La ley de transparencia impide conocer el 'expediente secreto' del registrador Rajoy

La ley de transparencia aprobada por el Congreso ayer jueves, día 12, con los votos del PP, CiU y PNV y remitida al Senado no permitirá conocer si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibe o ha recibido beneficios de su plaza de registrador del Estado en Santa Pola (Alicante), donde tiene un sustituto por hallarse en la situación administrativa de “servicios especiales”. Coincidiendo con la tramitación del texto, el diputado de Izquierda Plural Gaspar Llamazares ha planteado la cuestión sobre la maraña jurídica organizada en su día para ocultar el expediente de Rajoy como registrador de la propiedad y actual presidente del Gobierno.

Para entender la ineficacia de la nueva ley, considerada un “acto fallido” por el portavoz socialista José Enrique Serrano y calificada de “sainete” por el de Izquierda Plural, Josep Joan Nuet, vale decir que la transparencia choca en primer lugar con la protección de los datos personales, que el texto mantiene el silencio negativo con el que los poderes públicos contestan en la actualidad a más del 50% de las solicitudes de información e, incluso, crea un nuevo filtro sobre la información de la jefatura del Estado, es decir, del Rey, su familia y la Casa Real, al disponer que todas las cuestiones sean canalizadas a través de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.

La actividad profesional de Rajoy como registrador de la propiedad carecería de interés si no hubiera sido por la maraña tejida para protegerle. El Gobierno de José María Aznar dio instrucciones en 2001 a la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia de “esconder” en un “archivo de seguridad”, inexistente hasta entonces, el expediente de Rajoy como registrador de la propiedad. ¿Por qué se hizo eso? Se desconoce la razón. Su plaza en Santa Pola está cubierta por su sustituto y amigo Francisco Riquelme, también titular del registro de Elche.

Según el relato de Llamazares, la orden escrita y de carácter interno fue ejecutada por la directora general de Registros y del Notariado en aquel momento, Ana López-Monís Gallego. Las fuentes gubernamentales consultadas apuntan la posibilidad de que protección especial obedeciera al nombramiento de Rajoy como ministro del Interior y situado por tanto en la diana de ETA. En aquella fecha (2001), el actual presidente del Gobierno cumplía 11 años como registrador en situación de “servicios especiales” o excedencia como diputado.

El expediente secreto de Rajoy sobre su doble situación como registrador y cargo público desde 1981 y sobre el que el PP –recuerda Llamazares-- nunca ha accedido a dar explicaciones, contendría lo que todos los historiales de esa naturaleza: los registros a cuya titularidad había ido accediendo desde su entrada en este cuerpo de funcionarios, en 1978, y las solicitudes de compatibilidad de cargo público que sucesivamente elevó para mantener la titularidad de cada registro en cuestión. El expediente se guardó con llave en un archivador localizado en el despacho de la directora general, López-Monis.

Tras la victoria del PSOE en las elecciones de 2004, la nueva directora general, Pilar Blanco, cursó otra orden escrita que anulaba la anterior y devolvió el expediente de Rajoy al servicio de registradores donde se archivan los historiales de los casi 800 registradores que hay en España. A partir de ahí no se conocen más datos. Y si al amparo de la nueva ley de transparencia, algún ciudadano solicita esos datos, podrá recibir dos respuestas: la negación del acceso, en base a la ley de protección de datos personales o el silencio administrativo negativo.

No obstante, el Gobierno deberá contestar en tres meses, aunque sea con infotácticas evasivas, a las preguntas del diputado Llamazares: “¿Por qué ordenó el Gobierno del PP en 2001 ocultar el historial legal de Mariano Rajoy como registrador? ¿Por qué no ha solicitado nunca el presidente la excedencia como registrador a pesar de que en el periodo de 32 años que va de 1981 a 2013 sólo ha ejercicio dos años como tal (de 1987 a 1989)? ¿Por qué nunca ha consignado en la declaración de rentas y bienes que presenta en el Congreso el cargo de registrador como puesto público a cuyo ejercicio ha renunciado por su condición de diputado?”

Según una persona de su confianza, el presidente del Gobierno es consciente de que el mantenimiento de su plaza de registrador de la propiedad suscita desde hace años el interés de algunos medios de comunicación, pero asegura que no hay nada extraño ni anómalo en la materia. La ley de la función pública de 1984 no interrumpe los trienios remunerados ni los derechos pasivos de los funcionarios en situación de servicios especiales, como es su caso.