacional, avalada por 25.000 firmas, pide a las autoridades chilenas que deroguen la ley de amnistía y modifiquen el código penal militar que todavía beneficia a los golpistas, según denuncia su dirigente Guadalupe Marengo.

“No es de recibo que 40 años después del golpe militar –dice Marengo-- siga habiendo dificultades para la búsqueda de justicia, verdad y reparación en Chile. La Ley de Amnistía sigue protegiendo a los violadores con inmunidad procesal, continúa habiendo largos retrasos en las actuaciones judiciales y las condenas no reflejan la gravedad de los crímenes cometidos”. La Ley de Amnistía de 1978, eximió de responsabilidad penal a todas las personas que cometieron violaciones de derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Y aunque algunas sentencias judiciales han eludido la aplicación de esa amnistía, el hecho de que no haya sido derogada “es una afrenta para las víctimas del régimen de Pinochet”, explica la directora de Amnistía Internacional en Chile, Ana Piquer, quien pide a las autoridades del país, inmerso en plena campaña electoral, que garanticen que todas las violaciones de derechos humanos se ven en los “tribunales ordinarios”.

Hasta la fecha hay 262 individuos condenados por violaciones de derechos humanos, de los que sólo 70 cumplen prisión, y se mantienen abiertos más de 1.100 procedimientos judiciales. Sin embargo, relevantes personajes que participaron en la urdimbre desestabilizadora y golpista no se han visto afectados por la acción de la justicia. La información desclasificada de la CIA y el informe del Senado de EEUU conocido como Informe Chuch, completado por el  Informe Hinchey, son inequívocos sobre el carácter criminal del golpe y la participación estadounidense.

Entre las materias en las que debe entrar la justicia, según la querella criminal presentada hace más de un año por las asociaciones de familiares de desaparecidos y de políticos ejecutados, figuran las acciones subversivas encubiertas entre los servicios de inteligencia norteamericanos y políticos chilenos y propietarios de medios de comunicación. También la aportación económica de grandes empresas, el apoyo con dinero a determinados partidos políticos chilenos, la desestabilización económica y política contra el gobierno del presidente Allende.

El fin de la urdimbre era clarísimo: impedir que en Chile se produjera todo proceso de cambio social, económico y político que pudiera afectar los intereses norteamericanos. Para ello se puso en movimiento a organizaciones terroristas como Patria y Libertad, dirigida por el abogado Pablo Rodríguez Grez o el Comando Rolando Matus; se entregó cuantiosos recursos a gremios como el de los camioneros o a líderes del comercio, se provocó el acaparamiento y la escasez de productos, el estallido de bombas y la ejecución de atentados, las huelgas patronales y del transporte y se captó a dirigentes políticos de derecha y de centro. La CIA sabía que los planes de todos los grupos de conspiradores se iniciaban con el secuestro del constitucionalista Jefe del Estado Mayor del Ejército, General Rene Schneider, quien fue asesinado, como lo sería después el padre de la expresidenta y candidata a la presidencia, Michelle Bachelet.

Aparte las atrocidades de los golpistas, lo que los familiares de los muertos, desaparecidos y encarcelados piden es que se detenga y juzgue a los que participaron en la conspiración que condujo al golpe sanguinario. En la querella presentada hace un año solicitan la investigación y la acción judicial de los responsables de aquella urdimbre, algunos de los cuales todavía viven e influyen en la política chilena.